Los planteamientos de los promotores del No, que no son uribistas

Los miembros del comité promotor ‘Mejor No’, Jaime Castro, Hugo Palacios, Hernando Yepes y Pedro Medellín, plantean serios cuestionamientos sobre la implementación del acuerdo final con las Farc. Su principal preocupación: la Constitución.

Dejando claro que la votación del plebiscito es un claro mensaje de los ciudadanos que no están de acuerdo con lo acordado entre el Gobierno y  las Farc en La Habana, los miembros del comité promotor del voto por el No –ajenos al uribismo- Jaime Castro, Hugo Palacios, Hernando Yepes y Pedro Medellín presentaron un documento en el que plantean dudas sobre el Acuerdo Final y sostienen, entre otras cosas, que debe dejarse claro si el interés es blindar este acuerdo o blindar la Constitución.

Las preguntas no son de poca monta. Por ejemplo, plantean si el acuerdo es tomado como un tratado internacional y será incluido en el bloque de constitucionalidad ¿los negociadores hicieron, desde La Habana, las veces de Asamblea Constituyente?

Frente a este panorama, preguntan, si con el triunfo del No y la renegociación que se está dando con este sector, ¿las modificaciones tendrán el mismo valor?. También, con el anuncio de los diálogos con el Eln, preguntan si lo que se acuerde con ellos tendrán la misma concesión de incluir en el bloque de constitucionalidad un acuerdo.

Con estas preguntas lanzan el principal argumento de su negativa a apoyar el plebiscito para refrendar los acuerdos de paz. Que es la pregunta más clara que le hacen al Gobierno, en especial al jefe negociador Humberto de la Calle Lombana. ¿Prefieren blindar el Acuerdo Final de Paz o prefieren blindar la Constitución? En ese escenario dejan planteadas sus críticas.

El argumento por el cual plantean esas inquietudes parte del planteamiento de las Farc según el cual “los acuerdos a que llegaran con el Gobierno tendrían el carácter de Acuerdos Especiales, y podrían ir más allá de lo humanitario y se agregarían a la Constitución”. Esto quiere decir que se tratarían como artículos adicionales, con la misma jerarquía y valor.

Y plantean una de las críticas argumentadas al contenido del acuerdo: “Por razones que nadie o muy pocos conocen, los negociadores del gobierno aceptaron y el Congreso incorporó al Acto Legislativo 1 de 2016, la exigente petición de las Farc”.

Agregaron que “expresamente dispusieron que el “Acuerdo Final constituye un Acuerdo Especial en los términos del artículo 3 común a los Acuerdos de Ginebra… ingresará en estricto sentido al bloque de constitucionalidad para ser tenido en cuenta como parámetro de interpretación y referente de validez de las normas y leyes que implementen”.

Pese a esta intención de blindar el acuerdo, aseguran los juristas Jaime Castro, Hugo Palacios, Hernando Yepes y Pedro Medellín, señalan que el pueblo, en ejercicio de su soberanía, no impartió esa ratificación democrática, que, también esperaban, produciría importante efecto jurídico: legalizaría su audaz creación. La ciudadanía en efecto, no refrendó, ni aprobó, ni apoyó el texto sometido a su consideración. Tampoco ordenó que rigiese el acto legislativo 1 de 2016.

Con estos argumentos jurídicos advierten que el acuerdo final firmado entre el Gobierno y las Farc es “simplemente un documento político, que puede y debe implementarse mediante la expedición de las leyes y reformas constitucionales que exija el cumplimiento de sus apartes que demanden esa formalidad, todo de acuerdo con lo que prevea nuestra Carta Política”.

Por eso rechazan enfáticamente la declaración del negociador de las Farc, Pastor Alape, quien afirmaba que el acuerdo tiene un innegable e irrevocable efecto jurídico. La explicación es clara:           El Acuerdo es la plataforma política y programática del partido que crearán las Farc. Por eso buscan que haga parte de la Constitución que todos debemos acatar y cumplir.

Por eso lanzan otro argumento de fondo. “Los partidos deben tener plataforma y programas que orienten su actividad política y gubernamental, pero no es válido que uno de ellos consiga que su plataforma y programa sean norma jurídica que obligue a los demás partidos”.

En medio de un debate polarizado entre quienes votaron No al plebiscito, frente a los que lo respaldaron, que en la arena política se ha reflejado en la puja del uribismo y los miembros de la Unidad Nacional del presidente Juan Manuel Santos, lo que menos se ha visto son argumentos. Por eso, los juristas que en su momento conformaron el comité promotor ‘Mejor No’, plantean: acá están nuestras tesis, debatamos.
 

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