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Era lo que se esperaba tras los resultados de la segunda vuelta en la elección presidencial del año pasado. Aunque perdió, los casi ocho millones de votos que obtuvo Gustavo Petro y la curul que se le otorgó por ley en el Senado, lo empoderaron como el líder de la oposición al gobierno de Iván Duque. Pero, teniendo en cuenta que él mismo no ha desconocido que su lucha por el poder sigue y que piensa volver a aspirar en 2022, se podía avizorar que sus contradictores arreciarían en sus críticas y cuestionamientos. Además, bien es sabido que Petro no rehúye al debate y, por el contrario, reta a la polémica asumiendo posturas que causan enfado en muchos y que casa peleas con quienes se ubican en la orilla contraria a sus ideales políticos.
Por estos días, el excandidato del movimiento Colombia Humana afronta varios frentes de batalla, mientras en las redes sociales defensores y detractores se expresan con palabras de todos los calibres. El primero de ellos se libra en el terreno del Consejo Nacional Electoral (CNE) y la Registraduría Nacional del Estado Civil, por cuenta de los dineros a los que tiene derecho por la reposición de votos en la primera vuelta presidencial, pero que la Contraloría de la Capital y Bancolombia reclaman. La primera por las multas pendientes que tiene por la sanción que le impuso por la disminución de tarifas de Transmilenio y el cambio en el esquema de recolección de basuras, y el segundo por el préstamo que le hizo para financiar su campaña.
Según el CNE, debe ser la Registraduría el organismo competente para resolver las peticiones de la Contraloría y Bancolombia sobre embargar o no la reposición de votos, pues la ley establece que la ordenación del gasto corresponde al registrador nacional. El CNE aprobó $23.871’519.900 a favor de Petro por dicha reposición en primera vuelta y se habla que el mismo desembolso al que tiene derecho el excandidato presidencial por la segunda vuelta llegaría a unos $50.000 millones. La Contraloría ha advertido de un proceso de cobro coactivo por valor de $40.547’975.545 en contra del hoy senador y Bancolombia reclama algo más de $14.000 millones.
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Petro ha dicho que la decisión del CNE implica el riesgo de una ruptura del Estado de Derecho en materia electoral. “Ya el CNE había expedido resolución pública reconociendo el derecho de los movimientos inscriptores de mi campaña a los gastos de reposición. Esa resolución no es revocable porque generó el derecho bajo la ley”, escribió en Twitter. La defensa del senador e incluso Bancolombia han dicho que los dineros de reposición de votos no son recursos del candidato, sino que están determinados por ley para el pago de deudas que se hubiesen adquirido durante la campaña presidencial.
El segundo frente de batalla lo libra contra la vicepresidenta Marta Lucía Ramírez y la denuncia que esta le interpuso por injuria y calumnia, a raíz de un trino que escribió sobre la denominada Operación Orión, realizada en Medellín en 2002 para combatir las milicias urbanas de las Farc en la Comuna 13 y que derivó en abusos de la Fuerza Pública, acusada de actuar en connivencia con grupos paramilitares. “Dado que la Operación Orión fue un delito de lesa humanidad en la comuna 13I de la ciudad de Medellín y estuvo bajo el mando de Marta Lucía Ramírez, ¿han escuchado ustedes hacerle esa pregunta a algún periodista de Colombia?”, escribió Petro. Ramírez era entonces la ministra de Defensa del gobierno de Álvaro Uribe.
Esta semana se tenía prevista una audiencia de conciliación en la Corte Suprema de Justicia, a la cual Petro no asistió, presentando una excusa de incapacidad médica. La pelea está casada y cada parte ha fijado férrea posición. “Si alguien siempre pudo dar garantías del más estricto respeto a los derechos humanos fue justamente la labor que hice yo en el Ministerio de Defensa. El país sabe quién es él, pero es curioso, yo no tengo ningún interés de una conciliación con una persona que no tiene el más mínimo inconveniente en vivir calumniando”, dijo Marta Lucía Ramírez.
A su vez, Petro le siguió echando leña al fuego y trinó: “Me pueden poner diez veces preso si quieren, pero la Operación Orión fue un delito contra la humanidad, donde el Estado junto a paramilitares mataron y desaparecieron decenas de civiles en la comuna 13 de Medellín. Sus responsables políticos son Uribe y la actual vicepresidente”, escribió. Como quien dice, el líder de la Colombia Humana no va a dar su brazo a torcer, eso sí, en algún momento tendrá que responder ante la Corte Suprema, que espera escucharlo en versión libre para determinar si continúa o no con una investigación formal por estos hechos.
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El tercer frente de combate de Gustavo Petro refiere a las posturas que ha asumido frente a la crisis en Venezuela y el liderazgo del presidente Iván Duque en el denominado cerco diplomático para presionar la salida de Nicolás Maduro. En su concepto, la actitud del Gobierno colombiano lo que busca es abrirle espacio a una intervención militar en el vecino país y su línea apunta a la autodeterminación de los pueblos: “Mi posición es que los problemas de los venezolanos los deben solucionar por el diálogo los venezolanos”, ha dicho.
Petro ha arremetido también contra los medios de comunicación del país, a los que acusa de “deformar la realidad” al informar solo sobre las movilizaciones de un bando, el de quienes están en contra de Maduro, aunque ha insistido en que no apoya al mandatario venezolano: “No apoyo a Maduro, no creo en revoluciones sustentadas en la materia prima cuyo uso intensivo puede matar la vida del planeta. Pero apoyar una guerra o una invasión o un golpe, jamás. Soy un demócrata”, respondió en Twitter ante la andanada de críticas que le llueven por su posición, que muchos califican de “tibia”.
Incluso, su más reciente reacción tiene que ver con la declaración del expresidente Uribe en la que dijo estar en contra de una intervención militar en Venezuela. “Cuando dije eso, en el momento que tocaba y a riesgo, me dijeron que estaba apoyando a Maduro, ¿y ahora?”, trinó. Por cierto, frente a lo que está sucediendo por los recursos de la reposición de votos, ya habla de llevar el caso al escenario internacional: “Colombia Humana debe organizar un equipo de abogados internacionalistas para llevar el caso de su persecución sistemática al Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas”, señaló.
Petro pelea en Twitter, les responde a quienes lo insultan o amenazan, se enfrenta a los periodistas que difunden alguna información suya que considera errada o mal enfocada, asume posiciones polémicas, anuncia debates de control político en el Congreso, ataca al gobierno Duque. Bien sabe que el tema de Maduro y Venezuela es muy sensible en la opinión pública nacional y que sus declaraciones podrían tener un alto costo político de cara a su futura aspiración presidencial. Pero aun así persiste y ha asumido su liderazgo como jefe de la oposición. Algunos analistas creen que ese protagonismo puede servir para afianzarse como alternativa de poder para 2022, pero otros, en cambio, consideran que implica un desgaste que le puede salir muy caro. Solo el tiempo dará una respuesta.