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La Defensoría del Pueblo le pidió de manera urgente al Gobierno que garantice los derechos de los pobladores de estas seis regiones del país, donde en días recientes se han registrado problemas de orden público, como el ocurrido el 4 de septiembre cuando el oleoducto Caño Limón-Coveñas, en zona rural de Tibú (Norte de Santander), fue blanco de un ataque atribuido al Eln.
De acuerdo con el Sistema de Alertas Tempranas, que maneje la propia Defensoría, la situación es particularmente preocupante en Arauca, donde en las últimas dos semanas se han registrado cuatro acciones violentas, un ataque con granada el pasado 9 de septiembre y la activación de un artefacto en la madrugada del pasado domingo en la Ye de Mata Candela (Arauca).
Para la Defensoría, esta actividad es a todas luces violatoria de los derechos humanos y el Derecho Internacional Humanitario.
En un comunicado a la opinión pública, esa guerrilla advirtió que “la fuerza insurgente ejecutará la orden del paro armado en toda la jurisdicción del Frente de Guerra Oriental (…) y actuará contra quienes saboteen e ignoren la orden de paro”.
El Gobierno y el Eln establecieron el 30 de marzo una agenda de negociación de paz en Caracas (Venezuela), tras dos años de contactos. Sin embargo, algunas diferencias entre las partes han impedido que la mesa de diálogos comience. El Gobierno le pide a la guerrilla suspender la práctica de secuestro y liberar a los secuestrados en su poder, mientras que el Eln responde que ese tema es un punto en la negociación y que no puede ser una exigencia para iniciar las conversaciones.