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Cuatro funcionarios del Gobierno, entre ellos el presidente Iván Duque, han manifestado su descontento con el informe anual de derechos humanos que entregó la Oficina de la Alta Comisionada para esos asuntos de Naciones Unidas. En síntesis, el primer mandatario, la Cancillería, el Ministerio de Defensa y la Consejería para la Estabilización coinciden en que el documento omite temas de agenda para el Ejecutivo, de los cuales, aseguran, se ha avanzado, y se contradice con otros despachos de la organización, como el Consejo de Seguridad y la Misión de Verificación.
Quizá el comentario más fuerte, más allá de la calificación de “chambonada” que hizo Emilio Archila, consejero para la Estabilización, fue el del presidente de la República, quien señaló uno de los puntos del informe como una “intromisión a la soberanía” de Colombia. Se trata de la recomendación de designarle al Ministerio del Interior la supervisión de la Policía para “fortalecer la capacidad institucional”, según se lee en el citado documento.
Más contexto: “Es una intromisión a la soberanía”: Duque sobre informe de Naciones Unidas.
Entre las omisiones que destacaron los funcionarios y que, a su juicio, consideran importante incluirlas en el marco del trabajo de Colombia por los derechos humanos están: la situación de los migrantes venezolanos que llegan al país; la crisis humanitaria que viven comunidades en el Bajo Cauca antioqueño, Catatumbo, Cauca y Nariño por la presencia de actores armados ilegales; además de cifras y avances en torno a la implementación del Acuerdo de Paz. Sobre este último tema, advirtieron, la competencia recaeen la Misión de Verificación, que le rinde informe trimestral al Consejo de Seguridad.
“Aunque el informe reconoce que el 98% de los asesinatos de defensores de derechos humanos ocurren en zonas con presencia de economías ilícitas y del Eln, y solicita incrementar la cooperación internacional para fortalecer los mecanismos de protección adoptados por Colombia, evita expresar censuras contra el Eln y los Grupos Armados Organizados Residuales, y contra sus crueles atentados terroristas contra la población civil, que otras instancias internacionales sí condenan directamente”, fue una de las precisiones de la Cancillería que, entre otras cosas, anunció que haría los comentarios pertinentes ante la misma comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, en Ginebra, Suiza.
Más allá de los comentarios de disentimiento al informe, de fondo lo que hay es un choque permanente entre el Gobierno y el representante de la oficina en Colombia, Alberto Brunori, quien ha asumido una postura crítica frente al Ejecutivo.
Mientras para el Gobierno las consideraciones reflejadas en el informe rayan en opiniones políticas, para Brunori son realidades que observa con su equipo de trabajo a lo largo y ancho del país: “No somos ni fuente de oposición ni mucho menos. Estamos acá para ayudar. A veces tenemos que decir las cosas difíciles, pero es nuestra función”, dijo el representante de Bachellet a Blu Radio.
En abril de 2018, Brunori aterrizó en el país después de una temporada de seis años en Guatemala, donde incomodó a los gobiernos de turno por sus denuncias y defensa a los derechos de las comunidades. Aunque Colombia pasó la página de una guerra interna de más de 50 años, la tarea de él estuvo enfocada desde un principio a acompañar la implementación del Acuerdo de Paz con las Farc, desde la perspectiva de los derechos humanos.
Tal vez, el primer traspié entre Gobierno y Brunori fueron las objeciones presidenciales a la Ley Estatutaria de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP). "La construcción de una paz estable y duradera depende de la urgente sanción y promulgación, sin dilaciones, del proyecto de la Ley Estatutaria de la JEP", dijo en su momento el representante de Naciones Unidas, durante la entrega del informe anual de derechos humanos de 2018.
Lea: Gobierno y ONU enfrentados por ley estatutaria de la JEP.
Frente a esto, el entonces canciller, Carlos Holmes Trujillo, y el embajador ante Naciones Unidas, Guillermo Fernández de Soto, consideraron esta declaración como una “falta de respeto” y un intento por “inmiscuirse en asuntos políticos de Colombia”. Así mismo, destacaron que contrariaba con lo manifestado por el secretario general, António Guterres.
El segundo round ocurrió cuando ni siquiera el presidente Duque había cumplido un año en el gobierno y El Espectador reveló un borrador en el que se exploraba la posibilidad de modificar el acuerdo con el que la Oficina del Alto Comisionado para los DD.HH. llegó al país hace más de 25 años. Eran 20 reformas que planteaba el Gobierno, en las que se hablaba incluso de eliminar el concepto de “conflicto armado interno” en los informes por la “compleja situación de Colombia”.
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A su vez, el Ejecutivo pretendía que, más allá de ser un órgano de observación de la situación de derechos humanos en el país, la oficina de Brunori debía de resaltar los logros y buenas prácticas. Pues, según su punto de vista, desde ese despacho hay un prejuzgamiento con implicaciones negativas.
Por último, se tenía también la intención de incidir en el nombramiento del representante de la Oficina de la Alta Comisionado, dejando por escrito la obligatoriedad de conocer el aspirante para brindarle su beneplácito en el puesto. Como era de esperarse, el Ministerio de Relaciones Exteriores desestimó la existencia de dicho borrador y aseguró que la relación con las dependencias de Naciones Unidas es bajo el marco de la cooperación y el respeto.
Luego de siete meses de negociación, el acuerdo se prorrogó por tres años más con unas mínimas alteraciones que no impiden el trabajo que ha venido adelantando la oficina. Prueba de ello es el reciente informe que ha generado tanto malestar en la Casa de Nariño. Es más, sus comentarios frente al documento develan, muy en el fondo, la intención del Ejecutivo de contar con una oficina, además que observadora y crítica, más halagadora.