"El aislamiento preventivo obligatorio se extenderá hasta el 27 de abril": Iván Duque

hace 6 horas
Asume el cargo el 15 de febrero
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Los recelos que genera Nancy Patricia Gutiérrez como consejera de derechos humanos

Su afirmación de que el Acuerdo de Paz de La Habana era “semifallido” preocupa a las organizaciones de víctimas, pues será ella quien coordine la política integral de derechos humanos en el país donde asesinan a líderes todos los días.

Nancy Patricia Gutiérrez asumirá este 15 de febrero la Consejería Presidencial para los Derechos Humanos. / Óscar Pérez

El pasado 28 de enero, Nancy Patricia Gutiérrez, como ministra del Interior, dijo en un foro que el Acuerdo de Paz firmado con las Farc era “semifallido”. Un diluvio de críticas y reproches le cayeron encima, en un momento sensible para la implementación de lo pactado. Tanto así que el presidente Iván Duque desautorizó sus palabras asegurando que la paz “va por buen camino” y Emilio Archila, consejero para la Estabilización, expresó su satisfacción y orgullo con lo logrado hasta la fecha.

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Tres días después, el 31 de enero, Duque anunció que Gutiérrez dejaba la cartera de la política para asumir la Consejería Presidencial de los Derechos Humanos, desde el 15 de febrero. Ese malabar político tampoco estuvo exento de comentarios pero, sobre todo, de rechazo por parte de líderes sociales, comunales y políticos, defensores de derechos humanos y organizaciones de víctimas, personas y colectivos, que requieren una relación sólida con esa dependencia y no comparten ese nombramiento.

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Una preocupación que, al menos en sectores afines al Gobierno, no tiene asidero: “Es una mujer valiente y trabajadora, que durante toda su vida ha defendido las causas sociales. Tiene una gran interacción con los líderes comunales y viene acercando al Gobierno con las regiones”, aseguró el representante a la Cámara Ricardo Ferro, del Centro Democrático. Igualmente, desde la Corporación Rosa Blanca, organización no gubernamental conformada por exmilitantes de las Farc y dedicada a denunciar los abusos sufridos en sus filas, Gutiérrez es una persona “capacitada” para ese cargo, por lo que esperan que trabaje de la mano con las mujeres víctimas.

Gutiérrez, por su parte, dio las gracias por su nombramiento y le dijo al primer mandatario que es “un soldado de su causa”. Ahora, es claro que medir la gestión de un consejero presidencial es difícil, en principio, porque su rol es asesorar al jefe de Estado, una labor “muy anónima”, según dijo una persona que estuvo en ese cargo. No obstante, tiene otras funciones y por eso es un puesto muy importante. El consejero en esa temática también debe promover, coordinar y liderar estrategias para que el Gobierno aplique una política de derechos humanos y de derecho internacional humanitario (DIH), y debe garantizar que los colombianos accedan a ellos. Todo eso tiene que hacerlo “desde una perspectiva de paz y reconciliación”. Es su obligación.

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En ese sentido, esa persona debe tener un perfil especial. “Se requiere alguien que esté muy ligado a la formación en derechos humanos, que sea sensible al tema, que comprenda todos los compromisos que, en el marco de la transición, tiene con la comunidad internacional, con los países que están atentos a cómo implementamos el Acuerdo”, explica Jean Carlo Mejía, profesor e investigador en derechos humanos y DIH.

Y Nancy Patricia Gutiérrez, aunque es abogada, no tiene formación en derechos humanos y cuenta con poca experiencia tramitando leyes al respecto. Según la hoja de vida colgada en la web de Presidencia, es especialista en Derecho administrativo y hace política desde los 23 años. Fue representante a la Cámara desde 1998 hasta 2006 y, luego, senadora hasta 2010. Dice, además, que priorizó proyectos en temas sociales como “la Ley de Justicia y Paz, el Observatorio de asuntos de género, Ley contra la trata de personas, y Ley de protección social a las víctimas del secuestro”, algunas de las que más se relacionan con la promoción de derechos humanos en el país.

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“De ahí surge nuestra preocupación”, dice Luis Alfonso Castillo, vocero del Movimiento de Víctimas de Crímenes del Estado (Movice). “Además, cuando fue senadora hubo muchos rumores y ruidos sobre ella. Fue investigada por presuntos vínculos con paramilitares de Cundinamarca y si bien no se comprobó nada, creemos que no hay garantías para quienes desarrollamos la actividad de defensa de los derechos humanos con una persona con ese antecedente”, puntualiza.

Y añade que el desasosiego más grande nace de las declaraciones de Gutiérrez frente al Acuerdo de Paz: “Sus manifestaciones han sido abiertamente opuestas al espíritu que necesita el país de favorecer la construcción de paz. Ella hace parte de un partido que le ha declarado la guerra al Acuerdo, que se ha comprometido a hacerlo trizas. Luego hace la declaración de que es ‘semifallido’ y ahora llega a la Consejería. El panorama es complicado. Habría pocas garantías para que ese organismo por lo menos distensione el ambiente de polarización y asesinatos”.

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En términos de protección a la vida, según el último informe trimestral del programa Somos Defensores, de julio a septiembre de 2019 se registraron 183 hechos de violencia contra defensores de derechos humanos, quienes “fueron víctimas de algún tipo de agresión que puso en riesgo su vida e integridad y obstaculizó la labor legítima”, manifiesta el documento. Los asesinatos representaron el 14 %, los atentados el 5 %, y el robo de información, el 2 %.

La Misión de Observación Electoral (MOE) catalogó gravemente el 2020 como el año más letal para líderes sociales, comunales y políticos en los últimos cinco años. Tan solo en enero se contaron 19 asesinatos. En ese mismo mes, en 2019, fueron 16; 18 en 2018, 11 en 2017 y cinco en 2016. Además, dice la MOE, en enero de este año hubo 32 acciones de hostigamiento a personas que lideran procesos sociales y políticos, incluyendo militantes del partido FARC.

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La situación es difícil de digerir para los defensores de derechos humanos, pues la propia Consejería de Derechos Humanos, cuando estaba dirigida por Francisco Barbosa —hace unos meses— negó que haya sistematicidad en estos asesinatos y declaró que el fenómeno ha disminuido. Algo que Dejusticia calificó no solo como “falso, sino alarmante”. Los datos son inquietantes porque la Consejería tiene un cometido más (junto con otras entidades): “Implementar el sistema de seguridad para el ejercicio de la política para que “haya una apertura democrática para construir la paz”, se lee en el Acuerdo.

Con todo eso, los defensores y las víctimas ven con recelo que Gutiérrez tome las riendas de una consejería crucial para ellas. Un líder que está amenazado y que ha sufrido los estragos de la guerra así lo advierte: “Me decepciona y cada vez me duele más. ¿Este Gobierno en qué está pensando? Gutiérrez sale del Mininterior con un muy bajo nivel de protección a los derechos humanos. A mí me parece un desastre y un despropósito que la nombren en la Consejería. Pareciera que al Gobierno solo le interesa tener a sus amigos ahí hablando pasta, porque la política de protección de derechos humanos y las alertas tempranas no se ve que le importen”, enfatizó, pidiendo la reserva de su nombre por seguridad.

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Ahí está el quid del asunto. Las víctimas y los defensores no sienten que Gutiérrez les dé garantías. Pero más allá de su nombramiento, de ser un “escudero” más de Duque, según el docente Jean Carlo Mejía, la Consejería tiene dos problemas: que ni en los periodos presidenciales de Uribe y Santos, ni en el actual, ha impactado fuertemente para cumplir el propósito con el que fue creada; y que la administración Duque no ha mostrado interés en que sea efectiva durante su cuatrienio, según dijeron las fuentes consultadas.

“No es solo esta designación de Gutiérrez, sino también la de Darío Acevedo en el Centro Nacional de Memoria Histórica y que recientemente lo hayan sacado de una importante red internacional de memoria. Y es también Francisco Barbosa, cuyo paso por la Consejería fue triste y de pocas felicitaciones. Ahí hay todo un ejercicio del Gobierno y su partido. Uno esperaría que los funcionarios de primera línea encargados de la implementación tuvieran compromiso y transparencia con sus funciones, pero no”, reitera el vocero de Movice, Alfonso Castillo.

(Más contexto: Francisco Barbosa es el nuevo fiscal general)

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2020-02-12T11:15:27-05:00

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Laura Angélica Ospina - @LaurisOspina

Política

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