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La representante a la Cámara, María Fernanda Cabal, sorprendió en las últimas horas con una polémica ponencia presentada alrededor de un proyecto que propendía por prohibir la apología al odio, y los discursos y manifestaciones de odio.
Cabal, quien ha estado inmiscuida en varios hechos que desataron polémica -principalmente tras la muerte de Gabriel García Márquez- pidió archivar esta iniciativa para 'desterrar' el odio del país.
En el informe de ponencia, Cabal pidió que la comisión primera de la Cámara hundir el proyecto en contra de la apología al odio.
La congresista argumentó su decisión de pedir el archivo del proyecto en que debe preservarse el derecho a la libre expresión.
"Si bien aquí el objetivo, no es construir la definición más completa o correcta del 'discurso de odio', es imposible evitar señalar qué se entiende por 'discurso de odio'. A partir de lo estipulado y contenido en los tratados internacionales ratificados por Colombia, puede decirse que el discurso de odio es una limitación a la libertad de expresión, más o menos estricta, cuyo propósito es prohibir expresiones que inciten a la discriminación, hostilidad o violencia en contra de una o más personas en virtud de su pertenencia a un grupo determinado, es importante recordar que el discurso de odio, "va más allá de la simple expresión de rechazo o antipatía", se trata de un discurso que promueva la violencia de manera directa en contra de quienes se dirige la conducta discriminatoria. Las sanciones que se apliquen a los actos de incitación al 'odio nacional', pueden ser impuestas por leyes de carácter civil, disciplinario o penal, siendo esta la restricción menos utilizada y recomendada".
De otro lado, Cabal señaló que algunos artículos aquí establecen unas sanciones penales cuya redacción es ambigua y abierta y sus términos carecen de una redacción estricta y unívoca.
"Una norma que no delimite en forma precisa los tipos de incitación al odio que busca prohibir, terminará cobijando muchas expresiones que el legislador no habría buscado sancionar", indicó.
La falta de definición terminaría, según la congresista del Centro Democrático, quedando en manos del poder judicial para su determinación y "esto implica que el contenido de la norma ya no estaría definido por la ley general, sino por el juez, con la consecuencia de que no se sabría si la conducta debe realmente evitarse".
El proyecto está agrandado para ser discutido este martes en la comisión primera de la Cámara de Representantes.