Marihuana medicinal, ¿un jugoso negocio?

Surgen dudas y desconfianza por la coincidencia de tiempos entre la entrega de las licencias para la producción de cannabis medicinal, la expedición del decreto y la sanción de la ley que autorizó estos medicamentos.

El decreto de marihuana medicinal fue emitido el 22 de diciembre de 2015, cuando ya se tramitaba un proyecto de ley sobre el tema en el Congreso. / Archivo
El decreto de marihuana medicinal fue emitido el 22 de diciembre de 2015, cuando ya se tramitaba un proyecto de ley sobre el tema en el Congreso. / Archivo

Aunque el espíritu del proyecto de ley que empezó a tramitarse a mediados de 2014 para permitir el uso de la marihuana medicinal en Colombia era facilitar el acceso de los pacientes a los medicamentos derivados del cannabis, con mejores precios y de calidad, ese objetivo al parecer se perdió por el jugoso negocio que representa el manejo de la producción, fabricación, importación y distribución de estos productos.

Aunque el espíritu del proyecto de ley que empezó a tramitarse a mediados de 2014 para permitir el uso de la marihuana medicinal en Colombia era facilitar el acceso de los pacientes a los medicamentos derivados del cannabis, con mejores precios y de calidad, ese objetivo al parecer se perdió por el jugoso negocio que representa el manejo de la producción, fabricación, importación y distribución de estos productos.

Al menos así quedó en evidencia en las sospechas que han surgido sobre los criterios del Ministerio de Salud para otorgar las licencias que llevarán a la adecuación de los sitios de producción de este tipo de medicinas.

Precisamente, hay quienes consideran que es muy extraño que el Gobierno se precipitara a expedir un decreto reglamentario para la adecuación de plantas de producción, importación de maquinaria y nueva tecnología, construcción de laboratorios de investigación y pruebas piloto, justo cuando en el Congreso de la República apenas estaba en camino una ley.

Las suspicacias comenzaron cuando el Ministerio decidió, en diciembre de 2015, poner en marcha el decreto reglamentario de la Ley 30 de 1986, que estableció el Estatuto Nacional de Estupefacientes, cuando ya habían pasado casi cinco años del gobierno Santos y se tenía conocimiento del proyecto en trámite.

Al respecto, el senador Juan Manuel Galán, autor de la ley de marihuana medicinal, dijo que esa coincidencia de tiempos ha llevado a la desconfianza en el manejo que quiso darle el Ministerio al tema. “¿Cómo se puede explicar que el Gobierno haya esperado 29 años para expedir un decreto reglamentario del manejo de los estupefacientes, cuando había una ley que iba a salir en muy pocos meses? Desde el punto de vista temporal, sí tenemos muchos interrogantes por este decreto que nos dejó desconcertados a muchos”, aseguró.

Ahora bien, las dudas son más profundas a partir de preguntas como qué ha pasado con esas licencias que otorgaron, cómo fue el proceso de entrega y por qué las concedieron. A propósito del tema, a partir del decreto, el Ministerio de Salud otorgó tres licencias para la producción de cannabis medicinal, dos de ellas a compañías extranjeras: PharmaCielo y Cannavida, ambas con sede en Canadá. Aun así, como parte de la industria colombiana, también entró en competencia la alianza Labfarve-Ecomedics.

Paradójicamente, el permiso para Pharma Cielo fue entregado el 7 de junio pasado, un día antes de que fuera sancionada la ley aprobada por el Congreso, algo que generó dudas entre un grupo de congresistas que exigen respuestas del Gobierno.

De hecho, el senador Armando Benedetti, quien citó a un debate hoy en la Comisión Primera del Senado, dijo que pareciera que este es un negocio montado con base en un decreto cuando ya estaba en trámite la legislación. “Acá pasó algo raro, porque una licencia la entregaron a pocas horas de que saliera la ley. Esas licencias las otorgaron gratis y ese documento a esas empresas les vale hoy en día US$50 millones por el lucrativo negocio del manejo de la producción de la marihuana medicinal en Colombia”, sostuvo.

Y aunque suene insólito, el decreto fue expedido pese a que fue el propio presidente Juan Manuel Santos, pocos días después de haber sido posesionado para su segundo mandato en agosto de 2014, quien dio su respaldo al proyecto de Galán. “Es un paso en la dirección correcta, tiene nuestro apoyo”, indicó en su momento.

Los directos responsables políticos del decreto de mediados de diciembre son los ministerios de Salud y de Justicia, que trabajaron en las mesas interinstitucionales para poner en marcha la cuestionada normatividad. Y precisamente esos mismos despachos son los que tienen ahora el reto de reglamentar la ley aprobada.

En los últimos días ha corrido el rumor de que varios congresistas están pidiendo al Gobierno que las licencias emitidas hasta el momento sólo sean válidas cuando se reglamente la nueva legislación, para que no se desdibuje la intención central de poner en marcha el aparato estatal en beneficio de los pacientes con criterios de derechos humanos y salud pública, de acuerdo con el camino trazado por el Congreso al autorizar la marihuana medicinal.

De momento, el ministro de Salud, Alejandro Gaviria, ha defendido el decreto argumentando que sólo busca garantizar que el destino de las cosechas sea la producción y fabricación de derivados medicinales y prevenir desvíos de las plantas para otros fines.

 

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