Los peros a la reforma de la justicia militar

El Ministerio de Defensa insiste en que la modificación permitirá mayor protección para las víctimas y no va a generar impunidad.

El Ministerio de Defensa presentó el proyecto de ley en 2013./ Archivo. El representante Alirio Uribe e un crítico de la reforma./ Gustavo Torrijos

Los tres intentos de reformar la justicia penal militar han llevado a cuestas la crítica de que los crímenes cometidos por miembros de la Fuerza Pública se quedarían en la impunidad. En la mañana de hoy se realiza en el Congreso una audiencia para rechazar el proyecto de ley 085/13, que impulsa el Ministerio de Defensa, una propuesta que ya pasó los dos debates en el Senado y se alista para el tercero en la Cámara. La cartera en cabeza de Juan Carlos Pinzón insiste en que las modificaciones son necesarias para mejorar el sistema y que de ningún modo se pretende generar impunidad. El debate está planteado.

La audiencia pública, que empieza a las 8 de la mañana, busca poner sobre la mesa los posibles impactos de este proyecto para las víctimas y su derecho a la verdad y la justicia. La discusión está impulsada por los congresistas Ángela María Robledo y Angélica Lozano Correa del Partido Verde, Juan Carlos Losada del Partido Liberal, y Carlos Germán Navas Talero, Iván Cepeda Castro y Alirio Uribe Muñoz del Polo Democrático. “Lo que queremos decirle al país es que hay un proyecto de ley que pretende nuevamente fortalecer el fuero penal militar, sin tener en cuenta que los dos proyectos que había antes se cayeron”, sostuvo Uribe.

El representante se refiere al acto legislativo de 2013 que la Corte Constitucional declaró inexequible por vicios de forma y la ley estatutaria frente a la cual este alto tribunal se declaró inhibido. “Entonces, lo que sentimos es que en el afán de dejar en la impunidad los crímenes, lo que hizo el ministerio fue crear un bloque de reformas para ampliar el fuero militar”, agregó. Por su parte, María Consuelo Rodríguez, jefe de gabinete de la cartera de Justicia, señaló que la reforma es necesaria: “Si bien el proyecto es iniciativa del ministerio, es obligado por una ley previa: la 1407 de 2010”. En esta norma se ordena que la justicia penal militar pase al sistema oral acusatorio, que es el mismo que en estos momentos rige a la justicia ordinaria.

“El propósito de esta ley no es ninguno distinto a hacer ese tránsito al sistema penal actual, por eso se van a hacer reformas, como pasó en la justicia ordinaria: creación de una fiscalía general, establecer diferencias entre las competencias de los jueces, qué requisitos tiene que tener un juez para operar”, agregó Rodríguez. Sin embargo, para los críticos de este proyecto de ley no todo es tan transparente como parece.

La mayor reserva se centra en el artículo 8 del proyecto, el cual específica los crímenes que van a pasar a conocimiento de la jurisdicción militar: homicidio, infracciones contra el derecho internacional humanitario, delitos contra la protección de la información y de los datos, delitos contra la fe pública, delitos contra la administración pública —con excepción de los delitos de peculado sobre bienes de dotación, peculado culposo, abuso de autoridad, abuso de autoridad especial y omisión de apoyo—, delitos contra la seguridad pública, delitos contra la seguridad de la Fuerza Pública, delitos contra la población civil y delitos contra la existencia y la seguridad del Estado. Sin embargo, el proyecto de ley excluye de la competencia de la justicia penal militar los crímenes de lesa humanidad, genocidio, desaparición forzada, ejecución extrajudicial, violencia sexual, tortura y desplazamiento forzado.

Alirio Uribe sostuvo que los casos de falsos positivos o ejecuciones extrajudiciales no están tipificados en el Código Penal y los uniformados están siendo procesados por algún tipo de homicidio. De ahí que, según él, si la reforma se aprueba puedan pedir que sus casos los conozca la jurisdicción militar. Lo mismo ocurre con los crímenes de lesa humanidad. “Cuando tú dices que no se aplica para los crímenes de lesa humanidad, pero en otro artículo dices que se aplica para todos los homicidios, no estás excluyendo nada. La ejecución extrajudicial no existe legalmente en Colombia, entonces al decir en un artículo que conoce de todos los homicidios y en otro que no conoce la ejecución extrajudicial, si no está tipificada, no está excluyendo nada, sólo el genocidio y la desaparición está bien”, concluyó.

En la otra orilla, María Consuelo Rodríguez dice que el panorama está más que claro al respecto: “No estamos pensando en hacer una reforma para salvar a quienes cometieron falsos positivos. Siempre hemos estado trabajando en la legitimidad de las operaciones, y que cuando haya muertos en una operación legítima se haga todo el procedimiento respectivo. Pero que no cataloguen que toda persona muerta en combate es un falso positivo, porque eso no es así. Esa es la pelea que estamos dando”. El fiscal militar Neil Rodríguez, por su parte, fue enfático en señalar que “ni con reforma, ni sin reforma, ni nunca, la justicia penal militar conoce, ni conocerá, de los mal llamados falsos positivos, de allí que lo que se quiera a veces enmarcar dentro de ese contexto son casos que no corresponden a lo que quieren significar con ello”.

Otro de los puntos polémicos de la reforma radica en que muchos de los procesos que ahora maneja la Fiscalía y que no hayan llegado a la etapa de juicio podrían pasar a ser de conocimiento de la justicia penal militar. En una carta enviada al Ministerio de Defensa, el director de la División de las Américas de Human Rights Watch (HRW), José Miguel Vivanco, manifestó su preocupación sobre este proyecto y explicó: “El artículo 94 del proyecto dispone expresamente que las ‘nuevas normas de competencia’ establecidas en él se aplicarán a procesos anteriores en los cuales no se haya decretado el inicio del juicio. Hasta el 18 de junio, la Unidad Nacional de Derechos Humanos de la Fiscalía impulsaba 1.907 investigaciones de asesinatos atribuidos a agentes del Estado, afectando a casi 3.400 víctimas, en los cuales no se había iniciado el juicio”. El ministerio respondió a la comunicación y dejó claro que en caso de una colisión de competencias será el Consejo Superior de la Judicatura quien dirima la duda sobre a quién le corresponde trabajar el caso.

La apuesta del Ministerio de Defensa es lograr fortalecer la justicia para sus oficiales sin que en ningún caso se comprometa el derecho de las víctimas. Todo lo contrario, la independencia de la línea de mando frente a los que participan en la jurisdicción es para ellos una muestra de garantías para las víctimas. Aun así, el fantasma de una eventual impunidad sigue rondando al proyecto. Una discusión que debe darse con argumentos de parte y parte.

*La propuesta del Centro Democrático

En julio pasado se conoció una controversial propuesta del Centro Democrático para crear un tribunal pro témpore que revise, en última instancia, las condenas proferidas por la justicia ordinaria contra miembros de la Fuerza Pública “por eventuales delitos relacionados con el servicio desde el 1º de enero de 1980”.

El proyecto de reforma constitucional permitiría, además, que todos los policías y militares que hayan sido condenados obtengan libertad condicional mientras el tribunal revisa sus condenas. Asimismo, aquellos que estén siendo procesados serían liberados “provisionalmente”, mientras se resuelve su situación jurídica.

El recién creado partido también propuso el trámite de un proyecto legislativo que ampliaría las competencias de la justicia penal militar.

 

 

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