En total se presentaron 403 iniciativas en el Congreso

Los más y los menos de la primera legislatura en el mandato Duque

Aunque la atención estuvo centrada en temas como las objeciones a la JEP, el Plan de Desarrollo y algunos debates de control político, también se tramitaron proyectos, unos con éxito y otros no, que impactan a la gente.

El Congreso volverá a sesiones ordinarias el próximo 20 de julio para la legislatura 2019-2020. / Mauricio Alvarado

Fueron 403 las iniciativas presentadas ante el Congreso de la República para la legislatura 2018-2019, la primera del cuatrienio en el mandato del presidente Iván Duque. Proyectos de todo tipo, que de una u otra forma inciden de manera positiva o negativa en el común de la gente, aunque la mayoría no hayan ocupado las primeras planas de la prensa, que se centró fundamentalmente en discusiones más “taquilleras”: las objeciones presidenciales a la ley estatutaria de la JEP, el Plan Nacional de Desarrollo, la Ley de Financiamiento, o en debates de control político como el que se le hizo al ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, por los dichosos “bonos de agua”, o el de la corrupción de Odebrecht, con el entonces fiscal general, Néstor Humberto Martínez, a bordo.

Una primera legislatura marcada, además, por un modelo diferente en las relaciones Ejecutivo-Legislativo, impuesto desde la misma Casa de Nariño y que implicó cerrarles las puertas a los partidos en cuanto a lo que se conoce como “representación política”. Como la dijo el primer mandatario desde que llegó al poder, no se podría seguir prolongando esa “relación dañina” de apoyo a los proyectos del Gobierno a cambio de puestos, lo que en el pasado fue bautizado como “mermelada”. Y hay que decir que en el primer período legislativo, segundo semestre de 2018, hubo otro hecho que incidió con fuerza en la opinión pública y que terminó impactando al Congreso: la consulta anticorrupción, que no pasó el umbral de votos requerido, pero cuyos puntos se convirtieron en iniciativas legislativas, que el mismo Duque se comprometió a impulsar.

Las estadísticas dicen que de los 403 proyectos presentados, 350 fueron de ley, 38 actos legislativos, cuatro leyes estatutarias y 11 leyes orgánicas. De origen congresional, las iniciativas fueron 362, mientras que el Gobierno radicó un total de 38 y la Defensoría del Pueblo, la Fiscalía General de la Nación y la Procuraduría General presentaron, cada una, un proyecto. Cabe aclarar también que son muchos los que terminan siendo retirados: al cierre de 2018 sumaban 92. Muchas veces ello obedece o a que sus autores quieren cambiarle el articulado buscando mejorarlo o incluso porque ven que no se contará con el apoyo necesario, por lo que prefieren no someterse a un desgaste inútil.

Al gobierno Duque le han llovido críticas por lo que muchos consideran ha sido un pobre desempeño en cuanto al trámite de proyectos en el Congreso. Se mencionan los fracasos de las reformas política y a la justicia, y el de las objeciones a la estatutaria de la JEP. Y está el gran esfuerzo hecho para aprobar el Plan de Desarrollo a su medida, la ley de financiamiento (que no es más que una reforma tributaria) y la reforma al sector de las TIC, iniciativa que se incluyó en las sesiones extras citadas a comienzos de año, pero que solo vio la luz verde hace pocas semanas. Un proyecto clave del Centro Democrático, que buscaba la creación de una sala especial para el juzgamiento de militares dentro de la JEP, que apoyó el Ejecutivo, se hundió.

Sin embargo, según información de Planeación Nacional, en los poco más de 10 meses que lleva en el poder, Iván Duque logró la aprobación, bien sea por iniciativa propia o de autoría en el Congreso pero con el respaldo del Ejecutivo, del presupuesto nacional, el tratado de ingreso de Colombia a la OCDE, la ley que fortalece las sanciones de la Superintendencia de Salud a las EPS de mala calidad, la reforma a la Ley 418 que crea las Zonas Estratégicas de Intervención Integral, la ley contra el abigeato (que por cierto fue objetada por Santos), la ley que promueve los vehículos eléctricos en el país (de la cual es coautor el propio presidente) y la ley que convierte a Coldeportes en el Ministerio del Deporte. Están también la Ley del Veterano de la Fuerza Pública, la del Fondo de Estabilización de los precios del café y la ley que endurece las penas a los ataques con ácido, entre otros.

El Gobierno también logró sacar adelante el proyecto que elimina la conexidad del narcotráfico y el secuestro con el delito político. Una iniciativa que, a pesar de haberse convertido en un punto de honor para el presidente Duque, es imposible de aplicar a la realidad actual. Principalmente, porque no tiene efectos retroactivos, es decir, no tiene repercusiones sobre el Acuerdo de Paz que se firmó con la exguerrilla de las Farc. Este acto legislativo aprobado solo podrá ser aplicado a futuro, en otros procesos, eventualmente con el que se adelante con la guerrilla del Eln. Pero como el jefe de Estado dio por concluidos los diálogos que se iniciaron en el anterior gobierno con esa organización, hasta que se reactiven y se logre firmar un pacto para la terminación del conflicto, la iniciativa seguirá siendo un saludo a la bandera.

Capítulo aparte merecen los proyectos anticorrupción. De siete que se presentaron, solo uno fue aprobado: el que establece el mecanismo de rendición de cuentas de funcionarios electos por voto popular, aunque se le trasquiló la obligación de la publicación de los votos en Congreso y el reporte de las gestiones que se hacen ante el Gobierno. Con avances, pero aplazada su aprobación para la próxima legislatura, quedaron el de la implementación de los pliego “Tipo” en toda la contratación pública estatal, para evitar licitaciones hechas a la medida de los aspirantes a contratos, y el que obliga a los funcionarios públicos a revelar su declaración de renta, de impuestos y posibles conflictos de intereses. Se hundieron el que fijaba un tope de salario a los congresistas, la limitación a máximo tres períodos en corporaciones de elección popular, el de participación ciudadana en la definición de las partidas presupuestales y el de la eliminación del beneficio de casa por cárcel para los corruptos.

Como ya se dijo, en todo el año de legislatura (que en realidad son ocho meses de trabajo en el Congreso, o un poco más contando las sesiones extras), se tramitaron iniciativas que involucran de una u otra manera a los colombianos de a pie, algunas con éxito y otras hundidas. Por ejemplo, a sanción presidencial pasó la que dicta la creación del registro de deudores alimentarios. Una vez entre en vigencia esta ley, de autoría de la senadora Maritza Martínez, de la U, los padres y madres que no cumplan con la cuota de sostenimiento alimentario de sus hijos serán reportados en una central de riesgo y asumirán una serie de consecuencias. Otra ley que entró en vigencia, impulsada por el MIRA, es la de amnistía para remisos, que otorga hasta 18 meses a que quienes no han resuelto su situación militar, para que accedan a un beneficio económico, quedando exentos del pago de la cuota de compensación militar, pagando solo el 15 % de un salario mínimo mensual, es decir, cerca de $125.000.

En manos del presidente Duque, también para su sanción, quedaron iniciativas como la que establece sanciones más drásticas en los casos de violencia intrafamiliar. En esencia, se precisa el tipo penal y se amplía a los cónyuges y compañeros permanentes que estén separados, al tiempo que se aplican condenas efectivas a los reincidentes. Igualmente la que se conoce como la “ley empanada”, de autoría del senador Carlos Guevara, del MIRA, que apunta a brindar garantías laborales a los más de un millón de vendedores ambulantes que hay en el país. La norma obliga al Gobierno a realizar un censo y a los alcaldes, a definir sitios especiales para ubicarlos, entre otros beneficios.

Por otro lado, varias iniciativas continuarán su desarrollo a partir del próximo 20 de julio, cuando vuelva a sesionar el Congreso. Entre ellas está el proyecto de acto legislativo que busca reformar las regalías, aumentando las transferencias en las zonas productoras del país, pero sin disminuir las inversiones en los territorios no productores, propuesta impulsada por el Gobierno. O el proyecto del senador Rodrigo Lara, de Cambio Radical, que busca regular el consumo de alcohol y drogas psicoactivas en lugares públicos y cercanías a centros educativos. Y está el del uribismo, sobre la media prima para la canasta familiar, que no tiene el visto bueno del Gobierno. Por supuesto, también se intentarán revivir proyectos hundidos, siendo uno de los más relevantes —al menos para la gente— el que buscaba una amnistía para los morosos reportados negativamente en las centrales de riesgo, como Datacrédito, que murió esperando ser discutido en la Cámara.

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