Los ‘pataleos’ de la Judicatura

El presidente Santos denunció ‘cortejos’ de magistrados a congresistas para atajar su eliminación, planteada en el proyecto de Equilibrio de Poderes. Desde el alto tribunal piden que hable con nombres propios. Y dicen que en una sala plena habrían votado el hacer ‘lobby’ ante el Legislativo.

El Presidente Juan Manuel Santos afirmó este martes que “la justicia no puede ser obstáculo para conseguir esa paz, que es el bien supremo de cualquier sociedad”. El Mandatario firmó el decreto reglamentario de la Ley de Alternativas de Financiamiento.Presidencia

Cuando la Constituyente de 1991 decidió crear el Consejo Superior de la Judicatura --integrado por dos salas, una encargada de juzgar disciplinariamente a funcionarios y abogados, y la otra, de administrar la Rama Judicial--, lo hizo con el objetivo de garantizar la autonomía e independencia de la justicia. Han pasado 24 años y tan loable propósito, en vez de haberse cumplido, hoy suscita grandes inquietudes y preocupaciones, porque la justicia no es más eficaz y, lo que es peor, está atrapada por las querellas de la política partidista.

Más allá de las cuestiones estrictamente jurídicas, como por ejemplo aquella de que la Sala Disciplinaria se haya convertido en un juez de tutela, la realidad muestra también que se trata de un fortín político, al que se llega más por las vinculaciones con el Gobierno y las bancadas partidistas, que por el reconocimiento personal y académico. De hecho, la circunstancia de que los siete magistrados de esa Sala sean designados por el Congreso, de ternas conformadas por el Gobierno, ha generado que los cargos que fueron diseñados para ser desempeñados por juristas de renombre y a salvo de dudas, hoy los ejerzan personas que están lejos de reunir esas condiciones de idoneidad y credibilidad.

Lo escándalos que han tenido que afrontar varios de los magistrados han sido muchos, como lo han sido igualmente los intentos de los gobiernos en acabar con el Consejo de la Judicatura. Lo prometió Álvaro Uribe en la campaña que lo llevó a la Presidencia en 2002. En los famosos 100 puntos de su manifiesto democrático, que fue su plataforma electoral, el punto 37 proponía: “Eliminar el Consejo Superior de la Judicatura. Es muy costoso: $ 60.000 millones. Con ese dinero podemos financiar 10.000 viviendas sociales por año. Que la autonomía de la justicia la administren las altas cortes con apoyo del Ministerio”.

Aunque Uribe intentó tramitar tres proyectos en el Legislativo apuntando a ese objetivo, no lo pudo cumplir, como tampoco propició los correctivos para que la justicia se hiciera más independiente y autónoma, pero sobre todo eficaz y transparente. Por el contrario, la influencia de su gobierno en la designación de los magistrados se hizo sentir varias veces. Se hicieron algunas reformas vía leyes estatutarias, pero todas han sido consideradas como ‘paños de agua tibia’ para una crisis tan profunda, que acaba de vivir un nuevo episodio: ayer, el presidente Juan Manuel Santos  dio a entender que desde la Judicatura se estaba tratando de ‘torcer’ el proyecto que cursa actualmente en el Congreso y que plantea su eliminación.

“Hay versiones –y lo digo claramente– respecto a eventuales cortejos a los congresistas con ocasión del trámite de la reforma de Equilibrio de Poderes, que incluye la eliminación de los actuales órganos de gobierno del Consejo Superior. Eso no puede ser y no puede admitirse. Si algo necesitamos, como ya dije, si algo exigimos los colombianos, es la total despolitización de la justicia”, aseguró el primer mandatario durante un acto de firma del decreto reglamentario de la Ley de Alternativas de Financiamiento de la Rama Judicial. Y ha sido la de Troya.

Desde el mismo alto tribunal salieron a reclamarle al jefe de Estado, pidiéndole que dé nombres propios y no se base solo en especulaciones. “Desconozco qué funcionario, qué juez o qué magistrado en concreto está haciendo ese tipo de cortejos que mencionó el presidente. De ser cierto esos supuestos cortejos me preocupan mucho y desde ya anuncio públicamente que esto debería ser investigado por las autoridades correspondientes (…) la denuncia genera reacciones de rechazo por la injerencia indebida en el trámite legislativo”, manifestó el magistrado Wilson Ruiz, presidente de la Judicatura.

A su vez, el presidente de la Sala Administrativa, magistrado José Agustín Suárez, enfatizó que lo primordial ahora es que se conozcan los nombres de las personas, sean funcionarios judiciales o no,  que estarían ofreciendo elementos a cambio a los congresistas para evitar la eliminación de esa corporación. “No creo que el señor presidente cometa ligerezas, la tuvo que haber hecho basado en altísimas fuentes de información, y por eso está en mora de decirle al país como cuando por qué y en qué consistió”, señaló.

Por supuesto, al momento de preguntarles a los congresistas –los otros involucrados en la denuncia de Santos—ninguno ha recibido ni llamadas ni visitas ni mucho menos “cortejos”.  Incluso, Juan David Name, presidente del Congreso, les pidió al primer mandatario y a los ministros del Interior y de Justicia que cuenten qué magistrados y qué legisladores se han reunido a hacer acuerdos para no eliminar al Consejo Superior de la Judicatura. “Que lo digan para que se investigue, porque por ahora se habla de un rumor y eso le hace mucho daño al Congreso y a la justicia. A mí los congresistas me han informado que nadie los ha llamado ni les han ofrecido nada”, aseguró.

El proyecto de Equilibrio de Poderes propone reemplazar el Consejo de la Judicatura por un Sistema Nacional de Gobierno y Administración Judicial, integrado por tres niveles de administración: la sala de gobierno judicial, la junta ejecutiva y el director ejecutivo. Un objetivo que es bien visto, incluso por sectores afines al Poder Judicial. Por ejemplo, para el exmagistrado Fernando Arboleda Ripoll, la crisis que vive la administración de justicia en la actualidad obedece fundamentalmente a que en Colombia “estamos en una situación de autolimitación de la independencia judicial por parte de los propios órganos judiciales y, aún más, delegación de la propia independencia del Poder Judicial”.

En este sentido, agregó, la supresión del Consejo de la Judicatura y la creación de la sala de gobierno judicial que se consigna en el proyecto de Equilibrio de Poderes “es pertinente”, pues de esa manera se podrá hablar “con mucha más propiedad de un autogobierno por parte de un órgano integrado por los presidentes de las cortes, y no de un autogobierno por parte de un órgano que una vez son elegidos por las cortes pierden todo contacto con ellas, pierden todo contacto con el personal que integra a la Judicatura porque no nos llamemos a engaños, uno de los principales factores de crisis fue que nunca halló legitimidad al interior de la propia Judicatura, siempre se le veía como un elemento extraño”.

Lo cierto es que el Consejo Superior de la Judicatura ha sido, casi desde su creación, un escenario de escándalos, además de que han sido muy pocos los resultados mostrados en cuanto a sus tareas asignadas. La historia demuestra que los intentos por acabarlo han fracasado. Y ahora, además de la denuncia del presidente Santos –todavía sin nombres propios--, un mismo magistrado, Néstor Raúl Correa de la Sala Administrativa, reconoció que hubo una sala plena en la que se votó a favor de hacer ‘lobby’ ante el Congreso para dar la pelea por su no eliminación. Fue hace dos semanas y ocho de nueve votaron a favor. Correa fue el único que se opuso: “Hacer ‘lobby’ como tal no es delito, pero un magistrado no hace eso (…) les dije que no hicieran eso, que la única forma de defendernos era hacer bien nuestro trabajo”, contó.

Nadie lo reconoce, pero que ha habido intercambio de favores entre Judicatura y Congreso, los ha habido. Por ahora toca esperar a que arranque la segunda vuelta del trámite del Equilibrio de Poderes, en marzo, y ver qué comportamiento tienen los honorables parlamentarios.