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En menos de una semana, el debate por supuestas chuzadas, seguimientos y perfilamientos irregulares por parte de inteligencia del Ejército volvió al Senado. Esta vez, en la plenaria. Para este debate de control político se citó al ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo; al fiscal general, Francisco Barbosa; al procurador Fernando Carrillo y al contralor Carlos Felipe Córdoba. Sin embargo, solo asistió el ministro Trujillo, el resto presentó sus excusas o envió a un suplente.
El debate fue muy similar al llevado a cabo en la Comisión Segunda de la Cámara, incluso los principales citantes (los senadores Gustavo Bolívar, Iván Cepeda y Antonio Sanguino) fueron los mismos y tuvieron intervenciones similares a las de hace unos días. Esta ocasión, el debate comenzó con el senador por la lista de los Decentes Gustavo Bolívar.
“El gobierno Duque aumentó el gasto militar más allá de la inflación, mientras que normalmente los países que tienen un acuerdo de paz desciende esa inversión”, fue una de las principales tesis de Bolívar, que aseguró que gran parte de la crisis del Ejército parte de actos de corrupción que buscan apropiarse de estos recursos.
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En su intervención, el congresista aseguró que gran parte de los escándalos que hay actualmente en las Fuerzas son por una pugna para quedarse con los contratos para la compra de baterías aéreas, un contrato de proporciones millonarias. El choque sería para ver quién se queda con la contratación para así obtener pago de coimas y comisiones.
Bolívar aseguró que el aumento del gasto ha aumentado la corrupción en el Ejército. Para ejemplificar esta tesis, el citante mencionó 32 contratos, que suman en total $91.000 millones, que fueron firmados con las empresas de una misma pareja, Carolina Rocha Duarte y Héctor Maldonado. Supuestamente, contó el senador, esta empresa ha sido ampliamente favorecida y en cada uno de sus contratos ha tenido adiciones de hasta el 50%.
“No se está cuidando el dinero de los colombianos”, dijo Bolívar para mencionar el caso de un hangar en Guaymaral cuyo costo real era de $6.000 millones y se iba a comprar hasta por $32.000 millones. Al prenderse las alarmas por esta compra, se pasó a rentarlo, pero incluso este valor estaría por encima del valor normal de arriendo.
Bolívar también denunció que algunos de los contratos para comprar infraestructura de la inteligencia se habían suscrito con empresas relacionadas con los Panamá Papers entre ellas Procálculo-prosis con su filial Esri Colombia.
Más allá de la contratación, Bolívar se centró en los perfilamientos y chuzadas supuestamente hechos por miembros de inteligencia del Ejército. “Se ha utilizado una y otra vez las interceptaciones ilegales. Hay una sistematización de los seguimientos ilegales”, dijo Bolívar, que mencionó los casos del DAS y de la operación Andrómeda.
Bolívar aseguró que las últimas chuzadas, expuestas por la Revista Semana a principio de año, se hicieron para “tapar las acciones de Nicacio Martínez”. Este agregó que actualmente hay una persecución para aquellos que “no comulgan” con los actos de corrupción. “Dos soldados fueron sacados de la institución por negarse a asesinar una mujer”, denunció Bolívar.
En esta misma línea denunció el caso de un general de apellido Amorteguí, que habría denunciado al ahora retirado general Nicacio Martínez y al presidente Iván Duque los seguimientos y chuzadas ilegales por parte de miembros de inteligencia. Según el senador, desde entonces ha sufrido persecución de militares que han buscado asesinarlo.
Por último, el senador pasó a hablar de los resultados de la operación Bastón. En este punto, criticó al gobierno porque no fue una iniciativa propia sino que se reaccionó a una petición de la OTAN, cuando este ente plurinacional militar invitó a Colombia a vincularse a ella.
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Luego mencionó algunos de los casos arrojados por estas investigaciones, sobre todo el del general, cuya identidad se protege, que durante 18 años vendió información a las Farc y luego a las disidencias. “Miren el honor de sus fuerzas militares”, expresó Bolívar, para luego agregar: “Hay que revisar el tamaño del Ejército porque si sobran 16 generales, 1228 oficiales y 122 suboficiales que fueron sacados de la Fuerza por los resultados de Bastón”.
Por último el senador de los Decentes criticó la acción del gobierno de investigar sin revelar los nombres de los vinculados y llamarlos a calificar servicios sin retirarles los beneficios por haber sido parte de la Fuerza. Por último, Bolívar aseguró que la mayoría de investigaciones en contra de militares terminan archivadas.
Iván Cepeda siguió con la palabra para continuar mencionado algunos de los últimos escándalos en el Ejército. Este hizo referencia a la supuesta disputa entre los generales retirados Parra León y Cruz Richi por quedarse con $17.000 millones de Ecopetrol. También habló del general Jorge Humberto Jérez, señalado de tener vínculos con José Guillermo Ñeñe Hernández, supuestamente vinculado con la organización de Marquitos Figueroa.
El senador del Polo Democrático se refirió directamente a la operación Bastón y aseguró que hubo un intento de “operación silencio” para silenciar sus hallazgos: “A la llegada del general Nicacio Martínez produjo un barrido de las investigaciones y procedió a trasladar a los que realizaron estas operaciones a otras dependencias del Ejército”.
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Cepeda sacó a relucir algunas de las respuestas del Ministerio de Defensa sobre Bastón. “De las 20 misiones, solamente en tres casos se entregaron los resultados a las autoridades judiciales”, llamó la atención el senador. Asimismo dijo que hay 4 misiones que ya están cerradas y una ausencia de información sobre 11 misiones.
El citante también alertó sobre la posición asumida desde el ministerio de investigar las fugas de información confidencial, que en últimas ha servido para destapar los escándalos de corrupción. Esta acción la calificó como un nuevo intento de silenciar lo que está pasando en el Ejército.
Además de llamar la atención sobre Bastón, Cepeda aseguró que en las irregularidades de inteligencia al interior del Ejército estarían salpicados miembros de Centro Democrático como Rafael Nieto Loaiza. “El senador Uribe nos quedó debiendo la explicación de cómo obtuvo los datos de las coordenadas de una operación de un líder de las Farc durante las negociaciones”, dijo Cepeda.
Por último, Cepeda volvió a retomar los resultados de Bastón para señalar que en la zonas en las que operaban generales con suspuestos vínculos con el Clan del Golfo son las misma regiones donde se ha producido el asesinato sistemático de líderes sociales. “Hay un vínculo entre los miembros corruptos y el asesinato de líderes sociales”, concluyó.
El último de los citantes en el debate fue el senador de la Alianza Verde Antonio Sanguino. Este comenzó aclarando que “no es un debate en contra de las Fuerzas Militares”, sino que se trata de un tema de suma delicadeza pues las acciones irregulares de la inteligencia tienen como “principal víctima la democracia”.
“No es un asunto de manzanas podridas. Corresponde a un entramado de estructuras criminales enquistados con un aparato de extrema derecha que responde a un anacrónico concepto de Guerra Fría”, dijo el senador, que aseguró que las irregularidades y chuzadas son una práctica sistemática desde hace uno años que ni siquiera se detuvo con una nueva ley de inteligencia y contrainteligencia, promulgada en 2013.
“El gobierno solo reacciono por los escándalos de la prensa”, señaló Sanguino. De igual manera aseguró que las acciones desde las Fuerzas Militares bajo el mando del ahora retirado general Nicacio Martínez “buscaban silenciar a los que habían filtrado información sobre las directivas que traerían de regreso los falsos positivos y los que adelantaron la operación Bastón”.
Por último, el senador Sanguino, como en el debate de la Comisión Segunda, comparó las actuales chuzadas y perfilamientos con la actividad del G3 y el DAS en 2003. “Con el G3, políticos, líderes y sociales fueron considerados enemigos internos, todas las actividades en su contra fueron desarrolladas sin orden judicial”.
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También volvió a llamar la atención sobre el general Gonzalo García Luna, a quien le pidieron la baja tras el escándalo de los perfilamientos. Este, resaltó el el citante, fue director de inteligencia del DAS en 2003 y hasta hace unos días fue la cabeza de la inteligencia en el Ejército.
Por último, el senador Verde cuestionó al primer mandatario por el nombramiento del general Nicacio Martínez como comandante del Ejército. Según Sanguino, el ahora retirado oficial tenía un amplio historia de violación de derechos humanos. Además, señaló que Martínez ya se había manifestado a favor del DAS y su labor, que la calificó como un “elemento importante del Estado”.
Antes de finalizar su intervención, Sanguino pidió que haya una verificación del cumplimiento del punto 2 de los acuerdos de la Habana. También, reveló que se enviará una carta a miembros del Congreso de los Estados Unidos para denunciar la acción que se está haciendo con los recursos donados por el gobierno estadounidense y se le pedirá una mayor revisión de la OTAN frente a estos casos.
Por último, el senador comunicó que presentará un proyecto de ley para reformar el mecanismo de ascenso y la formación de los oficiales de inteligencia y contrainteligencia. Una propuesta que fue rechazada por algunos miembros de la bancada de gobierno que intervinieron en la sesión.
El ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo, fue el encargado de responder frente a los señalamientos expresados por los senadores citantes. Este tuvo un discurso muy similar al que dio durante su citación a la comisión segunda del Senado, la semana pasada. Este volvió a rechazar los señalamientos en contra del presidente Iván Duque.
“No se puede insinuar que el presidente actúa como en una especie de estado totalitario”, dijo el ministro, que luego repudió el pedido del senador Gustavo Bolívar de revisar el tamaño del Ejército. “Colombia necesita una fuerza pública bien dotada”, contestó Trujillo, basándose en la situación del país frente a grupos armados.
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Trujillo criticó la insinuación de los senadores de que se estaba encubriendo a los vinculados con las irregularidades de la inteligencia. El ministro acusó a los citantes de no conocer la ley pues le estaban pidiendo romper con la reserva del proceso y violentar la presunción de inocencia de cada uno de los implicados que está siendo procesado.
Asimismo, el ministro Trujillo aseguró que en ningún momento se está imponiendo una mordaza a las revelaciones de la prensa, “bienvenido los informes”, pero llamó la atención frente a la filtración de información de carácter reservado.
Más allá de los citantes y los comparecientes, en una buena parte del debate se destacó el expresidente y senador, Álvaro Uribe. La cabeza del partido de gobierno hizo varios pedidos de réplica para defender su gobierno, atacado por los casos de chuzadas del DAS, y el del presidente Iván Duque.
“No estamos de acuerdo con perfilamientos, así provengan de fuentes abiertas, de lo que se encuentra en internet, en los periódicos o en la televisión. Creemos que un perfilamiento sobre una persona que no ha cometido delitos le hace daño a la democracia y crea sospechas sobre las Fuerzas Armadas que tiene una bellísima tradición democrática”, dijo Uribe, que aprovechó una de sus intervenciones para irse en contra del senador Antonio Sanguino: “En el Centro Democrático hablamos duro pero no robamos, usted no ha explicado su papel en el cartel de la contratación”.