Lupa a ejecución presupuestal en época preelectoral

La Contraloría ejerce especial vigilancia sobre los recursos públicos buscando que no se utilicen para favorecer causas políticas.

Luego de que entrara en vigencia la ley de garantías –que limita la ejecución del presupuesto y la contratación por parte de mandatarios en tiempos preelectorales– la Contraloría General de la República advirtió este jueves que hará un seguimiento riguroso a la ejecución presupuestal de las entidades públicas.

De acuerdo con el órgano de control, se busca verificar que se cumpla la Ley de Garantías Electorales y no se infrinjan las prohibiciones que recaen sobre los servidores públicos y particulares que administran bienes de la Nación.

“Se emitió la Circular Externa No. 011 del 15 de julio de 2015, en la que el organismo señala una serie de recomendaciones sobre la gestión fiscal y las prohibiciones vigentes en esta época, con la finalidad de que los recursos y la ejecución presupuestal de las entidades públicas no se utilicen para favorecer causas políticas, ajenas al interés general”, sostuvo a través de un comunicado de prensa el contralor Edgardo Maya Villazón.

Según la Contraloría, el valor inicial de la apropiación presupuestal para atender el proceso electoral asciende a $474.000 millones, costo de las consultas internas de los partidos y movimientos políticos, así como la elección de autoridades locales (gobernadores, alcaldes, disputados, concejales y ediles), que se realizarán durante 2015.

Al respecto, la entidad sostuvo que la Circular emitida –en el marco de las acciones acordadas en la Comisión Nacional de Coordinación y Seguimiento del Proceso Electoral– busca mitigar los riesgos del proceso electoral asociados a la gestión fiscal, como la indebida participación en política de los servidores públicos y la financiación fraudulenta de las campañas políticas.

Adicionalmente, Maya Villazón recordó las prohibiciones que establece la Ley 996 de 2005, entre ellas acosar, presionar o determinar a subalternos para que respalden alguna causa, campaña o controversia política.

“También favorecer con promociones, bonificaciones, o ascensos indebidos a quienes dentro de la entidad a su cargo participan en su misma causa o campaña política; y ofrecer algún tipo de beneficio directo, particular, inmediato e indebido para los ciudadanos o para las comunidades, mediante obras o actuaciones de la administración pública, con el objeto de influir en la intención de voto”, precisó el contralor.

El funcionario agregó que también hay prohibiciones vigentes para gobernadores y alcaldes sobre celebración de convenios interadministrativos para la ejecución de recursos públicos dentro de los cuatro meses anteriores a las elecciones; lo mismo que la prohibición para el manejo de cupos presupuestales, en el caso de diputados, concejales y miembros de juntas administradoras locales, municipales y distritales.

“(Hay que recordar) las responsabilidades fiscales a que puede haber lugar, por ejemplo cuando los ordenadores del gasto o cualquier otro funcionario contraigan a nombre de los órganos oficiales obligaciones no autorizadas en la ley, o expidan giros para pagos de las mismas”, señaló Maya Villazón.