Los peros a la reforma de la salud

Agremiaciones médicas ven con preocupación el proyecto presentado por el MinSalud. Entretanto, el Distrito sigue aumentando la cobertura de Capital Salud y Caprecom.

Foto: Archivo Particular
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La reforma a la salud presentada por el gobierno nacional ha entrado en la recta final. Desde este martes, y hasta el 20 de junio, las comisiones primeras del Senado y la Cámara de Representantes discutirán el nuevo proyecto de ley estatutaria de la reforma al sector, que antes del 20 de junio debería estar aprobado.

Mientras el gobierno agiliza el proceso en el Congreso, en Bogotá crece la oposición hacia la reforma. El Distrito sigue tomando medidas para fortalecer el control del régimen subsidiado. Precisamente este martes la Secretaría de Salud anunció que 551 mil pacientes afiliados a las EPS Humana Vivir y Solsalud fueron distribuidos entre Capital Salud y Caprecom, Eps del Distrito. “A nosotros nos afecta la reforma porque desde la secretaría estamos luchando directamente contra la intermediación en la salud y la reforma la fortalece. Ya le exigimos a Caprecom y a Capital Salud incrementar la contratación con la red pública y privada. Hemos logrado que Capital Salud y Caprecom incrementen de 21 a 46 los puntos de atención médica” señala Aldo Cadena, secretario de la entidad.

La intermediación en la salud es solo una de las inquietudes que se han planteado desde el Distrito. Mario Hernández, miembro de la Comisión de Seguimiento de la Reforma estructural del Sistema de Salud y Seguridad Social, asegura que la reforma “afecta la red pública hospitalaria porque los gestores de servicios de salud podrán tener integración vertical para prestar servicios básicos, es decir, si un prestador de salud tiene sus propios prestadores privados quiebra todos los hospitales públicos”.

Con esta posición coincide Carolina Corcho, presidenta de la Asociación Nacional de Internos y Residentes (ANIR): “en la reforma no que claro si hay un rubro para el saneamiento de la red pública hospitalaria. Como la mayoría de la población en Bogotá pertenece al régimen contributivo entonces sería necesario contratar con la red privada, afectando la red pública”. Adicionalmente, Corcho prevé consecuencias negativas para los pacientes: “la reforma no elimina las EPS. Ahora se llamarán gestoras, pero sigue pasando lo mismo: el paciente debe pedir una autorización a la gestora para que le hagan un procedimiento. La diferencia es que el riesgo financiero queda en manos del Estado pero las “EGS” siguen direccionando los recursos; deciden a qué hospital se le paga y reciben recursos por administrar las utilidades”.

Pese a que el Ministro de Salud, Alejandro Gaviria, ha reiterado que con la reforma no se restringe el derecho de los ciudadanos a interponer tutelas para acceder a los servicios de salud, Germán Fernández, presidente del Colegio Médico de Cundinamarca y Bogotá, asegura que sí hay una limitación en el derecho a la tutela: “nosotros como federación médica vemos altamente inconveniente cualquier mecanismo que limite la tutela. El Ministerio viene presentando propuestas con el fin de evitar los mecanismos subsidiados. La propuesta dice que no habrá lugar a reclamación por los servicios que no tienen que ver directamente con la salud: como la necesidad de unos pañales o unas toallas. Y hay otro limitante: en la medida en que las EPS (o EGS) no gasten quedan rendimientos para repartirse entre ellas. Simplemente se modifica la destinación de recursos”.

El Ministro de Salud, Alejandro Gaviria, le dijo este diario que no es cierto que la reforma afecte a los 22 hospitales públicos que tiene la capital: “el porcentaje de contratación la Red pública aumenta: sería hasta de 100 por ciento para los gestores que se concentren el régimen subsidiado. Además la reforma plantea formalizar casi 250 mil trabajadores de la red pública de todo el país. Esta iniciativa implica recursos adicionales para los hospitales del Distrito”. Gaviria agrega que “uno de los capítulos nuevos es sobre Atención Primaria en Salud y Salud Pública; otro, sobre recurso y talento humano, el cual busca que la oferta de especialidades médicas aumente de manera sustancial en el país; y otro, que plantea un nuevo régimen para los trabajadores de las Empresas Sociales del Estado”.

Lo cierto es que en las últimas modificaciones a la reforma queda establecido que se elimina la integración vertical (EPS dueñas de hospitales o clínicas) para los hospitales privados. En ese caso, EPS privadas como SaludCoop no podrían administrar toda una red hospitalaria. En teoría, la liquidez de los hospitales debería mejorar porque los recursos se girarían directamente desde el nuevo fondo público (Salud Mía). Sin embargo, de acuerdo con la presidenta de Anir: “lo que hace la reforma es cambiar el fondo Fosyga por Salud Mía, fortaleciendo la intermediación”.