Los costos de una prima cuestionada

Presidente Santos se la juega por asegurar el respaldo del Legislativo en temas prioritarios —salud y paz—, de cara a la posible reelección.

El presidente Santos tiene una imagen favorable del 43%. / SNP

No es un secreto: el Congreso de la República es una de las instituciones más desprestigiadas ante la opinión pública nacional. La percepción negativa se acerca al 70%, según recientes encuestas, y los insultos en las redes sociales contra los llamados “padres de la patria” son de grueso calibre, más aún en momentos coyunturales como el actual, cuando se debate un proyecto de reforma a la salud en medio de denuncias de una supuesta “rebelión” parlamentaria que buscaría presionar apoyos de cara el entrante debate electoral y que habría amarrado el respaldo a la iniciativa a la firma del decreto que les devuelve a los congresistas el 30% de sus sueldos, perdido tras un reciente fallo del Consejo de Estado.

Pues el presidente Juan Manuel Santos firmó el lunes el dichoso decreto y los congresistas tendrán derecho a percibir mensualmente una nueva prima especial de $7’898.445, que tendrá un reajuste anual “en el mismo porcentaje en que se reajuste la asignación básica”. Según las explicaciones del ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, era una obligación del Gobierno pues la legislación dice que ningún servidor público —a excepción del presidente de la República y los embajadores— pueden ganar más que los parlamentarios. Y el fallo del Consejo de Estado implicaba reducirles los salarios a unos 2.000 funcionarios, especialmente de la Rama Judicial, incluyendo magistrados de las altas cortes. “Es que el deporte nacional es estigmatizar al Congreso”, dijo.

Lo cierto es que la nueva prima “de servicios” —que no suma para pensión— llega en momentos en que el Senado se apresta a retomar la discusión de la reforma a la salud, el referendo para la paz afronta sus dos últimos debates en plenarias y una encuesta del Centro Nacional de Consultoría para el noticiero CM& registra una mejora en la imagen del jefe de Estado, que subió al 43%. Tendencia que podría volver a revertirse debido a la prima para los legisladores, un costo que el presidente Santos está dispuesto a pagar con tal de asegurar el respaldo frente a proyectos prioritarios que, a la larga, pueden ayudarle en el inmediato futuro a mejorar su favorabilidad, pues tienen que ver con temas claves: la salud de los colombianos y la paz.

“Lo que veo en el fondo es que el presidente tiene la convicción de que el bien justifica los medios. Seguramente cree que si logra la paz, que si se aprueba la ley del referendo y si logra algo en salud, así sea mínimo, cualquier medio es válido para alcanzar esos objetivos. Es algo que por lo general hacen todos los gobiernos, pero que es inaceptable en un Estado social de derecho”, dice el exmagistrado de la Corte Constitucional José Gregorio Hernández, quien cree además que ha habido “chantaje” por parte de unos congresistas en operación tortuga para aprobar unos proyectos, ante lo cual Santos cedió. “Es cierto que la ley le da facultades para hacer ese aumento, pero ese no es el asunto, sino por qué el Ejecutivo, violando el principio de igualdad, asignó esa prima”, agregó Hernández.

Más allá de la discusión sobre si se estaba enmendando una “embarrada” del Consejo de Estado —como lo dio a entender el ministro Cárdenas—, hay quienes creen que esta es la oportunidad para abrir la discusión en torno a los salarios de toda la administración pública. “Hay que hacer un debate general sobre si los salarios que hoy devengan los altos funcionarios del Estado son los adecuados o no para tener un buen nivel de administración pública, de administración de justicia y de funcionamiento del Congreso”, dijo el presidente del Congreso, senador Juan Fernando Cristo. Y agregó: “Este no es un tema del Legislativo, es un tema de toda la administración del Estado colombiano, porque afecta a jueces, fiscales, magistrados, el procurador, el contralor y el fiscal. Se debe abrir el debate para saber si es necesario hacer un replanteamiento de todo y bajar todos esos salarios como era el efecto de la sentencia del Consejo de Estado”.

A su vez, el senador Armando Benedetti cree que todo el mundo siempre va a pensar mal del Congreso, en Colombia, en Estados Unidos, en Alemania o en cualquier país del mundo. “Acá se preocupan por los salarios de los congresistas, pero miren los de Ecopetrol o del Banco de la República. Hay personajes que sí ganan sueldos millonarios. El Congreso sólo gasta el 0,18% del presupuesto nacional. Estar pendientes de eso quiere decir que se está buscando donde no se pierde la plata, por ejemplo, en el sistema de salud, en la educación, en las comunicación, en las concesiones viales y aeroportuarias, y allí también están metidos algunos congresistas”, señaló.

Sin embargo, otros congresistas, como el representante Iván Cepeda, consideran que la nueva prima decretada por el Gobierno demuestra que en Colombia no existe una separación real de los poderes públicos. “Es una relación de chantajes y sobornos que les quita independencia a los poderes e impide hacer un control político real. Cuando los congresistas ven en peligro sus salarios, apelan a la operación tortuga para quitarles dinámica a las iniciativas”, aseguró, anunciando de paso su renuncia a recibir la bonificación. Una actitud cuestionada sarcásticamente por el senador Aurelio Iragorri, quien manifestó que quienes rechazan la nueva prima “seguramente tienen unos subsidios que no conocemos”.

Un “cacerolazo” contra el Congreso había sido anunciado para anoche, convocado por el Partido del Tomate a través de la red social Twitter con el hashtag #CacerolazoAlCongreso y con el siguiente mensaje: “48 millones de colombianos contra un inepto e ineficiente Congreso de unos cuantos”. Mientras tanto, otros recordaban la prima que les concedió —en julio pasado y también mediante decreto— el presidente Santos a todos los alcaldes del país, por concepto “de gestión territorial”. Una decisión que se dio después de los vientos de rebelión que soplaron en la Cumbre de Alcaldes de Cartagena contra el Ejecutivo. Sea como sea, todo indica que el primer mandatario no está dispuesto a perder los apoyos políticos que pueden ser claves de cara a su reelección, aunque frente a la opinión pública su estrategia sea costosa en materia de imagen.

 

 

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