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“La Justicia Especial de Paz (JEP) es para sanar las heridas”, dijo el presidente Juan Manuel Santos durante el acto en el que se anunciaron los 51 juristas que conformarán las salas de dicha jurisdicción, que se encargará de juzgar los hechos más atroces cometidos en el marco del conflicto. Pero según las reacciones iniciales, parece que esa sanación de la que habla el jefe de Estado va a tomar un buen tiempo.
No fue sino que se conocieran esos nombres para que desde diferentes sectores comenzara el fuego verbal en contra de algunos de ellos, incluso desde las mismas Farc. Previamente, en un documento enviado por “Jesús Santrich”, uno de los jefes de la exguerrilla, al Comité de Escogencia y la Secretaría Ejecutiva de la JEP, se había advertido, viendo la lista de preseleccionados, que había personas que, supuestamente, no cuentan con las características necesarias para ejercer la función de magistrados de Tribunal o de Sala ni con las establecidas por el Acuerdo Final.
En concreto, la queja de “Santrich” iba dirigida a personas relacionadas con las Fuerzas Militares que aparecían en la lista. Al hacer un cruce entre los preseleccionados y los finalmente escogidos, se encuentra que quedaron tres: Camilo Andrés Suárez Aldana, coronel presidente del Tribunal Superior Militar, quien será magistrado titular en el Tribunal de Paz; Claudia Rocío Saldaña Montoya, quien ha sido Juez de instrucción penal militar desde 1997 hasta el año pasado, quien estará en la Sala de Justicia; y Sandra Rocío Hernández Cruz, quien fue directora del Fondo de Defensa Técnica y Especializada de los Miembros de la Fuerza Pública y es una de las suplentes de las salas de Justicia.
En su comunicación, el exjefe guerrillero habla de conflicto de intereses y falta de imparcialidad relacionados con las Fuerzas Militares y la Policía Nacional. Y alega que lo pactado en La Habana establecía que los criterios de selección de dichos magistrados deberían tener en cuenta la idoneidad ética, imparcialidad, independencia, el compromiso con los derechos humanos y la justicia, la ausencia de conflictos de interés, y el conocimiento del conflicto armado, del Derecho Internacional Humanitario y de los derechos humanos, además de una reconocida trayectoria.
Pero los reparos no solo vienen de la ahora llamada Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común. Desde la otra orilla, el Centro Democrático arremetió, en particular, en contra de Rodolfo Arango, profesor de las universidades de los Andes, Nacional y Externado, excandidato por el Polo Democrático al Congreso en 2014 y seleccionado como magistrado titular del Tribunal de Paz. A través de la red de Twitter, varios senadores uribistas se dieron a la tarea de recordar varios de sus trinos en contra del expresidente Álvaro Uribe.
“Esto piensa uno de los nuevos magistrados de la JEP. No se requiere ningún esfuerzo para conocer sus objetivos”, dijo, por ejemplo, el senador Ernesto Macías. “Grave que muchos magistrados como el doctor Rodolfo Arango no escondan su animadversión al uribismo”, agregó el también senador Jaime Amín. Sus mensajes están acompañados con pantallazos de trinos de Arango en los que dice: “Lo que no queda claro es si De la calle se reunió con Uribe en calidad de sindicado de delitos de lesa humanidad” o “expresidente Uribe se queja de persecución penal por Santos por lo que hicieron en su gobierno. ¿No será más bien retaliación entre bandas?”.
Otros, como el senador Alfredo Ramos Maya, denunció, también en Twitter, que Mirtha Patricia Linares, elegida presidenta de la Jurisdicción Especial para la Paz, ha tenido contratos con el Estado como asesora del Centro de Memoria Histórica, por un monto de $106 millones y por 10 meses. Y el senador y precandidato presidencial del Centro Democrático Iván Duque, aseguró que la JEP ha sido configurada de tal manera que “criminales de lesa humanidad puedan ser elegibles y seguir en los cargos a pesar de sanciones”, que fue diseñada “para que el narcotráfico sea un delito amnistiable (conexo al delito político) si se comete en nombre de la rebelión” y que quedará por encima de otras jurisdicciones, en un claro “conflicto de competencias”.
Era de esperarse que la escogencia de los magistrados de la JEP no dejaría contentos a todos. Y cuando comience a tomar determinaciones, seguramente lloverán aún más críticas. Como dijo alguien cercano al Gobierno, muchos como que le tienen miedo a la verdad, sobre todo aquellos que han sido Estado, incluso, más quer los mismos guerrilleros.