Los reparos del fiscal general a la Jurisdicción Especial de Paz

Néstor Humberto Martínez no está de acuerdo, por ejemplo, con eximir a todos los integrantes de las Farc de la extradición. El debate sobre la forma como serán juzgados los actores del conflicto apenas comienza, pero ya se avizoran cambios.

El fiscal general de la Nación, Néstor Humberto Martínez. / Archivo

“Las zonas grises, los vacíos y los silencios van a generar un nuevo conflicto en Colombia que puede ser la génesis de otra forma de expresión de violencia”. Con esta frase, el fiscal general, Néstor Humberto Martínez, definió el contenido del proyecto de acto legislativo de la Jurisdicción Especial de Paz (JEP) que el miércoles fue aprobado en primer debate en la Comisión Primera de la Cámara de Representantes, con 25 votos a favor y ninguno en contra. (Lea: Las recomendaciones del fiscal general a la Jurisdicción Especial para la Paz)

Según explicó el ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, a partir de este mismo jueves, los coordinadores ponentes del proyecto se reunirán con los delegados del fiscal para buscar consensos y así llegar al siguiente debate, en plenaria, con nuevas propuestas. “Hay observaciones que se pueden precisar posteriormente, pero revisaremos muchas de las posturas del fiscal y haremos los ajustes en la medida en que sean necesarios”, refirió. (Vea el especial A CONSTRUIR LA PAZ)

Y es, según Martínez, si bien Colombia necesita una justicia de transición para hacer el cierre definitivo del conflicto armado, tal y como fue presentado el proyecto plantea serios pleitos de competencia entre la jurisdicción ordinaria y el nuevo sistema acordado con las Farc. Es decir, aquel que juzgará a integrantes de la guerrilla, a agentes del Estado y a terceros que hayan cometido delitos con ocasión del conflicto.

Todo indica entonces que, al menos por ahora, la iniciativa no contará con el aval del jefe del ente acusador, pese a ser una de las fundamentales dentro de la columna vertebral de lo pactado en La Habana. Y aunque el Gobierno decidió someter a discusión a partir de hoy los cinco reparos que presentó Martínez en el Capitolio, habrá que ver hasta dónde ceden las partes. Lo cierto es que sólo con su aval —y con el de las Farc, por supuesto— se podrán hacer modificaciones.

Los reparos

Tal vez uno de los asuntos que más levantan ampolla tiene que ver con la forma como se juzgará a los expresidentes de la República. De hecho, uno de los representantes del Centro Democrático le pidió al Gobierno que aclare si “quieren estrenar la Jurisdicción de Paz con el expresidente Álvaro Uribe”. Las conductas presuntamente cometidas por quienes han ocupado este cargo son responsabilidad de la Comisión de Acusación de la Cámara, sin embargo, con la redacción de la JEP —algo que también advirtió el fiscal general— se da lugar a una interpretación diferente.

“Estamos en deber de hacer claridad frente al fuero de los expresidentes”, dijo Martínez, al advertir que en lo pactado sólo se habla de las conductas cometidas en el ejercicio de la Presidencia, mas no de los hechos ocurridos antes o después de ejercida la misma. “Entonces, ¿qué es lo que quieren?”, cuestionó. En su concepto, de no hacerse claridad en el proyecto significaría una confrontación ineludible para el país político que hoy tiene los ojos puestos en la implementación de los acuerdos.

La no extradición de las Farc, también pactada con la guerrilla en Cuba, se convirtió en otro de los caballitos de batalla del fiscal. Para la justicia colombiana es claro que se trata de un instrumento de cooperación jurídica internacional y, en ese sentido, negarse a la posibilidad de extraditar a cualquier integrante de ese grupo sería abrirle las puertas a la impunidad.

Por eso pidió hacer una excepción: que sean extraditables quienes se hayan marginado del Acuerdo de Paz y que únicamente se beneficien los que lo hayan suscrito y que, por supuesto, lo cumplan. “Debe quedar claro que este beneficio frente a personas que han decidido articularse en el narcotráfico no los cobijará, y que sepan que no es solamente la jurisdicción colombiana sino la comunidad de naciones la que los está persiguiendo”, enfatizó.

La JEP, en todo caso, se creó con la finalidad de conocer exclusivamente de delitos relacionados con el conflicto armado. Pero, para Martínez, darle esa exclusividad sin hacer claridad en los tiempos hará inviable que la Fiscalía conozca, en ningún momento, de delitos de esta naturaleza.

Es decir, que no pueda investigar nunca a reincidentes, y “el conflicto en Colombia demuestra un alto grado de reincidencia desde el punto de vista de los desmovilizados”, señaló. Por eso, dijo, se debe dejar claro que ni los testigos falsos (de los que han sido víctimas varios funcionarios en el país) ni quienes no digan la verdad podrán ser cobijados por la JEP.

Y aquí entra justamente el último punto al que se refirió el fiscal general: los delitos cometidos por los guerrilleros. En el Acuerdo de Paz quedó claro que serán beneficiados con este sistema de justicia transicional quienes hayan cometido delitos con ocasión del conflicto hasta el 1º de diciembre de 2016. Es decir, hasta el momento en el que se firmó el acuerdo. Pero “hay delitos que por su naturaleza y tipología se extienden en el tiempo”, indicó Martínez.

Esto quiere decir que, por ejemplo, quienes hayan cometido secuestro y después del 1º de diciembre no hayan dejado en libertad a sus víctimas, estarán incursos en este delito: “Sería mucho más adecuado decir que la JEP conocerá de las conductas consumadas con anterioridad al 1º de diciembre de 2016”.

El debate continúa, pero lo que es predecible es que el Gobierno tendrá que dar su brazo a torcer y darles claridad a estos asuntos que pide el fiscal. Es indudable que, sin su aval a la totalidad del Acuerdo de Paz, implementar lo pactado se convertirá en una batalla jurídica en la que difícilmente saldrá triunfante.

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