Los municipios con más votantes que habitantes

En casi todos los departamentos hay municipios en los que vive menos gente de la que vota. Y no necesariamente porque el censo esté desactualizado. Alerta para que no se repitan fraudes a punta de trashumancia.

La trashumancia electoral, atravesada por la compra de votos, es la que en muchos municipios termina modificando la voluntad ciudadana.

Restrepo es un municipio ubicado en el llamado piedemonte llanero, en la zona norte del departamento del Meta, a sólo 17 kilómetros de su capital, Villavicencio. Según los últimos datos oficiales disponibles del censo electoral (de 2014), y comparando con las proyecciones de población elaboradas por el DANE, su número de habitantes es de 10.571 personas, pero, curiosamente, el censo electoral muestra que 14.568 ciudadanos estarían habilitados para votar en las elecciones locales y regionales del próximo 25 de octubre.

Un fenómeno que, de acuerdo con un estudio de la Misión de Observación Electoral (MOE), se repite en otros 68 municipios del país, donde, al igual que en Restrepo, tienen un censo electoral superior al censo poblacional, lo cual constituye una irregularidad que puede ser indicativa de hechos de trashumancia electoral en el reciente pasado. Por ejemplo, en Colosó, municipio en la región de Montes de María del departamento de Sucre, hay 6.328 personas habilitadas para votar cuando el número de habitantes es de 5.878. O en Envigado, Antioquia, donde el censo dice que hay 217.343 habitantes y pueden votar 225.101.

En la lista aparecen municipios que históricamente han presentado problemas y denuncias en ese sentido. Como Puerto Colombia, en el Atlántico; La Jagua del Pilar, en La Guajira; Cabuyaro, en el Meta; Villanueva, en Santander; Puerto Carreño, en el Vichada, y Puerto Gaitán, en el Meta. De hecho, Alejandra Barrios, directora de la MOE, advirtió desde finales del año pasado sobre la ardua disputa política que se presenta en las elecciones locales y regionales, en las cuales hay alcaldes y gobernadores que terminan elegidos por pocos votos y “es precisamente la trashumancia electoral, atravesada por la compra de votos, la que termina modificando esa voluntad ciudadana”.

La trashumancia, trasteo de votos o fraude en la inscripción de cédulas, está tipificada en el artículo 389 del Código Penal: “El que por cualquier medio indebido logre que personas habilitadas para votar inscriban documento o cédula de ciudadanía en una localidad, municipio o distrito diferente a aquel donde hayan nacido o residan, con el propósito de obtener ventaja en elección popular, plebiscito, referendo, consulta popular o revocatoria del mandato, incurrirá en prisión de tres a seis años. La pena se aumentará de una tercera parte a la mitad cuando la conducta sea realizada por un servidor público”, dice la norma.

Aun así, advierte el registrador nacional, Carlos Ariel Sánchez, ese es el riesgo más grande que afronta el actual proceso electoral. A su vez, el procurador, Alejandro Ordóñez, ha dicho que cualquier caso de atentado contra el ejercicio del voto debe ser puesto de inmediato en conocimiento de las autoridades correspondientes, concretamente del Consejo Nacional Electoral (CNE), para que se ejecuten las acciones de fondo. De hecho, este organismo ya había prendido las alarmas por la necesidad de recursos suficientes para hacer frente a la problemática.

La semana pasada el ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, anunció la transferencia de $37.000 millones a la organización electoral “para garantizar que los comicios de octubre sean transparentes, con mayores avances tecnológicos, como el uso de la biometría, y que permitan también, a través del CNE, combatir la trashumancia, es decir, el uso de cédulas que se llevan de un municipio a otro para alterar los resultados electorales”.

Un fenómeno paralelo que también tiene encendidas las alarmas de la organización electoral tiene que ver con las regiones donde se ha detectado un aumento en la inscripción de cédulas por encima de lo común. Según la MOE, son 93 en todo el país y, en este sentido, el registrador delegado para Asuntos Electorales, Alfonso Portela, explicó que le corresponde a la Registraduría hacer un reporte del volumen de inscritos: “Hay unas zonas que llaman mucho la atención porque son lugares que han presentado problemas por trasteo de electores. Toda esta información va a ser trasladada a las autoridades”. Por ahora la ciudadanía espera que no sea la trashumancia la que decida la democracia colombiana.