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Marchas, cacerolas y mayorías silenciosas

En vísperas de que reinicien las protestas este martes 21 de enero, este análisis intenta responder estas preguntas: ¿Cómo llegamos hasta acá? ¿Cómo interpretar lo que está sucediendo? ¿Qué puede venir?

El mensaje de los inconformes parece ser: queremos y podemos estar mejor. /Mauricio Alvarado

Visto en retrospectiva, lo llamativo del 2019 no fueron tanto las protestas callejeras y los cacerolazos, sino que no hubieran sucedido antes. Al fin y al cabo, Colombia ya no es el Tíbet de América Latina, como se decía en otra época, y era previsible que, una vez desmovilizadas las Farc, protestar empezara a dejar de ser catalogado como una forma de simpatizar con la insurgencia.

Ahora bien, que importantes sectores del país miren con recelo a quienes protestan es una muestra de nuestro déficit democrático, pues la democracia implica mucho más que votar; esto es, hacer uso público de la razón, lo que ocurre en ámbitos privados y públicos. Y la calle, qué duda cabe, es una de ellas, aunque ciertamente aún estamos lejos de tener un consenso que excluya y condene por igual la violencia como modo de reclamo político (vandalismo) o como respuesta estatal (excesos del Esmad y la Policía).

Ahora bien, ¿Cómo entender el reclamo de quienes se volcaron a las calles con pancartas y cacerolas y seguramente seguirán haciéndolo en 2020? Advirtiendo la dificultad de entender un fenómeno sin la perspectiva que da el tiempo y anticipando que se trata de un análisis que solo pretende poner sobre la mesa algunas piezas del rompecabezas, es importante intentar responder provisionalmente a tres preguntas: ¿cómo llegamos hasta acá?, ¿cómo interpretar lo que está sucediendo? y ¿qué puede venir?

Indignación, deseo de reconocimiento y desconfianza: el vocabulario del malestar

Los análisis racionales (cifras económicas, períodos electorales, reformas anunciadas aún no implementadas) se estrellan con emociones difusas y más o menos generalizadas. Aunque el paro nacional que inició el 21N se enmarca en el contexto de las protestas que han ocurrido recientemente en Francia, España, Irak, Hong Kong, Libia, Bolivia y Chile, es un hecho que las diferencias abundan. Pero yendo a las coincidencias, más allá de los reclamos puntuales —todos ellos propios de la situación de cada país—, lo que parecen tener en común son las emociones que los motivan: rabia, inconformidad, resentimiento, malestar, desesperación e indignación.

Sobre todo, indignación, un sentimiento tan potente como difuso: supone un rechazo casi instintivo a un estado de cosas injusto o inequitativo. Su sustrato axiológico es una conciencia moral subjetiva que se percibe a sí misma por encima de la situación objeto del reclamo. La indignación puede estar movida por el resentimiento y el deseo de reconocimiento, algo que Francis Fukuyama ha interpretado como la causa del malestar de muchos ciudadanos con las democracias contemporáneas y que sitúan los reclamos sociales más allá de las cuestiones materiales, aunque estas puedan desencadenarlos.

Colombia y América Latina no son ajenas a la dramática crisis global del credo liberal capitalista, cuyos dogmas de libertades políticas y libre empresa parecerían incapaces de ofrecer una narrativa del orden social posindustrial, globalizado y tecnológico. Así las cosas, el vacío dejado por el liberalismo capitalista —o neoliberalismo, para sus críticos— está siendo llenado por el romanticismo, cuyo vector político fundamental es el igualitarismo. La actitud romántica, afincada en la idea del buen salvaje de Rousseau, privilegia lo emotivo sobre lo racional, lo subjetivo sobre lo objetivo, lo expresivo sobre lo lógico-matemático y lo dinámico sobre lo inercial.

Por eso, a miles de marchantes no les dicen nada las cifras macroeconómicas exitosas, los evidentes logros históricos del cambio social, los razonamientos de prudencia fiscal o estabilidad para la inversión, ni mucho menos la idea apenas obvia de que el gobernante de turno es el chivo expiatorio —aunque no por ello inocente o irresponsable de su improvisación y falta de liderazgo— de un statu quo que viene de atrás y cuya responsabilidad en su mantenimiento es compartida con la dirigencia nacional.

Por eso el mensaje de los inconformes no parecería ser “estamos mal” (porque obviamente hemos estado peor y otros están peor), ni tampoco “queremos libertades” (porque acá no nos gobierna un régimen opresor), sino el sonoro y legítimo, pero a su vez difícil de interpretar y satisfacer: queremos y podemos estar mejor.

En un mundo sin ideologías que nos expliquen el pasado y nos proyecten hacia el futuro, muchos ciudadanos sienten miedo, desesperación y se identifican de manera muy frágil con el proyecto político nacional. No es casual que los jóvenes sean protagonistas de unos reclamos que se formulan precisamente en términos de deseos de un mejor mañana y que pongan sobre la mesa temas soslayados hasta ahora por sus mayores. El medio ambiente es quizás el mejor ejemplo.

Aunque el reclamo callejero es difuso y corre el riesgo de ser ilimitado y su prolongación contraproducente, es un hecho que la clase política y la dirigencia nacional subestimaron la paciencia de las mayorías silenciosas. Y si a eso se suma que el discurso del Gobierno anterior fue excesivamente pródigo en el listado de promesas que traería la firma de la paz, se puede intuir que la desilusión está más que fundada.

(También puede leer: Paro nacional: razones y detonantes de sobra para protestar)

Recientemente, el filósofo Daniel Innerarity y el sociólogo Manuel Castells han coincido en señalar como rasgo común del malestar la brecha entre ciudadanía y gobernantes, advirtiendo sobre la desconfianza que sienten los ciudadanos de que los políticos tramiten sus demandas. Ello sugiere que la democracia y sus pilares de la representación, la participación y la rendición de cuentas deben ser reformuladas para enfrentar los nuevos desafíos. Luego, ¿cómo se pueden representar no solo intereses e ideologías sino también emociones, que son cada vez más el modo de expresión ciudadano?

La inercia de un Estado paquidérmico y disfuncional aconseja también la reformulación. Más aún cuando la dirigencia del país no calculó los efectos de problemas sistémicos como la corrupción, la renuencia de altos funcionarios del Estado a autorreformarse, la baja calidad de la educación pública, los desmedidos privilegios de quienes viven del erario, la inequidad del sistema pensional, el impacto social de la inestabilidad, la informalidad laboral, la migración venezolana, un sistema tributario permanentemente remendado e inequitativo, el hecho que acá nadie responda políticamente por nada y muy pocos lo hagan judicialmente, por mencionar algunos.

La inconformidad no es solo con el Gobierno sino con el régimen político

Quienes interpretaron la situación como un complot o una revolución en ciernes, como una nueva escaramuza entre la izquierda y la derecha —léase entre el uribismo, el petrismo y el santismo— lucen tan desenfocados como quienes intentan partidizar la protesta o quienes no ven más que vandalismo y pérdidas económicas.

En todo caso, si algún binomio pudiera agrupar a los protagonistas de este fenómeno es el de defensores del statu quo vs. defensores de las reformas. Ambos con sus extremos, por supuesto: los primeros se atrincheran en teorías conspirativas o en precarias formas de desacreditar los reclamos ciudadanos porque los marchantes perdieron las elecciones, como si en 2018 hubiera competido el Partido de la Cacerola. Los segundos, a su vez, movidos por el radicalismo o el desespero han puesto sobre la mesa un número importante de propuestas inviables. Así, si los primeros pueden ser indolentes, los segundos pueden ser cándidos.

(Quizás quiera leer además: La cacerola, personaje del año en Colombia)

Es un hecho que estamos ante un funcionamiento deficiente del modelo político, económico y social vigente en el país. Por eso, la propuesta del alcalde de Medellín, Daniel Quintero, fue absolutamente inoportuna. Y lo fue porque la discusión no parece ser sobre el sistema político ni sobre el sistema económico que tenemos: acá nadie está preguntándose si es mejor una democracia o una autocracia, ni tampoco si el libre mercado es preferible a un estatismo bolivariano. La discusión gira alrededor de las disfuncionalidades del sistema político; esto es, cómo mejorar la representación política, y en torno a cómo evitar que el capitalismo liberal se desvirtúe en un modelo rentista, monopólico y tramposo.

Luego, no se trata de barajar todo de nuevo en una impredecible Constituyente. Se trata, parafraseando a Amartya Sen, de ponernos de acuerdo sobre aquellas disfuncionalidades del sistema que generan un fuerte sentimiento de injusticia y encontrar formas concretas de corregirlas. No tendremos como resultado una sociedad justa, hay que advertirlo, pero sí una menos injusta.

¿Qué viene?

Aún es pronto para saber cuál va a ser el desenlace de esta crisis. Por ahora, lo que está sucediendo en el país se parece en dos cosas a lo que ha ocurrido en Chile. Primero, en que si bien la movilización es sobre todo de la clase media y organizaciones sociales, el liderazgo parecen tenerlo los estudiantes. Y es que, ¿qué futuro vislumbran muchos jóvenes que terminan el colegio y no pueden acceder a una educación universitaria o técnica de calidad, pero tampoco consiguen un trabajo digno? “Si allá pudieron, nosotros también”, parecen pensar. En este punto, el efecto contagio del caso chileno es notorio.

(Puede complementar con: Los cacerolazos que sacudieron a América Latina)

Una segunda coincidencia está en las respuestas erráticas de los presidentes Duque y Piñera, quienes asumieron inicialmente que el problema era básicamente de orden público (allá ha sido de lejos mucho peor que acá) orquestado por un complot internacional (lo cual no habría que descartarlo, pero aún no está demostrado).

Si bien el presidente del país austral ha formulado públicamente varias autocríticas, Iván Duque tiene un riesgo mayor, pues en este escenario aparece como el chivo expiatorio perfecto: un gobierno impopular, sin agenda clara, en minoría en el Congreso, respaldado por un partido que padece de una deriva autoritaria, con un gabinete de bajo perfil y que, por si fuera poco, ya carga el sambenito de “mal gobernante” cuando escasamente ha cumplido una cuarta parte de su período. Por lo tanto, una nueva descolgada en la gobernabilidad llevaría al país a una incertidumbre que solo agravaría los problemas que tenemos, generando inestabilidad macroeconómica y agudizando el estallido social.

Este escenario se agravaría si el Gobierno se aísla más o cae en un populismo en pequeñas dosis: dos riesgos latentes. En el primero, porque optaría por gobernar para los amigos, una imagen que no se han empeñado mucho en desmentir. En el segundo, porque empeñaría el futuro a cuotas; una receta además de irresponsable, incapaz de prometer una gobernabilidad por el resto del período.

De todos modos, los casos de Estados Unidos, Reino Unido, España y Francia han mostrado que cuando los reclamos callejeros y de las mayorías silenciosas no se tramitan de manera pronta y adecuada, la frustración, el resentimiento y la indignación se traducen en apoyos electorales a las versiones más radicales del extremo político.

Por eso, la responsabilidad del presidente y de la dirigencia nacional en este momento histórico es con el porvenir del país, no solo con un extenso pliego de reclamos que deben ser discutidos con seriedad. De que escuchen bien de un lado y acoten sus demandas a lo posible del otro lado dependerá, en buena medida, nuestro futuro como nación bicentenaria.

* Profesor de Ciencias políticas, Universidad de La Sabana.

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Iván Garzón Vallejo* / especial para El Espectador

Política

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