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Durante la Cumbre de Gobernadores “Bicentenario por la Niñez”, el presidente Iván Duque y los 32 gobernadores firmaron el Pacto por la Niñez, un acuerdo en el que los mandatarios reafirmaron el compromiso por la protección, el bienestar y el desarrollo de los niños, niñas y adolescentes.
En el evento participaron también María Juliana Ruíz, primera dama, Carolina Salgado, consejera presidencial para la niñez, María Angulo, ministra de Educación, y Fabio Espitia, fiscal encargado, María Mercedes Guevara, directora encargada del Instituto de Bienestar Familiar, Felipe Córdoba, contralor general, Carlos Amaya, presidente de la Federación Nacional de Departamentos (FND), y Carlos Camargo, director ejecutivo de esa entidad. Estas instituciones, en conjunto con la Oficina para la Niñez de UNICEF y la Mesa de participación de Boyacá, respaldaron el convenio.
“En los discursos sobre la niñez se ha hablado mucho de las grandes legislaciones para empoderar a la juventud. Pero lo cierto es que hay una deuda histórica y hay que saldarla. Si queremos mirar hacia el futuro tenemos que asumir ese reto y ser autocríticos. No podemos seguir siendo indiferentes a que el lugar de mayor vulnerabilidad sea el propio hogar y se haga por parte de familiares cercanos. Tenemos que empezar a marcar una diferenciación clara en este tema”, fueron las palabras del mandatario.
En ese sentido, entre los compromisos que asumió el Gobierno Nacional está en el de crear entornos protectores, seguros y garantes de los derechos de los menores. Según el gobierno, ese trabajo lo asumirán en conjunto con las familias y las comunidades. Para ello, el presidente solicitó habilitar la plataforma de Escuela de Padres, “un espacio que busca que en la misma infraestructura escolar tengamos un espacio para hacer pedagogía y asesorar a los padres y madres para que entiendan las manifestaciones propias de las personas que están creciendo”, manifestó Duque.
Otras de las obligaciones que apartir de la firma adquirió el Gobierno es poner en marcha esquemas más eficientes para escuchar la voz de los niños, niñas y adolescentes. De esa manera, el Estado podrá responder eficientemente a las necesidades de los menores, eso sí, bajo el contexto territorial de cada departamento. Claramente, hacerlo será uno de los desafíos de este pacto. Pero, además de eso, el presidente se comprometió a fortalecer la “arquitectura institucional Nación-Territorio” para implementar los Acuerdos de Paz para combatir la violencia.
De igual forma, los gobiernos departamentales prometieron promover los procesos participativos formales e informales para formular políticas públicas, asignar recursos y ejecutarlos con transparencia. También, comunicaron que tienen el deber de promover la garantía integral de los derechos con enfoque intercultural, la aplicación efectiva de los planes de desarrollo, priorizando en ellos las zonas rurales dispersas.
Los gobernadores próximamente salientes intentan que con este pacto siembren la semilla para que los entrantes, que iniciarán labores en enero de 2020, hagan un seguimiento permanente a las acciones en favor de la primera infancia, infancia y adolescencia, en todos los frentes.
Ahora, con el liderazgo de la primera dama, en este pacto se le dio prioridad especial a los procesos para proteger e impulsar a la población adolescente. “Abarcamos más, quisimos comprender enfáticamente la adolescencia y sobre todo entrar con acciones concretas a la juventud. Estamos priorizando en la nutrición para alimentar el corazón y el cerebro. Entonces, por un lado, abanderamos iniciativas para brindar más micronutrientes y, por el otro, estamos liderando campañas promoviendo estrategias para fortalecer el entorno socioafectivo de nuestros niños”, aseguró María Juliana Ruíz.
Durante su discurso, el presidente no escatimó en mencionar las metas, tanto de prevención como punitivas, para rodear y garantizar los derechos de la niñez. “Es importante ser drásticos pero aplicar prevención. Estrés postraumático impacta en la vida de un menor. Está comprobado que los niños expuestos a esos traumas tienen un nivel académico inferior al del resto. Esas situaciones afectan el desarrollo de su personalidad”, expresó. De esa manera, Duque reiteró que impulsará la reforma constitucional para aplicar la cadena perpetua para violadores de menores de edad y que el registro público de agresores de menores será una realidad para que los abusadores “estén expuestos ante la sociedad y tengan una sanción ejemplar”, dijo el mandatario.