“Mantuvimos un encierro cardenalicio”: Claudia Vaca

Claudia Vaca, la única mujer en el comité que escogió a los magistrados de la JEP. / Cristian Garavito-El Espectador

Conocida la selección de magistrados de la JEP, se han oído alabanzas por el nivel académico y profesional de varios de los elegidos, de un lado; pero, del otro, críticas. ¿Cómo recibieron estas reacciones a su trabajo?

Que las personas elegidas sean recibidas de diversa forma por los distintos sectores de la sociedad significa que se ha generado un debate democrático que debe celebrarse. El Comité de Escogencia no esperaba evitar las objeciones o impedir la discusión. Al contrario, publicamos las hojas de vida de todos los aspirantes, todas las entrevistas y abrimos un espacio de participación ciudadana. El Comité consideró, con cuidado, las objeciones relevantes. Conocida la lista, es natural que se inicie otro debate que no está exento de la polémica del país respecto del Acuerdo de Paz.

Habla usted de “objeciones relevantes”. ¿Con cuáles criterios se estableció la importancia de las mismas?

Consideramos la certeza de las objeciones asociadas con denuncias sobre asuntos legales, penales o de corrupción y verificamos que fuera cierto y que correspondiera a procesos en marcha. En algunos casos, se anexaba la denuncia formal que estuviera en curso en alguna instancia judicial. No fueron más de 7 u 8 casos.

¿Quiénes ejecutaron la difícil labor de verificación de cumplimiento de requisitos y posterior evaluación de esas miles de hojas de vida?

Se requería un sistema de información. Por eso diseñamos software propios con recursos que nos proporcionó el PNUD (Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo). Teníamos un formato único con las categorías que iban a ser consideradas en la evaluación de los perfiles. Por ejemplo, la trayectoria profesional, las publicaciones académicas, los posgrados. Así se clasificó a los aspirantes en cuatro grandes grupos: con alta experiencia en actividades jurisdiccionales (jueces, abogados, litigantes, exfuncionarios del Ministerio Público); carrera académica, trayectoria en la defensa de derechos humanos y, muy importante, experiencia en políticas públicas y gestión de Estado.

¿Cómo evitaron el ingreso de privilegiados o, dicho de otra manera, cómo garantizan que los elegidos sí eran los mejores?

En un proceso de este nivel de transparencia, y conocida la composición independiente del Comité, hay poco espacio para influencias políticas, lobby o “colados”. Como dije, la selección se hizo con base en las calidades profesionales de los aspirantes descritas en las hojas de vida, con soportes verificables, y teniendo en cuenta las observaciones ciudadanas. En los filtros de selección se consideraron, además, las variables de género, territorial y étnica. Y la entrevista fue un elemento importante en la selección, pero no el único.

El comité seleccionador estuvo integrado por dos nacionales y tres extranjeros. Mientras los colombianos conocían la problemática del conflicto, los extranjeros tenían menor información. ¿Esta circunstancia fue un obstáculo para el trabajo, una ventaja o una desventaja?

Fue una gran ventaja. Cada miembro del Comité tiene una trayectoria importante: Juan Méndez, Álvaro Gil Robles y Diego García-Sayán cuentan con una insuperable experiencia en temas de justicia de transición, derechos humanos e independencia judicial, un enorme valor agregado en este proceso. Fuera de esto, ninguno llegó a ciegas sobre los asuntos del país. Los tres conocen bien el conflicto colombiano gracias a muchos años acumulados de trabajo. A esto se suma su conocimiento de experiencias comparadas que contribuyeron a que el procedimiento que seguimos estuviera de acuerdo con los más estrictos estándares internacionales. Colombia tiene con ellos una deuda de gratitud.

No obstante, todavía hay comentaristas que insisten en que la participación de tres extranjeros en un comité de selección de jueces colombianos es una afrenta para la justicia nacional. ¿Tiene sentido esa discusión?

Estoy segura de que tenemos grandes juristas, pero no podemos desconocer que si el Comité hubiera estado compuesto por colombianos, nos habríamos sometido a una presión enorme, entre otras razones porque los magistrados de las cortes se encuentran en medio de un gran debate nacional. La posibilidad de contar, en el Comité de Escogencia, con personalidades internacionales de la trayectoria y el perfil de ellos tres, se tradujo en un gran blindaje y una manera de inmunizar el proceso de selección contra las presiones que se hubieran podido presentar.

A ustedes -los seleccionadores- también se les ha criticado por su supuesto sesgo político: serían de izquierda, al menos en su mayoría…

El Comité fue seleccionado por entidades nacionales e internacionales de alto reconocimiento e independencia. Hicieron tal designación con la certeza de que nuestra trayectoria les daba tranquilidad para otorgarnos pleno respaldo institucional.

Ustedes jamás contestaron a las críticas. ¿Se pusieron de acuerdo para evitar las discusiones locales?

Sí. Mantuvimos un encierro casi cardenalicio en la etapa de evaluación cualitativa y de construcción de consensos sobre cada candidato. Esa etapa incluía hacer caso omiso a los titulares de prensa o a cualquier presión.

A algunos de los elegidos, los grupos de derecha les objetan haber participado en actividades partidistas o haber manifestado públicamente sus opiniones. ¿El comité seleccionador examinó el activismo político de los candidatos?

Las hojas de vida de los aspirantes no fueron sujetas a un análisis ideológico o de filiación política, sino de tipo profesional, académico y de probidad moral. No imagino cómo se aplicaría un test ideológico (risas) o análisis de posturas políticas. Existe una diversidad de opiniones sobre el proceso de paz y sobre el largo conflicto que se intenta superar con este Acuerdo. Esa diversidad, con seguridad, se ve reflejada en las opiniones de las personas escogidas para la JEP. Pero estimar, valorar o destacar estos asuntos en el proceso de selección no era competencia del Comité de Escogencia.

Sin embargo, personajes que influyen en la opinión repiten, en cuanto escenario tienen, que las Farc “escogieron a sus jueces”. Y, de otra parte, las víctimas se quejan del ingreso a los tribunales de la JEP de miembros de la Justicia Penal Militar. ¿Qué les dice a los dos lados?

Le respondo con apartes de una columna reciente. Primero, “no existe manera de complacer a los extremos”; segundo, gracias al método, a la participación ciudadana y a la independencia, la lista de seleccionados resultó diversa, “llena de sangre nueva, descontaminada y ética”. Sobre los jueces penales militares, el Comité encontró valioso que se inscribieran, porque es una muestra de su confianza en el proceso. Estos aspirantes fueron evaluados por su trayectoria y reconocimiento, repito. No creo que sea posible y tampoco útil para la reconciliación y la paz etiquetar a cada individuo en el espectro de las fronteras ideológicas, excepto para reproducir la polarización.

Pese a sus respuestas, hay estadísticas hechas en prensa, que indicarían que ustedes practicaron unas normas de equilibrio, aunque en otro sentido. ¿En cuál?

El Comité entendió que la JEP es más que la suma de sus integrantes individuales. Buscamos, por lo tanto, conformar una Jurisdicción integral en que los diversos miembros aportaran conocimientos, experiencias de vida y cosmovisiones complementarias. Tratamos de conseguir equilibrios, pero no políticos ni ideológicos, sino de experiencias y especialidades. Hay que recordar que, en todo caso, en este proceso el Comité tenía el mandato de garantizar, como dije, la diversidad étnica, cultural y territorial del país, así como la representación en términos de género. Estas variables garantizaron oportunidades de participar y competir a esta población que históricamente ha sido excluida de espacios de decisión. Y el método funcionó. El Comité seleccionó un equipo paritario, en ese sentido.

La función encargada a ustedes, ¿termina con la lista de magistrados de la JEP?

No. Queda pendiente la escogencia de los miembros de la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición, y de la Dirección de la Unidad de Investigación y Acusación de la JEP. Asimismo, debemos escoger a los juristas extranjeros para actuar como Amicus Curiae ante la JEP (“Amigos del Tribunal que ofrecen voluntariamente sus puntos de opinión, en derecho, para resolución de conflictos”), y la terna para la Dirección de la Unidad Especial de Investigación y Desmantelamiento de las Organizaciones Criminales. Toda la información sobre estas convocatorias está disponible en la página web del Comité.

¿Están satisfechos con la labor cumplida hasta el momento o hubo fallas?

Más que satisfechos. Pero, por supuesto, hay cosas que debemos mejorar. Estamos haciendo el balance de lecciones aprendidas para ajustar los procesos que vienen. Lo que sí mantendremos, y reforzaremos, serán los principios de transparencia, independencia y publicidad que aplicamos en esta etapa.

¿Cuáles aspectos creen que deben ajustar en los pasos siguientes?

Queremos, por ejemplo, intentar dejar un poco más de tiempo para las entrevistas a los aspirantes con el fin de tener un grupo más amplio de entrevistados y mayor espacio para evaluarlos.

Termino con el comienzo: ¿Cómo fueron seleccionados usted y el magistrado Acuña? Pregunto por la presunta influencia de Acuña en la lista final, si se tiene en cuenta que él ha sido decano y profesor de la Facultad de Derecho de la Nacional durante más de 20 años y, al menos, tres de los elegidos son sus amigos o han estado vinculados a la Facultad (Ramelli, Bobadilla y Rojas). Y usted también pertenece a esa universidad.

El magistrado Acuña fue designado por la Sala Penal de la Corte Suprema. Su participación y aportes en el proceso de selección fueron valiosos. Él declaró sus impedimentos cumpliendo el reglamento que establecimos sobre este asunto. Por mi parte, soy profesora de la Facultad de Ciencias de la Nacional y fui designada por la Comisión Permanente del Sistema Universitario del Estado. Provengo de un área del conocimiento muy distinta que me blindó de cualquier influencia y presión. Mi aporte al Comité se ha centrado en los aspectos de planeación, diseño del método de procesamiento, en el rigor en el análisis de información y en la cohesión del equipo de trabajo. Por supuesto, también aporto la perspectiva de género. Soy parte de la comunidad de las universidades públicas. Y me uno a la celebración de las universidades privadas por sus egresados seleccionados.

¿Cómo recibió las críticas, un poco burlonas de destacados periodistas, desde luego opuestos al Acuerdo, sobre la presencia de una química farmacéutica en el Comité de Escogencia de jueces tan especializados?

El chiste que hago es que le puse “química a la paz”. Además, le puse método, la obsesión más importante de los científicos, porque permite “reproductibilidad”, verificación y rigor en el trabajo.

Críticas de lado y lado, síntoma del acierto en la selección

Esta semana se conoció el primer grupo de miembros de los órganos que operarán en el marco de la JEP. Los 50 magistrados elegidos serán: 20 titulares para el Tribunal de Paz, más 6 suplentes; 18 principales para las Salas de Justicia, más 6 suplentes. Los observadores destacaron las calidades de los seleccionados y la variedad en materia de género (53 % mujeres); etnias (10 % indígenas y 10 % afros) y regiones (61 %). Además, se supo que la presidenta de la Jurisdicción será Mirta Patricia Linares y que la directora de la Unidad de Búsqueda de Personas es Luz Marina Pinzón. No obstante el mutismo y aislamiento de los cinco integrantes del Comité de Escogencia -dos colombianos y tres extranjeros-, los opositores del Acuerdo de Paz los acusaron de ser “de izquierda” y de escoger con el mismo sesgo. Del otro lado, ONG de víctimas también criticaron la inclusión en los tribunales, de miembros de la Justicia Penal Militar, entre ellos el coronel Camilo Andrés Suárez, expresidente del Tribunal Superior Militar, para el Tribunal de Paz, y de Claudia Saldaña Montoya, jueza de Instrucción Penal Militar desde 1997 hasta el año pasado, para las Salas de Justicia. Las objeciones de los dos lados indicarían el acierto del Comité, dijeron observadores desapasionados.