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Este lunes 20 de julio, tras la instalación de las sesiones ordinarias del Congreso de la República para la legislatura 2020-2021, la bancada de senadores del Partido Liberal radicó un proyecto de acto legislativo de reforma política que, según explicaron, apunta a combatir uno de los males endémicos del sistema colombiano: la corrupción electoral.
La iniciativa tiene cuatro ejes fundamentales: plantea la alternancia entre las listas cerradas y el voto preferente, es decir, en un periodo operará un mecanismo y el siguiente periodo el otro, de manera sucesiva. Asimismo, las primeras elecciones a partir de la promulgación de la reforma se realizarán con lista cerrada, la financiación de las campañas será preponderantemente estatal, se creará un tribunal especializado en asuntos electorales y se congelarán los salarios de los altos cargos del Estado.
Frente a lo de las listas cerradas y bloqueadas, el Partido Liberal considera que es una medida útil para devolver a los partidos y movimientos políticos disciplina programática. “Se debe atacar la relación clientelar que predomina en el sistema electoral, así como la personalización de la política que ha sido estimulada por el voto preferente. Actualmente la competencia electoral no es entre unos cuantos partidos sino entre miles de candidatos”, señala el texto del acto legislativo en su exposición de motivos.
En cuanto a la financiación estatal de las campañas políticas, los senadores liberales consideran que ello desestimula el ingreso de recursos ilícitos a estas, devuelve autonomía a los candidatos respecto de los donantes privados y abarata los costos de las campañas, lo cual representa una apertura importante para que ciudadanos que no cuentan con grandes respaldos financieros puedan ejercer el derecho a ser elegidos.
“Algunos de los problemas que se desprenden de la financiación de campañas electorales con recursos de origen preponderantemente privado, tienen que ver con la disminución de la autonomía de los candidatos frente a los donantes, y la posibilidad que en algunos casos el origen de estos recursos sea ilegal”, advierte el citado documento.
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El tribunal electoral que se propone, integrado por siete magistrados elegidos mediante concurso de méritos, parte de diferenciar la administración de las elecciones y el control de las organizaciones políticas, por un lado, y la resolución de las controversias electorales, por el otro.
“Lo primero debe ser resorte de una autoridad administrativa, mientras lo segundo de una autoridad jurisdiccional. La creación de un tribunal electoral especializado que resuelva en primera instancia al interior de la jurisdicción contencioso administrativa los asuntos relacionados con lo electoral, brinda iguales garantías a todas las fuerzas políticas y materializa para la ciudadanía el derecho a elegir y ser elegido. Del mismo modo, garantiza independencia, aumenta los controles para evitar la corrupción, facilita los controles ciudadanos y aumenta las capacidades institucionales”, enfatiza el proyecto.
Por último, sobre el congelamiento de los salarios de los altos cargos del Estado, el Partido Liberal considera que uno de los grandes problemas del país tiene que ver con la desigualdad en el ingreso y la mayor desproporción entre el salario de los congresistas, los altos funcionarios y el salario mínimo. La propuesta es congelar por un periodo prudencial la formula a través de la cual se reajusta la remuneración mensual de aquellos que devenguen más de 20 Salarios mínimos legales vigentes, incluyendo ministros y magistrados de las altas cortes, y quienes administran los recursos parafiscales.
“Es una propuesta lógica, por cuanto actualmente el artículo 187 de la Constitución Política acoge una fórmula de crecimiento basada en el aumento promedio de los servidores públicos de la administración central, sin considerar que los congresistas y algunos funcionarios públicos reciben por vía legal y constitucional, asignaciones que no tienen ningún techo”, concluyen los legisladores liberales.