Cinco proyectos de ley en pro de la bicicleta

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A raíz del debate de alto calibre sobre accidentalidad, muerte de ciclistas, robo de bicicletas y promoción de su uso en ciudades como Bogotá, estos son algunos de los proyectos más importante que cursan en el Legislativo y que tienen a la bici en el centro.

Las imágenes del pasado 11 de octubre que mostraban a un furgón atropellando a un ciclista que iba cruzando un puente en Chía (Cundinamarca), lanzándolo al vacío y causándole la muerte se convirtieron en prueba innegable de lo que sucede a menudo en las carreteras del país: ciudadanos que se movilizan en sus bicicletas, en evidente desventaja frente a otros vehículos. De esa realidad también hace parte la inseguridad que a diario viven los ciclistas que circulan por las calles de las ciudades del país, en especial Bogotá.

El Boletín Mensual de Indicadores de Seguridad y Convivencia de Bogotá, de septiembre de 2020, indica que, en lo corrido de este año, el hurto de bicicletas en la capital ha tenido un incremento del 36 % respecto del año pasado y en algunos meses los casos reportados casi que doblan las cifras de 2019. Por ejemplo, en mayo de este año se registraron 1.177 robos de bicicletas frente a 629 en 2019.

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Sobre ese factor está la lupa de la opinión pública si se tiene en cuenta que muchos ciudadanos optaron por convertir la bicicleta en su medio de transporte durante la pandemia del nuevo coronavirus y la promoción que, desde la Alcaldía de Bogotá, se hace para incentivar su uso. El Congreso no es ajeno a ello y son varios los proyectos que hacen su trámite para mejorar las condiciones de seguridad de los ciudadanos que han decidido transportarte en bici. Estos son algunos.

Registro de bicis

A falta de un debate, se hundió en la legislatura pasada, pero fue radicada nuevamente en Cámara una iniciativa que busca “crear medidas para la protección y seguridad de los ciclistas, que permitan el tránsito y uso seguro de la bicicleta en el territorio nacional”. El proyecto pretende crear el Registro Único Nacional de Bicicletas (RUNB) para condensar información sobre bicis y propietarios, así como su procedencia y las partes de la misma. Ese registro se incorporará al Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT).

El proyecto de ley obligaría a los comercializadores de bicicletas nuevas a registrarlas en dicho sistema y servirá para constatar la identidad de quien ha sido registrado como propietario de bicicletas y partes y suministrar la información a las autoridades competentes acerca de estos.

Obligación de conocer derechos de ciclistas

Para el representante Rodrigo Rojas Lara, uno de los grandes problemas alrededor de la accidentalidad y la muerte de ciclistas es la falta de conocimiento sobre la normativa que rige para este tipo de vehículos. De hecho, es común que muchos conductores amenacen con sus carros a los ciclistas que ocupan carriles de las calzadas cuando la Ley 1811 de 2016, conocida como la Ley de la Bici, los habilita a ocupar un carril.

En ese sentido, Rojas Lara radicó un proyecto que está ad portas de tercer debate que establecerá que para obtener licencia de conducción sea obligatorio conocer los derechos de los ciclistas. Intentará que los cursos que hacen los ciudadanos para tener las licencias para manejar carros, camiones y motos se incluya un acápite obligatorio sobre “la normatividad de seguridad en la vía para los usuarios de la bicicleta”.

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Por un sistema público de bicicletas

Como una especie de colchón para el desarrollo del artículo 4 de la Ley 1811 de 2016, fue radicado en la Cámara el proyecto 091 de 2020, que buscará definir los “los lineamientos para la elaboración de la política pública del sistema de bicicletas público (SBP)”. Según el ponente de la iniciativa, representante Wilmer Leal, el proyecto consiste en la promoción del uso de la bici, la reducción de emisiones de CO2 y la prevención a través de la salud pública.

El objetivo, dice Leal, es que los municipios del país tengan las herramientas para implementar sistemas públicos de bicicletas que también puedan estar integrados a otros sistemas de transporte. Estos sistemas de bici deberán tener en cuenta factores locales, como densidad de la ciudad, topografía, clima, infraestructura y cultura. De hecho, la Ley 1811 de 2016 habla de que sistemas como Transmilenio o el Metro de Medellín cuenten con estacionamientos para bicicletas o adecuarse para permitir el ingreso de bicis en las cabinas de los vehículos.

Bici-inclusión

Este tal vez sea el proyecto que más tiene que ver con situaciones como las sucedidas en Chía. El senador Ciro Ramírez, del Centro Democrático, radicó un proyecto para que, desde los ministerios de Transporte, Ambiente, Deporte y el Departamento Nacional de Planeación, se generen estrategias para la inclusión de la bicicleta. En pocas palabras, que los proyectos de infraestructura, por ejemplo, tengan un enfoque de bicicleta y en ciudades con más de 50.000 habitantes los planes de ordenamiento territorial contemplen la bici como medio de transporte su uso sea tenido en cuenta en infraestructura y conectividad. Eso debe incluir ciclorrutas y biciparquaderos.

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Producción nacional de bicis

Por último, cursa otro proyecto que busca crear exenciones tributarias “sobre las partes, repuestos y elementos de seguridad para la reparación, fabricación, ensamblaje y uso de bicicletas, monopatines, bicicletas con asistencia eléctrica y patinetas que se fabriquen, ensamblen y reparen en Colombia, con el fin de estimular la producción nacional”.

La propuesta agregará al Estatuto Tributario que elementos como marcos, cascos, pedales, luces, focos, reflectivos, guayas, llantas, timbres que son destinados como insumos y complementarios para la fabricación, ensamblaje y uso en producción nacional de bicicletas, patines, bicicletas con asistencia eléctrica, monopatines y patinetas queden dentro de la lista de bienes que no causan impuesto.

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