Los perdigones de la detención de Uribe: ¿quién asumirá el liderazgo en el uribismo?

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Los efectos de la decisión de la Corte Suprema en contra del expresidente se podrían sentir de inmediato en su partido, en el Gobierno y en la oposición. Y a mediano plazo se podrá dilucidar si será determinante en las próximas presidenciales.

No hay una decisión judicial en la historia reciente del país que haya generado un revuelo parecido como la medida de aseguramiento en contra del expresidente Álvaro Uribe por parte de la Corte Suprema de Justicia. No se trata solo de una situación sin precedentes, en la que está involucrada la figura de un exmandatario, sino que se toca, justamente, a uno de los más populares de la historia. El transitar político de Uribe ha estado en medio de su alta aprobación en las encuestas, la fundación de un partido político y la construcción de una base ciudadana que lo apoya de manera fervorosa, pero también de fuertes cuestionamientos en el terreno judicial, que se extienden desde los delitos de los que hoy se le acusa (presunto fraude procesal y sobornos a testigos), pasando por entrega de dádivas a cambio de votos en el Congreso para cambiar un artículo de la Constitución y permitir su reelección, hasta “chuzadas” y acusaciones en torno a masacres y relaciones con narcotraficantes y paramilitares.

Es por eso que Álvaro Uribe genera las pasiones más radicales. Sus defensores serían capaces de atravesárseles a las flechas que le caen desde todos los flancos; sus contradictores están dispuestos a llevarlo a los estrados judiciales para verlo condenado. Las cifras también son contundentes, y son el más fiel reflejo de la paradoja que representa. Durante sus ocho años de gobierno (2002-2010) las guerrillas que han operado en el territorio nacional por décadas tuvieron en el Estado colombiano, en el Ejército Nacional y en Uribe enemigos tormentosos que las redujeron, sobre todo a las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc), a una mínima expresión militar. En contraste, esa decidida guerra sin cuartel también fue una fábrica de víctimas que dibujó los picos en las gráficas oficiales y extraoficiales del conflicto armado en Colombia.

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Dicho de otro modo, la política de seguridad democrática —como él mismo la llamó—, que traía tranquilidad a ciertos sectores de la población, reactivaba economías y permitía a los hacendados visitar sus fincas, era, del otro lado de la puerta, el verdugo que les arrebató sus hijos a miles de madres y que, como quedó en evidencia años después —y como si fuese la extensión de un conflicto permanente— dio pie a masacres y desplazamientos que sucedieron frente a los ojos pasivos de las fuerzas estatales. Sin embargo, también hay que decirlo, Uribe no cumplió con su objetivo de eliminar a la guerrilla por la vía militar, por lo que su sucesor en el poder, Juan Manuel Santos, hijo de las entrañas de la élite capitalina, se embarcó en un proceso de paz que —imperfecto— terminó en el desarme de miles de subversivos y en su graduación como enemigo político de quien fuera su mentor.

Los orígenes de ese choque aún persisten y dividen a la sociedad colombiana en “buenos y malos”, dependiendo del lugar desde donde se hable. Los fantasmas con los que se asusta a la población nunca se fueron de detrás de las cortinas, solo que se llaman diferente. Las balas todavía permean las pieles y los corazones de quienes no piensan igual y, a la luz de la casa por cárcel dictada para Uribe, el terreno político del Congreso de la República y la calle tomarán protagonismo en la escritura de la historia. En ese sentido ya hay acciones puntuales, como la propuesta del Centro Democrático, el partido del exmandatario, de impulsar una asamblea constituyente que logre hacer un cambio estructural y profundo en la justicia. A juicio de una de sus promotoras, la senadora Paloma Valencia, las cortes están “politizadas” y ese mal tiene su origen en su misma conformación.

De acuerdo con la congresista uribista, quien por el momento pareciera hacerse cargo de las riendas de la colectividad ante la ausencia obligada de su jefe, se requiere con urgencia la creación de una “supercorte”, un mecanismo que garantice que la elección de los magistrados no esté ligada a la política, y la eliminación de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), que nació precisamente del Acuerdo firmado por el Estado colombiano y las Farc en 2016. Ese camino no solo es complejo en tiempos y en trámite, sino que el mismo presidente Iván Duque, militante del Centro Democrático, ha señalado que lo más conveniente es llevar al Congreso una reforma a la justicia, aprovechando que, en su opinión, hay consenso sobre su necesidad en diversos sectores políticos.

La profesora María Cristina Gómez, de la Facultad de Derecho de la Universidad de Antioquia, considera que hay una contradicción en el llamado a una constituyente por parte del uribismo. En pocas palabras, si la razón de fondo es que la justicia está politizada, la propuesta no es más que una respuesta política y no judicial. “Lo que se plantea es una llamada a seguir politizando la justicia. Quieren que se despolitice, pero una constituyente deslegitima la justicia y llama a los ciudadanos a que no acepten lo que ha determinado”, anota. En ese sentido, trae a colación el riesgo de que no se determine una agenda previa y se abra la puerta a modificar toda la Constitución. “Se podrían reformar los Acuerdos de Paz, la tutela, la garantía de derechos”.

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El Centro Democrático sin Uribe

En todo caso, cualquier intento político deberá sostenerse sobre un piso firme que dependerá del futuro inmediato del partido uribista. Alejo Vargas, profesor de Ciencia Política de la Universidad Nacional, cree que, en principio, “no hay que perder de vista que así siga en detención domiciliaria, Uribe sigue siendo el líder y esa condición no se pierde por eso. Otra cosa es que esté o no en unas listas electorales, pero el liderazgo va a seguir siendo ejercido por él, no hay ninguna duda”. La percepción de Vargas es fácilmente palpable cuando se habla con miembros de la misma bancada uribista. Por ejemplo, el senador Gabriel Velasco, vocero del Centro Democrático, no titubea para decir que el expresidente es y seguirá siendo el líder y que la unción de otra cabeza visible dentro de la colectividad es un asunto que, realmente, no se está discutiendo.

“Por supuesto, hay temas en los que algunas voces tienen más conocimiento. Es normal y natural, pero lo que ahora estamos percibiendo es un acompañamiento cada vez más grande, una solidaridad y un cariño de la sociedad hacia Uribe, hacia su legado y hacia lo que representa. El uribismo está más vivo que nunca y la situación ha generado más cohesión, más cercanía, porque todos consideramos que se ha cometido una injusticia al no permitir que el expresidente se defienda en libertad”, comenta Velasco.

Lo que dice el congresista que ha sucedido en el Centro Democrático en las horas posteriores a la detención de Uribe es, en parte, uno de los puntos que plantea Patricia Muñoz, docente de la Facultad de Ciencias Políticas de la Universidad Javeriana: “Podríamos ver a una serie de líderes que se manifiesten en defensa del expresidente, pero con ideas, argumentos y postulaciones propias. Ya incluso hay precandidaturas presidenciales o excandidatos que regresan a la agenda pública. Eso muestra que hay un fraccionamiento en el uribismo a partir de estos liderazgos”. Esas divisiones internas, agrega, podrían trasladarse al desarrollo de las sesiones en el Congreso que, si bien ya venían afectadas por la pandemia, ahora podrían vivir una polarización mucho mayor.

El representante Édward Rodríguez, del Centro Democrático, contradice a quienes afirman rupturas y señala que la colectividad, aunque nació con el liderazgo de Uribe, también lo hizo sostenida en los preceptos programáticos de la seguridad democrática, la confianza inversionista y la cohesión social, hoy reflejadas en el gobierno de Duque como la legalidad, el emprendimiento y la equidad, respectivamente. “Los que digan que el Centro Democrático se va a morir porque metan preso a Uribe están equivocados. Lo digo porque tenemos que cumplirles a los colombianos con un gobierno de excelencia, por eso hemos rodeado al presidente Duque como partido”, manifiesta el congresista.

Sobre la idea de una constituyente, confirmó que la decisión es apoyar la reforma a la justicia que presente el Gobierno y, por su parte, el equipo de Duque revisará una propuesta, aún no terminada, de constituyente. Para eso está prevista una reunión de la bancada en las comisiones primeras de Cámara y Senado. Rodríguez no cree que lo sucedido con Uribe los afecte en las urnas, por el contrario, está convencido de que se ha producido una “infamia contra una figura del país” y la apuesta es quedarse con la Presidencia en 2022, a través de una nueva generación.

En contraste, el estratega político y analista Miguel Jaramillo pone sobre la mesa que el Centro Democrático es una estructura “uribedependiente”, por lo que la colectividad, en el futuro inmediato, está atada a la vigencia política que pueda tener el exmandatario en medio de sus procesos judiciales. Según Jaramillo, es evidente una fractura interna que está representada por sectores que no comulgan con su funcionamiento y otros que son de la línea del presidente Duque. “Opera el duquismo, que tiene unas facciones propias adentro”, dice.

Ese punto no puede pasar de agache porque será la decisión que tome el primer mandatario la que podría definir el rumbo del partido e, incluso, el del final de su gobierno. “Esta situación representa una oportunidad estratégica en términos de percepción para el gobierno Duque. Sin lugar a dudas se trata de una situación de victimización de un líder que polariza a la opinión y que tiene aceptación, pero genera amores y odios”, agrega Jaramillo, quien no duda en calificar como un “error” los mensajes que ha enviado el primer mandatario desde los afectos personales. En su opinión, más allá de la casa por cárcel para Uribe, la pandemia del COVID-19, la crisis económica generada por esta y la legitimidad de su gobierno, sus pronunciamientos deberían ser de respeto a la democracia, más que las palabras de un admirador.

Alejo Vargas, respecto de este punto, abre una disertación sobre el papel de Duque como ciudadano y como presidente: “Como ciudadanos, ninguno de nosotros —no importa el cargo que se tenga— pierde su condición como tal y tenemos una opinión. Pero en su caso, como jefe de Estado, hay ciertas implicaciones. Comparto la tesis de los que señalan que hasta antes del pronunciamiento de la Corte, no tenía mayor importancia lo que señalaba, así fuera el presidente, pero una vez expedida la decisión, lo recomendable era que él no opinara porque no era lo razonable”.

Precaución en la oposición

Desde la oposición, la mirada también es particular. El senador Jorge Robledo, del Polo, ve un evidente desgaste de la figura de Uribe, que se acentúa con su proceso judicial y que se desarrollará de manera independiente al final que este pueda tener, es decir, a si se le condena o se le declara inocente. “Lo que ha sucedido es un hecho que le representa un desgaste a cualquier dirigente político. Ese desgaste traspasa al Centro Democrático y afecta al gobierno de Iván Duque, Por supuesto, ellos han salido a intentar reducir ese efecto con unas tesis, a mi juicio equivocadas, en donde tergiversan los hechos. La idea de una asamblea constituyente es un error político grande”, anota el legislador.

Otra voz de la oposición, la senadora Angélica Lozano, de la Alianza Verde, advierte que si el presidente Duque cae en “la trampa” del Centro Democrático de llevar al país a una nueva edición de la Patria Boba alrededor de una constituyente, se perderá tiempo en los asuntos más urgentes, como resolver las crisis económica, social y ambiental. “Nos oponemos absolutamente al adefesio de una constituyente, nos opusimos a la que pedían las Farc desde La Habana y nos oponemos a esta, porque lo que hay que hacer es que la Constitución del 91 se cumpla. El país no se puede paralizar frente a un proceso judicial que tiene todas las garantías. Hay que respetar a la Corte y a los ciudadanos”, dice Lozano.

Respecto del impacto político que la detención domiciliaria de Uribe pueda tener, confirma que ya es un asunto con el que el uribismo está poniendo agenda. “Habrá una cohesión, sin duda, entre la agenda política del partido y la de su jefe, en donde él va a dirigir. Sin embargo, me sorprendió que Paloma Valencia fuera la vocera de la constituyente. Por lo general, esa vocería la asumía María del Rosario Guerra. Eso quiere decir que hay un reconocimiento de su liderazgo. La otra opción es que entren en una pelea interna”.

De cara a las presidenciales de 2022, Lozano, aunque es consciente de que falta mucho, admite que la situación de Uribe le dará banderas al Centro Democrático para hacer campaña, pero deberán tener en cuenta hasta dónde les alcanza esa gasolina. Robledo, por su parte, señala que a pesar de que el uribismo apela hoy “al sectarismo y al dogmatismo”, el efecto de la decisión de la Corte Suprema se une a ese deterioro que ha tenido Uribe y que se ha hecho evidente en las recientes encuestas de favorabilidad: “Otro impacto es que no es lo mismo estar en cuerpo presente. La pandemia palidece un poco ese factor, así que faltará ver, cuando todo eso pase, qué tanto afecta a la bancada esa ausencia, En el Centro Democrático no ha habido un liderazgo distinto a él y eso podría generar divisiones internas”.

De hecho, Robledo parece no tener dudas de que lo que ha sucedido con Uribe afectará al candidato al que respalde en las presidenciales de 2022: “Eso no depende ni siquiera de la oposición, porque hay unos hechos: se le acusa de un caso de un acto de corrupción, de violación de la ley, y la Corte Suprema, dígase lo que se diga, es el máximo organismo penal”. De esa postura del senador del Polo se alejan algunos para quienes el juicio de Uribe sí podría definir el futuro político de él y el Centro Democrático. Un final favorable lo sacaría a hombros y podría catapultar su popularidad, al mostrarlo como “mártir” o “víctima de una justicia politizada”, como argumentan hoy sus más firmes seguidores.

Los campos de debate son amplios, y para todos se necesitan verdad, sensatez y argumentos que se alejen de hacer comparaciones sin asideros en la conceptualidad básica del derecho, como el caso de Uribe con el proceso de paz. Todo está a medio escribir y lo que suceda en los próximos meses dará la certeza sobre si la decisión de la medida de aseguramiento podrá ser tan decisiva como el plebiscito de 2016 o si menguará la omnipresencia política de un expresidente, el más popular de las últimas décadas en Colombia, por quien cientos de miles expresan más que simpatía, fanatismo, y hasta se han atrevido a emparejar con Simón Bolívar, como lo dijo Paloma Valencia.

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