Los rastrojos de las Farc

Guerrillas, Bacrim, crimen organizado y pandillas se mezclan e invaden las ciudades, a falta de respuesta integral del Estado. Hay que anticipar el post-conflicto —y negociar en consecuencia en La Habana— para evitar el caos que experimentó Centroamérica.

Fronteras borrosas

Frente a la pregunta de quiénes lo estaban extorsionando, hace poco un ciudadano contestó: los “rastrojos de las Farc”. Curiosa respuesta. Pero tal vez no se equivocaba tanto: hoy todos los grupos delincuenciales —con pretextos ideológicos o sin ellos— se dedican a esta y a otras actividades ilegales, que cada vez afectan más la seguridad ciudadana, especialmente en los grandes centros urbanos.

Las diferencias entre las “organizaciones armadas al margen de la ley” y las demás fuentes de delincuencia son tan sutiles que los ciudadanos ya no saben quiénes están detrás de cada delito. Y una estrategia de seguridad urbana debe enfrentarse a un complejo entramado donde se mezclan la delincuencia común, el crimen organizado y los grupos armados al margen de la ley.

Por eso en Colombia ya no es posible distinguir claramente entre seguridad nacional y seguridad ciudadana, como si la primera se viera amenazada sólo por el narcotráfico, los grupos guerrilleros y los neo-paramilitares (ahora rebautizados con el eufemismo de Bacrim), y la segunda lo fuera por la delincuencia común y por simples problemas de convivencia.
Inclusive resulta difícil distinguir entre las formas de actuar de los distintos grupos delictivos. Cada vez más ciudadanos sufren la extorsión, el sicariato, el microtráfico o narcomenudeo, que realmente es narcotráfico local en toda regla y que ha crecido en las principales ciudades.

Organización racional y efectiva

La situación de Colombia se parece a la de algunos países centroamericanos después del fin de los conflictos armados, donde “maras”, delincuentes comunes, exguerrilleros, expolicías y exmilitares se dedicaron a extorsionar, al comercio de armas ilegales, al narcotráfico, al contrabando y a la trata de personas. La extorsión —aceptada por todos los ciudadanos —se llama “la renta” en Honduras e “impuesto de guerra” en Guatemala. La pagan sagradamente, como si fuera un impuesto más.

El sicariato se ha convertido en la principal modalidad de asesinato en Colombia: en las principales ciudades más del 50 por ciento de los homicidios se produce bajo esta modalidad. Una práctica que “soluciona” problemas de diversa índole: ajuste de cuentas entre delincuentes de todos los pelambres, infidelidades, cobro de deudas, diferencias ideológicas, enemistades, problemas de convivencia.

Atrás quedó esta práctica como método exclusivo del narcotráfico y del crimen organizado para resolver sus conflictos internos. Como dicen algunos investigadores, hoy resulta fácil mandar asesinar y que el crimen quede impune: solo hay que indicar en el contrato que a la víctima “le peguen más de tres tiros”, para que las autoridades lo consideren un ajuste de cuentas entre delincuentes u otra excrecencia del crimen organizado. Esos casos no se investigan en profundidad, y la gran mayoría de ellos se queda en la impunidad.

En fin, el crimen organizado está instrumentalizando y profesionalizando a las pandillas en los barrios, para delegarles el cobro de la extorsión, la distribución y el mantenimiento del negocio de las drogas, la ejecución de los actos sicariales y otras varias actividades. Las pandillas constituyen una formidable organización o “reserva” militar para estas organizaciones criminales.

Autoridades descoordinadas

Mientras la delincuencia se organiza en las ciudades, algunas autoridades de policía y de justicia sostienen que no pueden hacer nada, porque los ciudadanos no denuncian. Pero los ciudadanos no lo hacen porque tienen miedo, porque no confían en las autoridades y solo lo harán cuando les garanticen su seguridad, cuando se vean resultados concretos frente a los delincuentes, cuando se recupere la tranquilidad en barrios, comunas y localidades.
No se puede seguir culpando a los ciudadanos: con o sin denuncia, las autoridades deben actuar.

Los fenómenos criminales se entremezclan, de modo que la intolerancia social, el crimen común y el crimen organizado agravan la realidad - y la sensación- de inseguridad y violencia urbanas. La solución de estos problemas - ya de por sí complejos- exige el trabajo coordinado de las autoridades de seguridad y justicia.

Sin embargo, hoy solo la Policía y unos pocos alcaldes y gobernadores están reaccionando efectivamente frente a estos problemas. Ni la Fiscalía ni los jueces asumen sus responsabilidades o rinden cuentas sobre sus tan escasos resultados efectivos.

De hecho, muchos fiscales parecen actuar más bien como jueces de garantías: no buscan las pruebas que les permiten señalar a los delincuentes ante los jueces. A su vez, algunos jueces parecen abogados defensores, pregonando que los delincuentes no son “un peligro para la sociedad” y otorgándoles beneficios, como la casa por cárcel, desde donde prosiguen sus actividades criminales y se fugan cuando les viene en gana.
¿Cuánto más hay que esperar para que los funcionarios de la justicia cumplan sus funciones y ayuden a proporcionar seguridad o a reducir la impunidad? ¿Cuánto tiempo más, para que empiecen a responder por sus resultados? A los jueces ya se les aumentó el sueldo - bajo presión- pero hasta ahora no se observa la menor mejoría.

Retos del Estado

El Estado tiene que enfrentar el problema su integralidad:

• Los fiscales deben asumir su papel de acusadores y dirigir las investigaciones en coordinación con la Policía;

• El Consejo Superior de la Judicatura y sus seccionales deben hacer un seguimiento estricto de los jueces para que cumplan su función de impartir justicia pronta, oportuna y transparente;

• Los jueces, por supuesto, necesitan protección; algunos están amenazados, precisamente por cumplir con su función;

• Las instituciones de seguridad y justicia deben definir conjuntamente una política criminal para hacer frente al desafío de una delincuencia difusa -guerrillas, neo-paramilitares, delincuencia organizada, pandillas, delincuencia común- y que exige por lo mismo soluciones muy complejas;

• El gobierno debe elaborar y llevar a cabo una política integral de prevención de la violencia juvenil, según ordena la Ley de Seguridad Ciudadana que fue expedida a mediados de 2011;

• El Estado debe recuperar el control en los centros carcelarios, para que no se siga delinquiendo desde allá y para evitar la profesionalización criminal de todos los reclusos.

Imaginar el postconflicto

Los retos anteriores van a aumentar con la eventual desmovilización de los miembros de las FARC. Es probable que algunos guerrilleros, frentes o inclusive bloques enteros persistan en sus actividades de narcotráfico, extorsión, secuestro, tráfico de armas y reclutamiento de menores, actividades que para algunos resultarán más atractivas que aquellas que el Estado pueda ofrecerles tras la firma de los acuerdos de paz.

Por eso sería bueno que en La Habana se analizaran escenarios como el que acabo de mencionar, se acordara el manejo que va a darse a quienes sigan delinquiendo y la forma como quienes realmente se desmovilicen y se reintegren a la sociedad contribuirán a mejorar la seguridad ciudadana, en el marco del Estado de derecho.

Dada la confidencialidad de los diálogos, habría que pensar en formas de analizar los vínculos entre las FARC, el narcotráfico y otras actividades ilegales, e incluso reconocer que en sus filas militan hoy unos seis mil niños, niñas y adolescentes, cuya reintegración requerirá un esfuerzo enorme por parte del Estado - sobre la base de la experiencia acumulada por el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF).
Frente a este panorama presente y futuro, es urgente que el Congreso discuta con realismo el fuero militar y las facultades que deben otorgarse a las autoridades de seguridad y justicia para combatir grupos armados delincuenciales, despojados de toda ideología política, pero con una alta capacidad militar.

De no ser así, el Estado tendrá que combatirlos en condiciones desiguales, lo cual aumentara la violencia y la delincuencia en Colombia: no hay que esperar a que los rastrojos de las FARC sean una realidad.

* Sociólogo de la Universidad Nacional, experto en seguridad ciudadana.