Iniciativa sería impulsada por María del Rosario Guerra

Los riesgos del intento uribista contra la interrupción del embarazo

Noticias destacadas de Política

Con un proyecto buscarían que sea obligatorio que las mujeres tengan en cuenta el “concepto del padre” a la hora de abortar, excepto en caso de violación. Y aunque no está radicada en el Congreso, sobresaltó a quienes protegen los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, pues intenta reabrir un debate que niega la capacidad de decisión y libertad de ellas.

“Una pérdida de tiempo”. Con esa frase los colectivos y las feministas que trabajan por los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres catalogaron la propuesta del Centro Democrático, que buscaría tener en cuenta la opinión del hombre sobre la decisión de una mujer de interrumpir voluntariamente su embarazo, excepto cuando este sea producto de una violación. Si bien el proyecto aún no ha aterrizado en el Congreso de la República, la sola intención del partido uribista de tenerlo en cuenta para presentarlo en los siguientes 12 meses de trabajo sobresaltó a quienes protegen y han luchado por la libertad del género femenino.

(Lea: Las perlas que trae la agenda legislativa del Centro Democrático)

La discusión sobre el aborto es rancia. Sin embargo, cobró vida nuevamente por estos días porque es parte de los 140 proyectos que el Centro Democrático desarrollaría en la nueva legislatura, como lo registró El Espectador. En el listado oficial de la colectividad aparece que su autora sería la senadora María del Rosario Guerra y en el documento se lee que la iniciativa se denominaría “ley Juanse, por medio de la cual se desarrollan los derechos y los deberes de la pareja frente a los hijos menores que se encuentran en etapa de gestación”. Ayer, Guerra expidió un comunicado aclarando que todavía no existe el proyecto y que sigue en estudio del tema.

“No he radicado ningún proyecto de ley de temas relacionados con el aborto. Desde el año pasado anuncié que seguiría férreamente trabajando por el derecho a la vida del no nacido, así como buscar caminos que permitan escuchar al padre del bebé en gestación, siempre que no haya sido concebido como del reprochable crimen de una violación. Lo anterior basado en el caso de Juan Sebastián, el bebé de siete meses de gestación abortado en Popayán porque la madre alegó problemas psicológicos, sin tener en cuenta la decisión del padre de querer su nacimiento y hacerse cargo de él”, explicó. En su página web, la congresista sucreña se pregunta: “¿Por qué debemos privilegiar los derechos de una persona que puede hablar y defenderse (la madre), a aquel que está en el vientre, el que se supone debería ser su lugar más seguro, que está en riesgo de ser asesinado?”.

(Vea: Limitar más el acceso a la interrupción del embarazo, la nueva idea del Centro Democrático)

Sin embargo, las feministas califican como descabellada la sola idea de llevar al Capitolio una propuesta de ley para que cualquier mujer que desee interrumpir su embarazo deba tener el consentimiento de su pareja, y definen que ello representa un riesgo con impacto negativo. Es, recalcan, un retroceso en términos de derechos, pues de lo que se trata es de la libertad a decidir sobre el cuerpo propio, un derecho fundamental y legal hasta el tercer mes de desarrollo. Tan crucial que los magistrados de la Corte Constitucional lo ratificaron este año manteniendo la sentencia con la que se despenalizó el aborto en 2006 en tres circunstancias: cuando el embarazo representa un riesgo para la vida o salud de la mujer, cuando el feto tiene malformación o cuando fue producto de una violación.

Lo dijo, por ejemplo, Florence Thomas, psicóloga, escritora y activista feminista: “Me parece una pérdida de tiempo, porque hay un fallo de la Corte Constitucional que abarca los derechos fundamentales de las mujeres adquiridos desde hace 14 años. Les digo que presenten proyectos importantes. Es lamentable que después de tantos años tengamos que salir a decir lo mismo. Creo que no vale la pena ni siquiera que radiquen eso, después de la respuesta de tantas en contra de una barbaridad. ¿Para qué lo van a hacer? ¿Para que se los devuelvan?” comentó. Y cuestionó por qué sus congresistas no legislan en torno a las mujeres y la pandemia: “Volvemos al siglo XIX y parece que es una apuesta más bien por cooptar los votos de los grupos antiderechos, de mujeres de extrema derecha, de la Iglesia”, ilustra.

(Lea también: Senadora Guerra aboga por “caminos para escuchar al padre del bebé en gestación”)

Inquietudes que comparte Ana Cristina González, médica y cofundadora de La Mesa por la Vida y la Salud de las Mujeres. Para ella, la discusión en torno a que las mujeres necesitaran el consentimiento de sus parejas para ciertas decisiones reproductivas se remonta a los años 1980 y 1990, y tenía que ver con la incidencia de un tercero en el uso de métodos anticonceptivos. Esa lucha fue amparada por avances internacionales que reconocieron que las personas tienen derecho a decidir libremente sobre el número de hijos que quieran tener, por lo que considerar la idea del proyecto uribista es un “retroceso primario” que no le sorprende.

“Este intento del Centro Democrático refleja que para ese partido no somos ciudadanas plenas. La libertad de las mujeres está intrínsecamente ligada a su decisión autónoma sobre su reproducción, pues su cuerpo está condicionado por ello. Contradice a la Corte Constitucional y es un proyecto que cosifica a las mujeres porque, si deben pedirles permiso a los hombres para interrumpir un embarazo, las convierte en meros úteros ambulantes y es forzarlas a continuar con una gestación en contra de su voluntad. Eso es un delito, porque toma como preso el cuerpo de las mujeres para permitir el desarrollo del feto”, argumentó González.

(Conozca: Legalización de la marihuana: un nuevo “round”)

Su razonamiento advierte los riesgos de dejar que una idea como la planteada prospere en el Legislativo, pues va en contra de la independencia de las mujeres en un país machista como es Colombia. El impacto negativo es, también, meter en la política, tan necesaria para enfrentar la emergencia sanitaria desatada por el coronavirus, en una “conversación ineficaz y hasta violenta”, sostiene.

Viviana Bohórquez, abogada y cofundadora de la videocolumna Las Igualadas, recalcó que, de radicarse, el proyecto del Centro Democrático pone una carga simbólica negativa sobre los derechos adquiridos. Y recordó que opinar sobre el cuerpo de otra persona es inconstitucional y, si prospera, reduce, sin más, el acceso a la salud sexual en una sociedad que ha avanzado en ese tema, pero en la que diariamente se conocen historias de mujeres con maternidades no deseadas.

(Le puede interesar: Así quedaron las mesas directivas de las comisiones en la Cámara de Representantes)

“Deberían cursar leyes para que haya más acceso a la salud, sea gratuita y haya más telemedicina para la salud sexual y reproductiva. El modelo de pareja de la senadora Guerra es uno muy alejado de la realidad y nos pone en dilemas que no deberían existir”, aseveró. El mensaje de las feministas es claro y tiene eco: estamos en otro momento de la historia. Uno en el que limitar los derechos reproductivos de las mujeres es algo mandado a recoger.

Comparte en redes: