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La naturaleza propia de la pandemia del nuevo coronavirus en el país (SARS-CoV-2) ubicó a médicos y trabajadores del sector de la salud, en general, en la primera línea de defensa de la población. A diario, doctores, enfermeras, camilleros, conductores de ambulancias, bacteriólogos, entre muchos otros, se enfrentan a una amenaza sobre la que se va aprendiendo paso a paso, exponiéndose, tanto ellos como sus familiares, al contagio. Como consecuencia de ese trabajo fundamental ha surgido una absurda discriminación por parte de ciertos sectores, que han hecho sus vidas más difíciles de lo que se han convertido en los últimos dos meses.
Es precisamente por esa condición y el papel que cumplen en medio de la contención y mitigación del virus, que desde el Congreso de la República se ha empezado a trabajar en su favor. La semana pasada, con el liderazgo de senadores como Roy Barreras (la U), Iván Cepeda (Polo) y Juan Luis Castro (Alianza Verde), se conformó una mesa de seguimiento a las condiciones laborales, familiares y de bioseguridad de todos los trabajadores de la salud en Colombia. De hecho, se realizó una sesión virtual en la que participaron el ministro de Salud, Fernando Ruiz Gómez y el gerente designado para la crisis, Luis Guillermo Plata. Ambos escucharon las peticiones de miles de personas vinculadas a la salud, representadas en 29 de sus voceros.
¿Preocupaciones? Muchas. Y van desde la realización de pruebas aleatorias a la población asintomática, la consecución de ventiladores artificiales para atender a los enfermos, recursos para el sector, estrategias para dotación de elementos de bioseguridad para el personal y estabilidad laboral para quienes están vinculados a través de contratos de prestación de servicios. En cuanto al primer punto, por ejemplo, el ministro Ruiz anunció que ya se estudia la forma en que se aplicarán dichas pruebas, dirigidas especialmente a personas a cargo de servicios domiciliarios y de transporte público. Además, anunció que el Gobierno garantizará los implementos de bioseguridad de todo el personal que tenga contacto con casos de COVID-19.
En términos operativos, también está sobre la mesa la idea de lavanderías especiales y transporte y hospedajes temporales para los trabajadores de la salud, de forma que eviten al máximo el posible contagio a familiares. Sin embargo, es claro que la deuda histórica en el país se ha hecho evidente ante los escasos recursos disponibles en las instituciones de salud para enfrentar la pandemia. Así lo dijo a El Espectador la doctora Nelly Beltrán, vocera de la Asociación Colombiana de Medicina Crítica y Cuidado Intensivo, quien aseguró que, frente a las cifras de posibles enfermos, las unidades de cuidados intensivos son insuficientes. “Aunque se ha comenzado a trabajar en este apartado, todavía falta mucho”, dijo.
Beltrán señaló además que se están adaptando áreas de expansión en los hospitales para ponerlas al servicio de cuidados intensivos, pero para ello se necesita la compra de ventiladores y otros equipos para el cuidado de los pacientes de mayor gravedad, así como la contratación y el entrenamiento de mayor personal. Asimismo, advirtió que hay ausencia de elementos para entender el riesgo biológico altísimo, estos son las gafas protectoras, las mascarillas N-95, los overoles, polainas, guantes, entre otros. Ante este panorama, en el Congreso se buscará impulsar iniciativas para palear en tiempo récord esta situación.
Los senadores consultados por este diario coincidieron en que no hay tiempo de aprobar cualquier reforma por trámites ordinarios en el Capitolio —cuyo inicio de sesiones aún es incierto—, por lo que cualquier acción tiene que ejecutarse al amparo de la Emergencia Económica y tiene que hacerse pronto. Para el senador Roy Barreras, quien se desempeñó como médico antes de dedicarse a la política, la pandemia no da espera y debe ser el Gobierno el que destine los recursos definidos en el controvertido Decreto 444, para que vayan de manera prioritaria al sector de la salud.
“El decreto no precisa este elemento y ha sido supremamente lenta la llegada de estos recursos a los hospitales”, declaró Barreras, y añadió que dichos dineros deben ser girados directamente a las instituciones y a las secretarías de Salud de cada municipio y departamento, y no a través de la intermediación de las EPS y las ARL, que ya tienen los suficientes recursos, “pues hubo un descenso considerable en las personas que atienden, y la plata del Estado les siguen llegando. Son los hospitales los que la necesitan para comprar los elementos necesarios para atender la pandemia”, precisó.
En este punto, Barreras recalcó que el Gobierno no puede confundir los recursos del Plan Nacional de Desarrollo con los recursos adicionales de la emergencia. Además, estos últimos, deben destinarse en su mayoría a las entidades de salud y no al sistema financiero, como establece el Decreto 444, que fue criticado por un amplio sector que consideró que esta determinación presidencial abría la puerta para que la mayoría de los recursos de la crisis fueran a parar a los bancos y no al de la salud.
El senador Juan Luis Castro también recalcó que es necesario que los aportes del Estado lleguen lo más pronto posible a la salud: “El sistema está quebrado, las clínicas necesitan la plata que no ha llegado para pagar las acreencias y tener el personal a punto”. Barreras y Castro concuerdan en que las ARL no están cubriendo a la mayoría de especialistas del sector, pues su contrato no contempla este tipo prestacional. Por eso, señalan, el Gobierno debe propender a que, en caso de contagio, se les garantice el pago durante la cuarentena y, si hay muerte por el coronavirus, los médicos, enfermeras y demás estén bajo un seguro de vida que ampare a las familias.
Castro, también médico y especialista en salud pública, añadió que parte de la estrategia a tomar es que los recursos del coronavirus no sean manejados por las EPS. “El Gobierno es el que debe manejar las pruebas, no las EPS, porque estas son empresas que están dedicadas a la ganancia, por lo que solo están buscando ahorrar la mayor cantidad de dinero posible”, dijo el senador, quien agregó que, en lo posible, se debe evitar que la gente llegue a los hospitales: “Antes de pensar en batas y hospitales tenemos que pensar cómo evitamos que lleguen a los hospitales. Hay que entregar los tapabocas y seguir trabajando en el aislamiento y las medidas higiénicas”.
Otro de los varios puntos en los que concuerdan Barreras y Castro es que la infraestructura y personal hospitalario no son suficientes ante el panorama que se avecina. “Se debe aumentar la capacidad de las camas de cuidados intensivos para incrementarlas en al menos 10.000, y hasta el momento el Gobierno solo habría comprado 1.000”, dijo Castro. Barreras apunta no solo a las unidades de cuidado intensivo, sino a un sistema de cuidados intermedios y de otras enfermedades: “Hay que montar hospitales de campaña en las principales ciudades, no se está haciendo porque la plata no está siendo girada”. Ambos senadores concuerdan que debe aumentarse la planta hospitalaria, haciendo uso de recién graduados, de residentes, internos. De igual manera, los recursos de la emergencia, señalan ambos senadores, deben destinarse para que las secretarías compren los elementos de bioseguridad para los trabajadores de la salud que atienden esta emergencia. Además, señala Barreras, debe darse unas garantías a los especialistas que afrontan en la primera fila esta pandemia: transportes especiales, lavado en lavanderías de la ropa usada en centros hospitalarios, y alojamientos cercanos a los centros hospitalarios en caso de turnos extensos.