“Los corruptos deben saber que les respiramos en la nuca”: Beatriz Elena Londoño

Beatriz Elena Londoño fue superintendente delegada de la Superintendencia Financiera. / Archivo particular

Hace cerca de tres semanas, Beatriz Elena Londoño asumió como nueva secretaria de Transparencia de la Presidencia de la República. Lo hizo pocos días antes de que estallara el paro nacional, una de cuyas motivaciones es, precisamente, el reclamo de una efectiva lucha contra la corrupción en el país. En diálogo con El Espectador, la funcionaria habla de lo que se está haciendo, de los sectores en los que está puesta la lupa del Gobierno y hace un llamado a unir esfuerzos contra ese flagelo.

Usted acaba de llegar a la Secretaría, ¿qué encontró?

Primero, un respaldo total de la señora vicepresidenta, Marta Lucía Ramírez, quien quiere que dirija un equipo técnico, de personas conocedoras, que vienen desarrollando una tarea que hay que visibilizar y focalizar de cara a un solo principio: cero tolerancia con la corrupción. Lo que buscamos es que la Secretaría sea la gerente de esa lucha a nivel nacional. Nuestro objetivo es lograr una articulación entre todas las entidades del Estado y dar resultados, para que los corruptos finalmente sepan que hay alguien respirándoles en la nuca y para que la ciudadanía recupere la confianza en el Estado. Ese cambio lo tenemos que dar desde lo cotidiano, con los niños y cambiando situaciones que de pronto hoy en día no nos parecen extrañas, como pasarse un semáforo en rojo porque estamos de afán o no pagar el transporte público, por ejemplo. 

¿Tiene su despacho herramientas para esa labor?

Tenemos un sistema de análisis que recoge toda la información de redes sobre casos de corrupción, sobre lo que puede estar pasando en las regiones. Así, a partir de unas banderas rojas y cruzando datos con el Secop (Sistema Electrónico de Contratación Pública), es posible identificar en qué tipo de contratos hay riesgos. También tenemos el proyecto de ley de Pedro Pascasio, que apunta a reforzar la lucha antisoborno, la protección al denunciante y el levantamiento del velo corporativo de las empresas investigadas por corrupción. Y recientemente se lanzó la Red Interinstitucional de Transparencia y Anticorrupción (RITA), que hará que cada entidad del Estado designe a un oficial de transparencia, quien estará enlazado con nosotros para intercambiar información sobre denuncias y será el encargado de estar en el interior de cada entidad haciendo verificación y revisión, interactuando con nosotros en ese seguimiento de la evolución efectiva de las investigaciones, dado el caso, hasta lograr la condena. 

Se ha hablado de un Conpes para reforzar la lucha contra la corrupción…

El objetivo, como le dije, es consolidar una política pública de transparencia. Y para eso estamos trabajando en un Conpes, que vamos a lanzar en 2020, fundamentado en el trabajo con las regiones, de tal manera que se tenga en cuenta qué opina la ciudadanía, cuáles son los temas neurálgicos que para la gente son el foco de corrupción y, a partir de todo ese diálogo, que se viene enriqueciendo además con las mesas de conversación, generar ese documento como política pública para el resto del cuatrienio. Serán recursos y decisiones que obligarán a todas las entidades a actuar en esa línea. Que cada una no se quede haciendo ese trabajo aisladamente, sin que la ciudadanía lo conozca. La gente siente ese desconsuelo como que nadie está haciendo nada, cuando en realidad es lo contrario. Lo que nos toca es reforzar y consolidar toda esa información. 

En la reciente encuesta de Invamer, para casi un 90 % de la gente, el problema de la corrupción está empeorando en el país. ¿Cómo cambiar esa percepción?

Eso tiene que ser un esfuerzo entre todos, incluso con los medios de comunicación. Quiero trabajar de la mano de todos, sin ningún tinte. Aquí el único fin debe ser cero tolerancia con la corrupción, sin intereses de ningún tipo. Realmente somos muchos los que queremos actuar y necesitamos asumir liderazgos en esa lucha contra la corrupción. Y los medios son fundamentales, pues han sido los auditores que siempre nos han ido informando y con su lupa podemos reforzar la tarea desde la Secretaría. Es un reto grande, pero lo podemos lograr. Al final queremos que la ciudadanía comience a cambiar ese chip, porque este es un tema que nos afecta a todos y en el que no podemos ser pasivos, pensando que es problema de los demás. Tenemos que actuar como sociedad. 

¿Y cómo hacer para que esto no se quede solo en buenas intenciones, cuando la clase política ni siquiera es capaz de aprobar en el Congreso los proyectos anticorrupción?

Este es un momento muy importante, y la misma ciudadanía tiene que llevar a mover a todos los actores. Tiene que haber presión social y que quien esté en el Congreso entienda que está ahí elegido por todos nosotros. Hay que obligarlos a que asuman ese compromiso y saquen adelante los proyectos de ley anticorrupción. 

¿No cree que es muy complicado recuperar la confianza ciudadana, cuando, por ejemplo, cerca del 50 % de los condenados por corrupción están en casa por cárcel?

Ese fue uno de los proyectos que presentó el Gobierno, en el que tenemos que insistir y presionar. Y ahí hay que tener en cuenta ese otro actor que es la justicia. Y uno más, que son los abogados, los profesionales en derecho que tienen que volver a tener el principio ético. Incluso, diría que la misma sociedad tiene que cambiar y acabar con eso de que el vivo vive del bobo, y por eso es admirado y tomado como la conducta a seguir. Y mientras se logra sacar adelante el proyecto de ley, el que tiene la autonomía de definir si le da la casa por cárcel a un corrupto es el juez. Entonces, también podemos actuar desde ahí, acompañar a los jueces en la debida aplicación de la facultad que tienen y visibilizar a quien lo está haciendo en contra de toda la normatividad y sin la justificación clara. 

¿Cuáles son los sectores más críticos o claves?

La Vicepresidencia tiene la mirada fija en los de educación, infraestructura y salud. De ahí que el tema de los pliegos tipo sea indispensable para comenzar a ordenar la contratación, sobre todo frente a los recursos de regalías. 

¿Pero tiene la Secretaría de Transparencia los “dientes” suficientes?

La tarea de nosotros es articular. Ya existen los órganos competentes para investigar, juzgar y sancionar, que son la Fiscalía, la Procuraduría y la Contraloría. Todas ellas tienen las facultades suficientes y están desarrollando sus propios mecanismos de análisis. Ahora, lo que sí necesitamos es hablar entre todos, enlazar información y estructurar toda una base de datos en la que, por ejemplo, quede registrado qué contratista incumplió un contrato, para que así los alcaldes puedan identificarlo, porque hoy en día les caducan en un lado y se van para otro. Esa información es la que nos sirve como prevención. 

¿Cree que realmente es posible cambiar, es triste decirlo, esa cultura de la corrupción que existe en Colombia?

Creo que sí, por eso necesitamos el trabajo de todos. Esto tiene que cambiar. Será difícil pero lo podemos lograr.