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Los rumores y las especulaciones están a la orden del día. Desde que, el viernes pasado, comenzó a correr la versión sobre la supuesta cancelación por parte del gobierno de Estados Unidos de las visas a dos magistrados de la Corte Constitucional —Antonio José Lizarazo y Diana Fajardo— y a uno de la Suprema de Justicia —Eyder Patiño— se alborotó otra vez el avispero político. Para muchos es claro que se trata de una presión de Washington, cuyo trasfondo tiene que ver con las decisiones que hay sobre la mesa en el alto tribunal en torno a las objeciones a la ley estatutaria de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) y el uso del glifosato en la lucha contra los cultivos ilícitos.
Es, sin duda, del segundo capítulo de una novela que comenzó en los primeros días de abril, con la invitación a su residencia que les hizo el embajador estadounidense, Kevin Whitaker, a los congresistas miembros de las comisiones que se encargaron de rendir ponencia sobre las mencionadas objeciones —senadores y representantes a la Cámara, por separado—, para expresarles las preocupaciones de su gobierno frente a los efectos del Acuerdo de Paz sobre el tratado de extradición. Dos desayunos cuyos detalles fueron revelados por El Espectador en su edición del domingo 14 de abril, y que en voz de algunos de los asistentes tuvieron un tono “intimidatorio, poco diplomático y tensionante”.
En esos encuentros, contaron los legisladores, Whitaker fue incisivo en que el Congreso debía actuar como un poder autónomo, sin atender “leguleyadas” ni las decisiones de la Corte Constitucional, pues ella “también podía equivocarse”. Les notificó que Estados Unidos no iba a revelar las pruebas en contra de Jesús Santrich, exguerrillero solicitado en extradición, y que harían todo lo posible por llevárselo, y les recalcó que la ayuda económica a Colombia podría estar en riesgo si se hundían los reparos presidenciales a la JEP.
Días después, John Jairo Cárdenas, representante del Partido de la U y uno de los firmantes de la ponencia en contra de las objeciones que obtuvo la mayoría en la Cámara, reveló que le habían quitado la visa, atribuyendo esa decisión a su postura política y a haber contado detalles del desayuno. “No tengo investigaciones en la Fiscalía, en la Contraloría o en la Procuraduría. No veo que esto tenga otra razón de ser que una retaliación del embajador Whitaker por haber revelado lo que se habló en esa reunión”, expresó el congresista.
Un hecho que generó múltiples reacciones, entre ellas la del expresidente Ernesto Samper, el político colombiano de más alto rango a quien Estados Unidos le ha cancelado la visa. Fue en julio de 1996, a raíz del escándalo del proceso 8.000 por el ingreso de dineros del Cartel de Cali a la campaña que lo llevó al poder. El entonces vocero del Departamento de Estado, Nicholas Burns, justificó la decisión asegurando que la información les daba razón para creer que Samper había aceptado “conscientemente” el financiamiento de su campaña presidencial por parte de los narcotraficantes. “No se preocupen. Mi experiencia personal es que sin visa, sí hay paraíso”, trinó el exmandatario hace poco, en solidaridad con Cárdenas.
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Pero hubo una antesala a tal decisión. A finales de enero del 96 se generó una gran confusión luego de que The Washington Post asegurara que se les habían cancelado las visas a los generales Camilo Zúñiga, comandante de las Fuerzas Militares; Jesús María Vergara y otros altos oficiales, con el argumento de supuestos nexos con el Cartel de Cali, revelados entonces por Guillermo Pallomari, extesorero de esa organización mafiosa. Hubo declaraciones contradictorias por parte de los funcionarios norteamericanos. Zúñiga se defendió aduciendo que había hablado con el otrora embajador en Colombia, Myles Frechette, quien le había asegurado que todo era falso.
Seis meses después, cuando el país era ya un hervidero por cuenta del proceso 8.000, el senador republicano Jesse Helms le solicitó al entonces presidente Bill Clinton que les cancelara la visa a varios políticos colombianos; entre los que estaban Horacio Serpa Uribe, ministro del Interior de la época y los congresistas Armando Holguín Sarria, Roberto Gerlein, Jorge Ramón Elías Náder, Carlos Espinosa Faciolince, Hugo Castro Borja, Jorge Guerra de la Espriella, Miguel de la Espriella, Jairo Chavarriaga, Tiberio Villarreal y José Félix Turbay Turbay, entre otros. En unos casos procedió, en otros no.
Queda claro que la suspensión de las visas por parte de Estados Unidos no es una medida nueva. Recientemente, el gobierno de Donald Trump anunció la revocatoria del visado de varios miembros de gobiernos como los de Venezuela y Arabia Saudita, por citar dos ejemplos. En marzo pasado, el secretario de Estado, Mike Pompeo, anunció que les había revocado las visas a 340 allegados del presidente Nicolás Maduro, entre los que se encontraban 107 exdiplomáticos y sus familiares. Según cifras oficiales, desde finales de 2018 se han suspendido más de 600 visas a personas leales al gobierno chavista. En el caso de Arabia Saudí, en octubre del año pasado, tras la muerte del periodista Jamal Khashoggi, Washington anunció que se les revocaría el documento a funcionarios del gobierno que, según ellos, habrían estado involucrados en la muerte del reportero.
Sin embargo, como lo explica la internacionalista Laura Gil, en estos casos las razones para tomar dicha decisión fueron la supuesta implicación de estos funcionarios en delitos que afectaban los intereses de Estados Unidos. Por esta razón, la decisión en contra de los magistrados colombianos, en caso de confirmarse, llama la atención. “El retiro de visas por parte del gobierno estadounidense es una estrategia para sancionar a criminales o a regímenes autoritarios, violadores de derechos humanos. Pero no recuerdo precedentes de sanciones con el interés de interferir en las decisiones internas de un país”, explica Gil.
Opinión compartida por Michael Shifter, presidente del centro de pensamiento estadounidense Diálogo Interamericano, quien considera que este tipo de acciones "no son una práctica común para el gobierno de Estados Unidos. Por lo contrario, según Shifter estas actuaciones del gobierno de Trump reflejan una postura que ha sido común en su política exterior.
"Esta no es la primera vez que Washington ha sido demasiado agresivo en su tratamiento a un aliado estratégico cercano, pero este es un caso extremo. Esto marca un cambio importante respecto a las administraciones anteriores de los Estados Unidos", explica Shifter.
Por su parte, Laura Gil considera que el silencio por parte del presidente, Iván Duque, y de su canciller, Carlos Holmes Trujillo, es “comprensible”, pues “les sirve a sus propósitos respecto a las objeciones de la JEP y el regreso de las aspersiones con glifosato”. El problema, agregó, es que este silencio puede “sacrificar la dignidad de Colombia. Si el país no responde no habrá nada que satisfaga a los Estados Unidos”, concluye.
El caso de los magistrados de las altas cortes colombianas ha sido comparado con el de la fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI), Fatou Bensouda, a quien Estados Unidos le revocó la visa el pasado 5 de abril. Dos años antes, Bensouda anunció que iniciaría una investigación formal sobre los presuntos crímenes de guerra cometidos en Afganistán, incluso por el Ejército estadounidense. De acuerdo con medios internacionales, la decisión obedeció al cumplimiento de una vieja amenaza del secretario de Estado, Mike Pompeo, para evitar que el personal de la CPI (cuya jurisdicción no cobija a Estados Unidos, que no firmó el Tratado de Roma) investigue si los militares o funcionarios de ese país cometieron crímenes de guerra en Afganistán, Polonia, Rumania y Lituania. Una semana después de que se le revocara la visa a Bensouda, la Corte anunció que no investigaría.
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