Los cambios del nuevo acuerdo

Desde ayer los voceros del No estudian los textos de lo renegociado. Según el presidente Santos, hubo reformas en 56 de los 57 temas abordados. El Espectador presenta cuáles fueron los cambios claves.

Las delegaciones se reunieron ayer para redactar la totalidad del nuevo acuerdo de paz. / EFE
Las delegaciones se reunieron ayer para redactar la totalidad del nuevo acuerdo de paz. / EFE

Son casi 60 modificaciones incluidas en el nuevo texto de paz, acordado por el Gobierno y las Farc, en La Habana. El consenso, que no estuvo exento de momentos tensos, logró abordar la mayoría de las propuestas presentadas por los voceros del No. Sin embargo, la participación en política sigue siendo un punto álgido que no unificó las voces en Cuba. La elegibilidad política de los responsables de los crímenes más graves se convirtió en un inamovible para los delegados del No y, sin embargo, sí podrán ser elegibles. “La razón de ser de todos los procesos de paz en el mundo es, precisamente, que los guerrilleros dejen las armas y puedan hacer política”, dijo el presidente Juan Manuel Santos en su alocución del sábado. Fueron acogidos, no obstante, 56 de los 57 temas abordados. El Espectador explica cuáles fueron los temas claves.

Desarrollo Rural

Se hace precisión en relación con los tiempos de la implementación de la reforma rural integral y se establece una hoja de ruta a largo plazo (15 años), con avances progresivos, atendiendo el principio de sostenibilidad fiscal.

En lo relacionado con la alimentación del Fondo de Tierras, se precisa que las figuras de expropiación administrativa por motivos de interés social y utilidad pública, y de la extinción del derecho de dominio por inexplotación, se aplicarán de conformidad con la Constitución y la legislación vigente.

» Frente a los problemas con la propiedad y posesión de buena fe, se plantea conformar un grupo de expertos para que haga recomendaciones de ajustes normativos y de política al Gobierno. Esas recomendaciones deberán ser socializadas con los grupos interesados para buscar el más amplio consenso sobre las reformas a implementar.

» Nada de lo pactado afecta el derecho a la propiedad privada. Por el contrario, lo que se busca es fortalecer los derechos de propiedad y así evitar nuevos conflictos sobre la tierra.

» Las víctimas tienen prioridad y tendrán acceso prioritario a la adjudicación de tierras y los programas de vivienda rural. Para garantizar la transparencia en la selección de los beneficiarios, se creará un registro único.

» El desarrollo integral del campo colombiano depende de un adecuado balance entre diferentes formas de producción existentes. En este sentido, se reconoce que el fomento de la agricultura familiar y de la economía campesina debe ir de la mano de la inversión empresarial.

» Sobre las zonas de reserva campesina, no se hace ninguna modificación a la legislación actual.

» No se cambian los criterios y procedimientos para realizar el avalúo catastral. Eso sí, el objetivo es implementar un sistema catastral moderno que permita actualizar la información que tiene el país sobre sus predios rurales.

» Se hace énfasis en la participación ciudadana para que los planes y programas acordados sean efectivos. Ello, sin embargo, no busca limitar las competencias de las autoridades locales ni los órganos colegiados, sino que las comunidades se involucren en la priorización, ejecución y seguimiento de los proyectos.

Justicia

» La Jurisdicción Especial de Paz funcionará hasta por 10 años y sólo podrán recibir solicitudes de investigación durante los dos primeros años. Las ONG sólo podrán presentar información que será valorada y contrastada por los jueces y magistrados del tribunal.

» No habrá jueces extranjeros. Todos serán colombianos y tendrán las mismas calidades de los magistrados de las altas cortes.

» Las tutelas contra decisiones de la JEP podrán ser revisadas.

» Sobre la restricción efectiva de la libertad a los guerrilleros, el tribunal será el encargado de definir los espacios en donde deben estar los sancionados durante la ejecución de la pena (que nunca serán más grandes que una zona veredal transitoria de normalización), los horarios en los que deben cumplir las sanciones y los sitios de residencia durante la ejecución de la sanción. El tiempo que pasen en las zonas transitorias se les tendrá en cuenta como parte de la sanción.

» Las Farc aceptan que la reparación material a las víctimas se haga con sus propios bienes conforme a los criterios de la Corte Constitucional.

» Habrá respeto al debido proceso y del principio de imparcialidad, de la publicidad y garantía del principio de contradicción en la valoración de la prueba, y de la doble instancia. Para los miembros de la Fuerza Pública, la aplicación de esa justicia transicional debe partir del supuesto de que el Estado tiene como fin garantizar los derechos de los ciudadanos y la obligación de contribuir al fortalecimiento de las instituciones.

» La conexidad del narcotráfico con el delito político atenderá los criterios de la jurisprudencia interna colombiana.

» Los empresarios involucrados en el conflicto y que no sean responsables de crímenes graves tendrán la posibilidad de la terminación de sus procesos.

Fin del conflicto

Se redujo la financiación al movimiento político que surja de la desmovilización de las Farc: hasta 2026 recibirá el promedio que reciben los demás partidos (7,14 %). Para su centro de pensamiento y la divulgación de su plataforma ideológica, será una suma equivalente al 7 % del Fondo de Partidos, hasta 2022.

» Se especifica el tránsito a la legalidad de las milicias de las Farc, al tiempo que se define un procedimiento expedito para los demás integrantes no armados.

» Se precisa la competencia de la Unidad Especial de Investigación para el desmantelamiento de organizaciones criminales. En ningún caso se crearán nuevos tipos penales y ésta funcionará en coordinación con las demás unidades de la Fiscalía General.

Drogas ilícitas

» El Estado no renuncia a la erradicación forzosa, incluyendo la aspersión. Los planes de sustitución deben beneficiar a toda la comunidad que habita en los territorios afectados por cultivos de uso ilícito y no sólo a los cultivadores, y se dará tratamiento penal diferencial transitorio a los pequeños cultivadores.

» Para acceder al título de propiedad, quien esté directamente involucrado con esta actividad debe garantizar que su predio esté libre de cultivos de uso ilícito.

» Las Farc se comprometen a contribuir de manera efectiva con la solución al problema de las drogas ilícitas, no sólo poniendo fin a su relación con dicho fenómeno, sino también entregando información exhaustiva y detallada con el fin de que el Estado pueda atribuir responsabilidades y encontrar maneras de garantizar los derechos de las víctimas a la reparación y no repetición.

Participación en política

» Se limita la participación de los partidos con representación en el Congreso, incluyendo el partido que surja de las Farc, en las circunscripciones transitorias especiales de paz. En ellas se promoverá la participación de las organizaciones sociales, especialmente las de víctimas.

» La movilización y la protesta deben ser tratadas con pleno respeto a los derechos humanos, sin perjuicio del ejercicio de la autoridad legítima del Estado y garantizando los derechos de los demás ciudadanos.

» Para evitar la proliferación de partidos, para el reconocimiento de la personería jurídica, se exigirá un determinado número de afiliados. Y para que los partidos o movimientos políticos puedan adquirir los derechos a financiación, acceso a medios e inscripción de candidatos, deberán obtener el número de votos exigidos actualmente para elecciones de Senado y Cámara de Representantes

Enfoque de género

» El acuerdo de paz está referido estrictamente a poner fin al conflicto y no aborda temas como la definición de familia, matrimonio o adopción por parejas del mismo sexo o el derecho de los padres a escoger la enseñanza de sus hijos.

» Se reconoce el principio de igualdad y no discriminación, que implica que toda persona, sin distinción de género, orientación sexual, etnia, edad, creencias religiosas y condición física, tiene derecho a disfrutar de todos los derechos incluidos en la Constitución.

» Se reconoce que el conflicto ha impactado de manera diferenciada a la mujer y que, en consecuencia, se requieren acciones distintas y específicas para restablecer sus derechos.

» La implementación de lo acordado debe respetar la libertad religiosa. Se reconoce que en el contexto del conflicto muchas personas fueron victimizadas por sus creencias, por lo que se les deben garantizar sus derechos.

Implementación

El nuevo acuerdo no entra a ser parte del bloque de constitucionalidad. El Congreso, a través de un acto legislativo, será el encargado de incluir en la Carta Política un artículo transitorio para indicar que aquellos contenidos que correspondan a derechos fundamentales o normas del Derecho Internacional Humanitario (DIH) serán obligatoriamente parámetros de interpretación y referente de desarrollo y validez de las normas y leyes de implementación de lo pactado.

» Siendo el Gobierno responsable de la implementación, se debe respetar la normatividad vigente en materia presupuestal, garantizando la obligación constitucional de preservar la sostenibilidad de las finanzas públicas.

» La implementación estará sujeta a un cronograma en el que se aplicará el principio de priorización y realismo.

» Todo lo nuevo que traiga el acuerdo debe orientarse bajo los principios de eficacia y eficiencia administrativa, transparencia y responsabilidad ante los recursos, buscando contribuir siempre a fortalecer la institucionalidad existente y la democracia.

» Se insiste en el respeto a la autonomía y respeto a las competencias de las autoridades territoriales, el carácter unitario del Estado social de derecho, el pluralismo político, las libertades individuales, la división de poderes, las competencias de las ramas del poder público, la integridad territorial, la primacía de los derechos inalienables de la persona, la libertad económica y el derecho a la propiedad privada de todos los ciudadanos.

» La comisión de seguimiento de los acuerdos hará énfasis en la verificación y el impulso para que se cumpla lo pactado y no limita las competencias del Gobierno y de otros órganos del Estado. Los países garantes podrán contribuir a facilitar la solución de las diferencias cuando así se requiera.

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