Más de 500 años para cumplir con restitución de tierras

En un debate de control político en el Congreso, se cuestionó la lentitud del proceso, en lo administrativo y lo judicial. Gobierno dice que es algo complejo, delicado y se está trabajando.

Los problemas de seguridad han sido uno de los obstáculos más difíciles para concretar la restitución de tierras. /Archivo

Hace casi cuatro años, el 10 de junio de 2011, el presidente Juan Manuel Santos sancionó la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras, iniciativa que de paso le generó el divorcio definitivo de su antecesor, Álvaro Uribe Vélez. La promesa era reparar a los afectados por el conflicto y hacerle frente a uno de los problemas que ha sido considerado como el combustible del conflicto armado en el país: el acceso y la distribución de la tierra. Sin embargo, los avances hasta el momento resultan muy pobres.

Es la denuncia realizada por el senador Armando Benedetti, del Partido de la U, en un debate de control político en el que las cifras hablan por sí mismas. Hasta diciembre de 2014 se esperaban 360 mil reclamos de restitución y sólo han sido radicados unos 72 mil, que en su mayoría corresponden a procesos sobre territorios baldíos y no por despojo. Pero lo que más preocupa es la lentitud del aparato judicial, sólo se han emitido 965 sentencias restitutivas.

Por si fuera poco, los 15 tribunales especializados para los temas de restitución de tierras tienen muy pocos procesos. Por ejemplo, en Cartagena no hay ninguno; en Barrancabermeja, sólo seis diez en Cundinamarca y en zonas donde el fenómeno del despojo es innegable, como Montería, sólo hay 11; en Sucre, 10, y en Valledupar, 19. Los tribunales con mayor número de procesos son el de Cali, con 116, y el de Mocoa, con 127.

A este paso, teniendo en cuenta que a marzo de 2015 se han expedido 1.041 sentencias de restitución por 94.000 hectáreas, para cumplir la meta de seis millones de hectáreas restituidas, como lo planteó el presidente Santos, la Unidad de Restitución de Tierras tardaría 543 años. Por ahora el cumplimiento va en 0,34%. Un panorama para nada halagüeño, pues cada proceso cuesta en promedio $25 millones y un porcentaje importante de los reclamantes de tierra no ha podido regresar por problemas de seguridad.

Ante estos señalamientos, el director de Unidad de Restitución de Tierras, Ricardo Sabogal, reconoció la lentitud en la entrega de predios, pero se defendió afirmando que “restituir tierras no es como el comercial de AV Villas, fácil, sin complicaciones. No, esto es un proceso complejo y delicado. Nos falta, pero hemos y estamos trabajado”.

Sabogal aseguró que restituir tierras en el marco del conflicto armado es un proceso difícil y explicó que hay predios que no se pueden entregar porque están sembrados de minas antipersonales. “En otros lugares aún hay presencia de grupos armados y no es posible llevar a la gente con la promesa de recuperar sus predios para que los maten”, dijo.

“Además, en la complejidad del conflicto armado, hay predios que han cambiado de dueño en varias ocasiones y todos reclaman la propiedad. Otros fueron entregados por paramilitares o guerrilla cuando no había Estado. También hay negocios entre campesinos que se han cerrado de palabra y no necesariamente se trata de despojo. Otros fueron predios abandonados y ya se está dando el retorno”, señaló Sabogal.

A su vez, el ministro de Agricultura, Aurelio Iragorri, indicó que “los seis millones de hectáreas de los que se ha venido hablando no son de restitución de tierras, porque hay cerca de 10 tipos de conflictos de tierras. Son predios que fueron congelados por la Superintendencia de Notariado y Registro, no todos son de personas a las que de manera violenta les fue despojada la tierra. Además, el 30% de los reclamantes han resultado falsas víctimas, ese es un dato que lleva a pensar en acelerar el proceso, pero con precaución con los avivatos”.

Lo que sí quedó claro en el debate es que la promesa de que quienes fueron despojados a sangre y fuego de sus tierras regresarán rápidamente no se ha podido cumplir y las condiciones del conflicto, las peleas por predios que no fueron propiamente arrebatados por la fuerza y hasta los carteles de abogados que representan a falsas víctimas, han entorpecido un proceso que, de acuerdo con las cifras, está lejos de cumplirse.