Los peros de los candidatos a la Contraloría

Esta semana el Congreso tendrá la obligación de elegir a la persona que ocupará la Contraloría por los siguientes cuatro años.

Los candidatos a la Contraloría: Gilberto Rondón, ternado por el Consejo de Estado; Carlos Ardila Ballesteros, por la Corte Suprema de Justicia, y Edgardo Maya, por la Corte Constitucional. / Archivo

Esta semana el recién posesionado Congreso de la República enfrenta su primera gran decisión: la elección de Contralor General de la República. Una elección, que, como la anterior, se ha convertido en un pulso político de gran envergadura.

El Contralor General de la República es uno de los funcionarios más importantes para el funcionamiento del Estado, pues tiene la misión de velar por el buen uso de los recursos y bienes públicos y contribuir a la modernización de las distintas entidades públicas. Es la máxima autoridad en asuntos fiscales; además su entidad cuenta con una amplia planta de personal y sedes en todo el país lo que, eventualmente, puede convertirse en un gran festín burocrático.

La elección de la cabeza de la entidad se da luego de una nominación que tienen que hacer la Corte Suprema de Justicia, la Corte Constitucional y el Consejo de Estado. En esta oportunidad los tres ternados fueron: Carlos Ardila Ballesteros, Gilberto Rondón y Edgardo Maya.

Pese a que podría parecer un asunto de trámite la elección del nuevo funcionario, también implica un pulso político; de hecho, la elección trajo fracturas al interior de la Unidad Nacional. Durante la pasada campaña a la Presidencia de la República, el expresidente César Gaviria entró a las toldas santistas de lleno para levantar una campaña que se había perdido en la primera vuelta, uno de los éxitos del exmandatario fue unificar las toldas liberales y elevar el apoyo hacia el hoy reelegido Juan Manuel Santos.

Uno de los nombramientos que resultó de esa unión fue el de Simón Gaviria, hijo del exmandatario, como cabeza del Departamento Nacional de Planeación. Sin embargo, el distanciamiento entre Gaviria, padre, y Juan Manuel Santos se dio debido a la elección de Contralor General.

Mientras que el presidente Santos en reuniones con las bancadas del Partido de La U y el Partido Liberal le dio su guiño a Edgardo Maya, César Gaviria expresó su apoyo a Gilberto Rondón. El incidente trascendió las paredes de la casa de Nariño y pese a que Santos y Gaviria se reunieron para discutir el tema, la reunión, en palabras del exmandatario, “empezó como terminó, mal”.

La disputa se resolverá este martes y ganará el que tenga más votos al interior de las bancadas. Sin embargo, el balón ahora está en el campo del Congreso de la República, que tendrá que elegir, en pleno, al sucesor de Sandra Morelli. Como ha sido la constante en los últimos años las elecciones de funcionarios públicos hacen que emerjan señalamientos que apuntan a las ya acostumbradas campañas sucias que se viene registrando en la política nacional haca ya muchos años. Verdad o mentira, lo cierto es que nadie se salva.

Los señalamientos

Carlos Ardila Ballesteros, Gilberto Rondón y Edgardo Maya, son los tres candidatos y las acusaciones que han rondado en contra de cada uno de ellos no son de poco calibre para un personaje que será la cabeza del organismo de control fiscal más importante de la nación.

Carlos Ardila Ballesteros

Carlos Ardila Ballesteros fue ternado por la Corte Suprema de Justicia y quien se retiró antes de terminar su periodo como magistrado del Consejo Nacional Electoral para no incurrir en una inhabilidad. Ballesteros fue Senador y Representante a la Cámara y en su hoja de vida solo tiene méritos políticos.

Entre 1997 y 1998 Ballesteros era el presidente de la Cámara de Representantes, elegido por el Partido Liberal Colombiano. Fue en ese año que Carlos Ossa Escobar, Contralor de la República, cuestionó varios viajes al exterior, patrocinados por la entidad en los que se autorizaron viáticos por 887 millones de pesos. Así mismo, el organismo cuestionó los jugosos contratos de prestación de servicios que se autorizaron desde su presidencia.

En su momento el fiscal y hoy exministro de Justicia Alfonso Gómez Méndez compulsó copias a la Corte Suprema de Justicia para que lo investigara por supuestas irregularidades en el manejo de los contratos de la Cámara de Representantes.

Gilberto Rondón

Rondón, quien es apoyado por el presidente César Gaviria y su candidatura la que desató la ventolera política que por estos días azotó la Casa de Nariño, no está libre de dudas. El pasado 11 de agosto, el portal ‘Las Dos Orillas’ aseguró que el exjefe del Cartel de Cali, Gilberto Rodríguez Orejuela habría dado un anticipo de 150 millones de pesos en efectivo para que Rondón lo defendiera y evitara su extradición.

“Aunque Rondón nunca recibió poderes ni alcanzó a ejercer funciones para actuar en la defensa del jefe del cartel de Cali, si recibió un anticipo de $150 millones en efectivo por el trabajo que debía realizar”, asegura el portal y deja entrever que el abogado boyacense se quedó con el dinero: “Rondón logró convencer a Rodríguez Orejuela que podría realizar gestiones para dilatar su extradición, trabajo con el cual compensaría el anticipo de los 150 millones recibidos. Gilberto Rodríguez aceptó el trato”.

Al rechazar las acusaciones, Gilberto Rondón manifestó que “en cuanto pueda voy a poner esto en conocimiento de la autoridades competentes. Esto no puede ocurrir a ocho días de que el país conozca el nombre del nuevo Contralor. No voy a permitir que mi dignidad sea vulnerada”.

El candidato del Consejo de Estado a Contralor General criticó igualmente al portal ‘Las 2 Orillas’ por “salir a decir esas cosas sin pruebas y decir que es un anónimo. Soy respetuoso de la libertad de prensa, pero si hay acusaciones que lo digan con pruebas”.

“Tengo una idea de quienes están detrás de esto pero sin pruebas no me atrevo a decir nada"; añadió el jurista al insistir que los colombianos y el Congreso “no pueden creer este absurdo”, concluyó en declaraciones a Blu Radio.

Edgardo Maya Villazón

Su candidatura se ha enredado múltiples veces; en un principio la Corte Constitucional lo descartó de la primera lista, sin embargo, al declarar vacía la segunda elección revivió la candidatura de Maya y lo ternó como candidato a la Contraloría. De hecho, el tribunal administrativo de Cundinamarca había suspendido la elección de la Corte, pero más adelante la nominación seguiría en pie.

En una carta que envió la semana pasada la Procuraduría al presidente de la Comisión de Acreditación del Congreso, el organismo de control, reitera las inhabilidades expuestas por los juristas Pablo Bustos y Germán Calderón España en una carta enviada a la Procuraduría.

El primero de esos impedimentos tiene que ver con la edad de retiro forzoso, según la comunicación, de ser elegido este martes cumpliría la edad de retiro forzoso el 24 de julio del 2016, es decir mientras estaría ocupando el cargo de contralor.

Cabe recordar el caso del exmagistrado del Consejo de Estado William Giraldo quien cumplió la edad de retiro forzoso, es decir 65 años, en el 2013 y que obligó al Consejo de Estado a asegurar que “esta corporación judicial acoge como edad de retiro forzoso la edad de 65 años y estima que los magistrados que están en esa edad deben hacer dejación de sus cargos”.

Pero esta no es la única irregularidad que se le señala. El hoy aspirante al cargo, ha contratado con la entidad a la que aspira por lo menos en dos ocasiones durante el 2012 y 2013. Según documentos conocidos por El Espectador (Ver adjunto1) (Ver Adjunto 2)Edgardo José Maya habría contratado con la Contraloría en el 2012 y 2013 para asesorar de forma jurídica a la entidad.

El primer contrato (22 de junio del 2012) los servicios del jurista son requeridos para “la asesoría Jurídica en el análisis y evaluación de políticas públicas al despacho del vicecontralor y de los demás asuntos llevados a su consideración”, el valor de la asesoría es de 72 millones de pesos y fue contratado por 6 meses.

El segundo se hizo en febrero del 2013 y buscaba “asesorar jurídicamente al despacho de la contralora General de la Republica, para desarrollar proyectos, metodologías y estrategias de control fiscal que se requieran para el cumplimiento del plan estratégico 2010-2014”, El acuerdo iba firmado por ciento treinta y cuatro millones de pesos y su ejecución terminaba el 31 de diciembre del 2013.

Retomando las advertencias realizadas por la Procuraduría, la entidad asegura que “uno de los ternados (Maya Villazón) ha ocupado cargo público de orden nacional en el año inmediatamente anterior a esta elección, dicha inhabilidad se concretaría por haber sido conjuez de una alta corte”.

Al respecto, el periodista Daniel Coronell reitera en una de sus columnas que “varios de los magistrados que votaron por la nominación de Edgardo Maya le deben favores. Alberto Rojas, cuya elección también fue anulada por el Consejo de Estado, fue subalterno de Maya a quien hoy nómina. Rojas en una de sus últimas actuaciones en la Corte Constitucional votó para nominar a la Contraloría a quien lo nombró procurador delegado para asuntos civiles, viceprocurador y lo encargó de las funciones de procurador general”.

Y agrega que: “el saliente Rojas no es el único magistrado de la Corte Constitucional que ha recibido nombramientos de Edgardo Maya. El magistrado Gabriel Eduardo Mendoza fue nombrado por él como procurador delegado ante el Consejo de Estado y también como viceprocurador encargado. Por último, (…) el magistrado Jorge Pretelt. La esposa de Pretelt, Martha Ligia Patrón, fue nombrada procuradora judicial por Maya en el año 2002”.

A juicio del exprocurador Jaime Bernal Cuellar en declaraciones a El Espectador ser conjuez durante el año anterior no inhabilita al aspirante pues “un conjuez es un particular que ejerce función pública de manera transitoria y su responsabilidad penal o disciplinaria, sólo tiene relevancia en relación con el ejercicio de la función, es decir para ese caso y durante ese tiempo”.

A su turno el exmagistrado de la Corte Constitucional, Alfredo Beltrán la labor de conjuez es coyuntural, “que no lo compromete en funciones distintas para la cual fue designado. Dicho de otra manera, el conjuez no se vincula al Estado ni como empleado público, ni como trabajador oficial según lo dispuesto por el artículo 123 de la Constitución Política, sino que es un ciudadano particular que ejerce de manera temporal o transitoria y para un asunto determinado una función jurisdiccional”.

El Congreso tiene este martes la decisión en sus manos, la Procuraduría reconoció que no puede emitir un concepto al respecto, pues la elección le compete al Congreso y la nulidad a la Jurisdicción Contenciosa Administrativa; Sin embargo, advirtió que “elegir o nombrar a pesar de la existencia de una inhabilidad puede dar lugar a la realización de una falta disciplinaria gravísima”, lo que puede llegar a acarrear una destitución en el futuro.

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