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Con 42 homicidios en las protestas del paro nacional –según datos de la Defensoría–, vandalismo, abuso policial y ataques a uniformados, Colombia vive un ambiente de tensión e incertidumbre que parece no amainar. Hay algunas señales positivas, como la reunión del lunes pasado entre el Gobierno y el Comité del Paro, y la disposición mostrada por el Ejecutivo de entrar a “negociar” el pliego de peticiones planteado, o la visita ayer del presidente Iván Duque para despachar desde Cali, algo que le pedían a gritos los sectores políticos, sociales y empresariales de la capital vallecaucana.
Convocada por el Comité del Paro, hoy se llevará a cabo una nueva jornada de protestas. Lo cierto es que 15 días después del inicio del estallido social, persisten los cuestionamientos sobre la estrategia del Gobierno y de otros actores estatales, como el Ministerio Público, a la hora de transmitir mensajes de calma al país. Es cierto que se han comenzado a abrir puertas de concertación, pero más allá de los anuncios que se hagan –como decir que los estudiantes de educación superior pública de estratos 1, 2 y 3 tendrán matrícula gratuita en el segundo semestre de 2021–, hay mucho malestar en varios sectores, pues no se escuchan palabras contundentes condenando la violencia policial.
Dos días después de solicitar el retiro de la reforma tributaria, el 2 de mayo, Duque instaló la mesa de diálogo nacional para escuchar a los políticos, los gremios y la sociedad civil, buscando construir soluciones. “Aquí no deben mediar diferencias ideológicas, sino un profundo patriotismo. Es vital contar con todas las instituciones, los partidos, el sector privado, los gobernadores, los alcaldes y los líderes de la sociedad civil”, dijo.
De inmediato, distintas voces desde el Congreso y el mismo Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC), protagonista en el paro, cuestionaron cómo se estaba dando ese llamado a discutir y concertar, mostrando que sería un camino espinoso. Un día después del mensaje presidencial, Lucas Villa recibió varios disparos, en una manifestación en el viaducto de Pereira. El 6 de mayo, en Cali, varias personas que se movilizaban en la zona El Ancla denunciaron que policías vestidos de civil se bajaron de un camión y les dispararon.
Ese mismo día, el fiscal general, Francisco Barbosa, dijo que iba a “proceder con la extinción” de los vehículos que obstruyeran las vías en el marco de la manifestación. Mientras tanto, la Cancillería cruzaba cartas no tan diplomáticas en el espectro internacional. La ONU, miembros del Parlamento alemán y el presidente de Argentina, Alberto Fernández, entre otras instancias, expresaron su preocupación frente a la violencia y represión policial. “Observo la represión desatada ante las protestas sociales ocurridas en Colombia. Ruego porque el pueblo colombiano retome la paz social e insto a su gobierno a que, en resguardo de los derechos humanos, cese la singular violencia institucional que se ha ejercido”, dijo Fernández.
La canciller Claudia Blum respondió que esas palabras eran una “intromisión arbitraria” que “desconocía que miles de colombianos han tenido todas las garantías para ejercer la protesta pacífica”. Una afirmación que camina en la misma línea del ministro del Interior, Daniel Palacios, quien aseguró que el Gobierno “no tolera el abuso policial” y que las investigaciones se están realizando.
Son varios los mensajes que desde todos los frentes han enviado el Gobierno y otros actores estatales, desde que Duque instaló la mesa nacional de diálogo. Sin embargo, aunque hay similitud en las frases que utilizan el presidente y su gabinete sobre el rechazo al abuso policial y la disposición para escuchar otras posturas, para tres expertas en comunicación política y análisis internacional consultadas por El Espectador, su discurso es contradictorio y carece de un relato como Gobierno. Esa es la lectura que hace la politóloga Isabel González, especialista en marketing político.
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“Cuando un gobierno tiene agenda propia, define un hilo conductor de su relato y, de alguna manera, las coyunturas del país se responden a partir de un mismo argumento. Por ejemplo, en el gobierno de Uribe, su narrativa siempre apuntaba a la seguridad democrática y todos los temas se desarrollaban a partir de ahí. Lo mismo en la administración Santos: todo lo metía en el relato de la paz. Eran coherentes en ese sentido. No pasa lo mismo con el gobierno de Duque. Desde campaña se mostró como un presidente joven, pero ante esta situación de crisis, su manera de actuar frente a la juventud no ha correspondido a esa. No logra dar un mensaje de invitación al diálogo ni de construcción, sino que sigue denunciando los actos vandálicos con mucha más insistencia y fuerza que con las que denuncia los abusos de la Fuerza Pública”, señaló González, quien cree que sus últimas declaraciones sobre violencia policial parecieran dadas bajo la presión del momento y no bajo un plan de cómo abordar la situación.
“Ha habido un discurso débil a la hora de desescalar la violencia a la que ha llegado la situación. En pleno paro, se conoció que estaba citado para dar una conferencia sobre liderazgo. Después se canceló, pero el país se puede preguntar: ¿qué ejemplo de liderazgo está dando si los ojos del mundo están puestos en Colombia por una cosa completamente distinta a su liderazgo?”, agregó la politóloga.
Su crítica obedece a esa incapacidad de establecer un relato propio como gobierno, que los ministerios dan salidas en falso o que simplemente su discurso no tiene la fuerza suficiente para convencer a una ciudadanía que respira desconfianza, recalcó González. Ejemplo de ello son las declaraciones del ministro del Interior, Daniel Palacios. “Él dice con mucha vehemencia que rechazan abusos policiales, pero más allá de eso, no demuestra que sea algo importante. Arranca sus declaraciones de una forma desafortunada porque desestima la protesta social al decir que no es un derecho absoluto y afirma que el propósito de la Fuerza Pública es actuar cuando se ponga en riesgo la vida y los bienes. ¿Cómo explica los actos de tortura, desaparición y homicidio por parte de uniformados?”, añadió.
A su turno, Tatiana Lozano, especialista en mercadeo político y opinión pública, se refirió a las declaraciones del fiscal Barbosa y su proclamación de extinción de dominio. “En cuestión de estrategia, el fiscal estuvo desfasado en sus palabras, se extralimitó en lo que debía decir. Detrás de cada personaje público hay equipos de trabajo para que ellos salgan a decir las cosas de la mejor manera, pero quienes tienen la vocería oficial son los designados, en este caso el fiscal. Siento que él ahí no estaba hablando como fiscal, sino como un ciudadano del corriente a quien le están afectando las marchas. Estuvo mal. Falta una estrategia de comunicación para que salga a hablar”, enfatizó Lozano.
Además de la falta de esa estrategia que parece presentarse en esa entidad, para Lozano es necesario poner la mirada en la desinformación que fluye en las redes sociales, otro canal que ha servido no solo para convocar a las marchas, sino también para registrar los casos de abuso policial y de vandalismo. “Los líderes están llevando a la gente al caos social a través de la desinformación. ¿Hasta qué punto estamos corroborando y verificando que esa información que recibimos es verdadera? Es pedir que aquellos que están detrás de una pantalla no llamen a la rabia social sino al diálogo”, opinó.
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Sobre esto último, la analista internacional Ana María Trujillo lo cataloga como resultado de la polarización que impide el diálogo, más en un escenario donde no solo hay molestia contra las políticas del Gobierno, sino también desazón por la brutalidad de la fuerza institucional. “A nivel interno hay una situación de incoherencia. Hay un llamado al diálogo, pero es más bien un ejercicio de escucha o que busca legitimar la postura del Gobierno. Además, la polarización es tan grande, que los unos no quieren hablar realmente y los otros tampoco”, indicó.
En ese contexto, para Trujillo solo habría dos explicaciones frente a las acciones y discursos tan disímiles por parte del Gobierno: “Hay una torpeza inmensa y la falta de liderazgo del presidente es tan grande que dispara para todos lados y los partidos de gobierno tampoco son coherentes, o están cobijándose bajo la estrategia de confunde y vencerás. En esa medida, uno no sabe cuál de las dos es peor. Sin embargo, también me preocupa el llamado a que Duque no sea quien lidere el diálogo, porque no puede haber un vacío institucional”, subrayó la analista.
Para ella, la falta de coherencia se ve también en las declaraciones de la canciller Claudia Blum. “Ante violaciones de derechos humanos, el rol de la comunidad internacional es pronunciarse. Colombia debe ser consciente de eso, más aún porque cuando ha habido este tipo de actuaciones en Venezuela, este país ha salido a criticarlas. Por ese lado aparece un doble discurso, porque para la situación interna no hay cabida para la crítica que se le hizo al país vecino. El Estado debería ser menos reactivo y ser más constructivo y autocrítico, más en una tensión interna tan fuerte”, destacó. Incoherencia que no solo es reflejada por las comunicaciones de la Cancillería, sino también de la Defensoría y demás entes del Ministerio Público que, señaló Trujillo, no están actuando rigurosamente en favor de la ciudadanía.
“El abuso policial es un problema que nos muestra lo evidente, pero que si tuviéramos unos entes de control sólidos, esto ya se hubiera intervenido. El desequilibrio de poder es total. Hay una concentración del poder en manos del partido de gobierno y del presidente, con gente incapaz en la Procuraduría, Fiscalía y Defensoría, entidades cruciales para ejercer el control del Gobierno y protección civil. Aún más grave la alocución de las altas cortes en Palacio con el presidente, lo que demostró una carencia de independencia. Pareciera que estamos entrando a un dominio de gobierno de todos los poderes, lo más cercano a un gobierno autoritario”, explicó.
Trujillo consideró que un acercamiento entre el Gobierno y la ciudadanía sería posible si una misión de verificación y verdad entrara a mediar en la situación. “Creo que la comunidad internacional debería ser la que lidere un proceso de verificación, pero también uno de facilitación, de mediación en las conversaciones. El llamado debe ser a que haya un escenario internacional que nos ayude a construir ese diálogo”, concluyó.