Los proyectos que podrían hundirse por la crisis del coronavirus

Serían más de 60 las iniciativas afectadas por el cese de actividades para contener el virus. Entre ellas, la cadena perpetua para violadores de niños, los pliego tipo y la prohibición del plomo.

Laura Angélica Ospina - @LaurisOspina
20 de marzo de 2020 - 07:00 p. m.
En el Congreso hay propuestas para sesionar virtualmente.  / Gustavo Torrijos
En el Congreso hay propuestas para sesionar virtualmente. / Gustavo Torrijos

Los efectos del coronavirus llegaron al Congreso de la República. El inicio del segundo periodo de la legislatura 2019-2020 se vio interrumpido cuando Lidio García, presidente del Senado, suspendió el 16 de marzo las sesiones que se reanudaban ese día, con el fin de contener el virus. La medida sanitaria va hasta el 12 de abril, y es completamente necesaria y sensata, teniendo en cuenta que en ese edificio circulan semanalmente entre 4.000 y 5.000 personas. Sin embargo, no tuvo que pasar mucho tiempo para que los parlamentarios pensaran en el daño que el cese de actividades genera en la agenda legislativa.

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Prevenir el contagio es lo crucial en este momento. Sin embargo, es inevitable para el mundo político reconocer que el coronavirus golpea los proyectos que desde hace meses iniciaron su trámite en el Capitolio y que muy seguramente se hundirán por cuenta del aplazamiento; es decir, por falta de tiempo para ser discutidos. De hecho, así se lograra sesionar virtualmente, como varios legisladores propusieron, veinte días de retraso (si deciden no prorrogar las suspensión legislativa) ponen en riesgo más de sesenta iniciativas que debían ser consideradas en este periodo.

Muchas de ellas se han vuelto relevantes porque, además de estar en la agenda del Congreso, se impusieron en la agenda pública. Ese es el caso de la propuesta de cadena perpetua revisable para violadores y asesinos de menores. El proyecto iba a surtir su segundo ciclo de discusión, aunque no tiene muchas esperanzas de culminar con éxito su trámite. Este es un acto legislativo; es decir, una iniciativa que busca modificar la Constitución (en específico, el artículo 34, que prohíbe la prisión perpetua).

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Entonces, si se reanudan las sesiones a mediados de abril, a esa enmienda le quedarían solo ocho semanas para continuar con su tránsito y que se realicen los cuatro debates que le hacen falta (dos en Cámara y dos en Senado). El tiempo estaría muy apretado y no se haría realidad. Eso mismo pasa con otro ejemplo de reforma constitucional y es la iniciativa que busca crear una región metropolitana de Bogotá y Cundinamarca. Aunque al proyecto le faltan también cuatro debates y su creación se daría “con el fin de garantizar la ejecución de planes y programas de desarrollo integral y la prestación oportuna y eficiente de los servicios a su cargo, dentro de las condiciones que fijen la Constitución y la ley”, las cuentas simplemente no están a su favor.

Así se fueran a sesiones extraordinarias para reponer el trabajo perdido en este momento, las reformas constitucionales, por asuntos técnicos, simplemente no se podrían discutir en ese lapso. Así lo explicó Gregorio Eljach, secretario general del Senado: “El periodo para modificaciones de la Constitución que estén en tránsito terminaría el 20 de junio (día que acaba esta legislatura). Entonces, no se podría trasladar a la época de receso (es decir, a extras), porque no cumpliría con el requisito de que en un mismo periodo tenga sus ocho debates en una sola legislatura y, por lo tanto, se archiva”, dijo.

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Para Juanita Goebertus, representante de la Alianza Verde y una de las autoras del proyecto de la región metropolitana de Bogotá y Cundinamarca, la incertidumbre con estas enmiendas no deja que la institucionalidad funcione ni les permite ejercer control político en este momento de estado de emergencia, decretado por el presidente Iván Duque. “Se debilitarían muchísimo el Estado de derecho y el sistema de separación de poderes. Los proyectos de este periodo dependen de que, en efecto, tengamos un Congreso que funcione en estas nuevas circunstancias, de manera virtual, por la democracia y la salud pública”, reafirmó.

Goebertus se refiere, igualmente, a proyectos ligados a la Consulta Anticorrupción de 2018, que todavía sobreviven en el Capitolio, como es el de pliegos tipo, que busca asegurar que haya transparencia en los procesos públicos de contratación y que garantice la diversidad de participantes en las licitaciones. Aunque a finales de 2019 fue aprobado en último debate, para esta legislatura estaba pendiente su conciliación. Ahora, su porvenir podría ser favorable porque este es un tema que el Gobierno también ha impulsado y eso es clave para lograr un espacio en la discusión, dado que si se convocan sesiones extraordinarias, “el Ejecutivo decide cuáles se debatirán en ese periodo”, comenta Mauricio Toro, representante de la Alianza Verde.

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Otro proyecto que va a medio camino es el de la senadora conservadora Nadia Blel, que busca implementar medidas para prevenir la contaminación ambiental e intoxicaciones por plomo en el país. La propuesta está pendiente, aún, de su último debate y posteriormente la conciliación. Blel logró, en junio de 2019, que se prohibiera el uso del asbesto, un material también dañino para el ambiente y la salud de las personas, por lo que, dependiendo de las prioridades que considere el Congreso, habría expectativa de si el del plomo tiene éxito o no.

Ahora, el panorama para dichos proyectos podría cambiar: como se dijo en este diario, este sería el Congreso que tramite las reformas política, electoral y a la justicia, y en perspectiva, la laboral, pensional y a la salud. De manera que si el Gobierno, durante esta coyuntura sanitaria, decide embarcarse en alguna de estas iniciativas de envergadura, las demás quedan casi que anuladas, pasando a un segundo plano en la conversación legislativa. En ese sentido, hasta el periodo de extras estaría dedicado a sacar viento en popa alguna de las grandes modificaciones que también necesita el país. En ese contexto, la preocupación por no sesionar crece.

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“En caso de que no se logre sesionar, el daño sería muy grande para el desarrollo del país, y los cambios estructurales de justicia, salud, laboral y pensiones se verían retrasados. Por eso hay que rodear la figura del presidente, para que, aprovechando los poderes extraordinarios que adquirió, pueda expedir normas que no solamente sirvan de “antivirales”, sino que tengan vocación de permanencia y que así lo interprete el legislativo cuando reasuma funciones”, puntualizó al respecto el senador uribista Gabriel Velasco.

Por Laura Angélica Ospina - @LaurisOspina

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