Medellín, violencia y autonomía

Burgomaestres y analistas coinciden en que el voto popular para elegir al mandatario de la ciudad ha sido positivo.

La elección por voto popular del alcalde de Medellín y el gobernador de Antioquia se dio por primera vez –como en todo el país- en 1988. Anteriormente, los mandatarios locales y regionales eran designados por el Ejecutivo, lo que hizo que creciera un clientelismo regional desbordado y que los designados muchas veces no completaran más de un año en el cargo. Esta semana, en la que se cumplió un cuarto de siglo de que se decretara la elección popular de alcaldes y gobernadores, es el momento propicio para hacer un balance de lo bueno y lo malo que esta reforma trajo para la ciudad de la “eterna primavera”.

Juan Gómez Martínez fue electo alcalde en la primera votación popular. Para él esta reforma fue a todas luces positiva. “Primero, porque la ciudad sufría cambio de alcalde a cada rato. Duraban uno o dos años máximo, y el que llegaba quería cambiar todo lo que había hecho el anterior”, explica Gómez Martínez. “Segundo, porque se consiguió cierta autonomía, especialmente en lo que tiene que ver con presupuesto e inversiones. Eso fue muy importante”. Sin embargo, Gómez Martínez recuerda que esas fueron épocas de una terrible situación de violencia, ya que eran los tiempos del Cartel de Medellín que, a través del oscuro poder conseguido por Pablo Escobar Gaviria, sembró de terror y sangre una ciudad que empezaba a florecer.

“Tengo que confesar que también hubo cosas malas: mucho abandono por parte del Gobierno. Estallaban bombas y ningún funcionario llamaba para saber que pasaba. Les pedía incrementar la presencia de Fuerza Pública y no había respuesta, siendo que Medellín era sin duda la ciudad más violenta de Colombia. Pero también debo confesar que la cosa cambió cuando llegó Horacio Serpa al Ministerio de Gobierno. Él sepreocupó mucho por Medellín. En esa coyuntura de violencia el gobierno central llegó a proponer que donde hubiera conflicto se iban a nombrar alcaldes militares. Una iniciativa descabellada, que afortunadamente no pelechó. Eso fue muy difícil”, recuerda Gómez.

Con muchas de las aseveraciones de Gómez Martínez coincide el analista, abogado y docente de la Uafit David Suárez, quien sostiene que “en general lo que significó la democratización de las alcaldías fue autonomía en el manejo del presupuesto, así como también en la continuidad en las administraciones, porque se mantenía el rumbo de las políticas que habían sido positivas para la ciudad”, señala.

Para el profesor Suárez los cambios que sufrió Medellín con la elección popular también deben ser vistos a la luz de las transformaciones que vivía el país, especialmente en cuanto a la nueva Constitución, que rigió desde 1991. “Es imposible hacer un balance autónomo e independiente de la figura de la elección popular de alcaldes y gobernadores, dado que la misma confluyó con muchos otros acontecimientos y sucesos que impiden determinar a ciencia cierta hasta qué punto las cosas que han ocurrido en Medellín han sido realmente por causa de la elección popular o por otro tipo de variables”, afirmó el docente.

La elección popular de alcalde y gobernadores y la Constitución del 1991 trajeron nuevos mecanismos de participación ciudadana, como el referendo, la consulta popular, la iniciativa popular, los cabildos abiertos y las veedurías ciudadanas, entre otros. Además, creó novedosos instrumentos a través de las tutelas populares, de grupo y cumplimiento, que han afectado la manera de hacer política, administrar la cosa pública, y la forma como los ciudadanos se comportan frente a la administración pública. Lo que sin duda implicó un despertar de la conciencia de la gente en su responsabilidad con la ciudad. “Entonces, ni todo lo bueno se le puede atribuir a la elección popular de alcaldes, pero tampoco todo lo malo es consecuencia de dicha elección popular”, conceptuó tras referirse a que de alguna manera la elección popular también disparó oscuras técnicas para comprar votos, hacer proselitismo político y diversas técnicas para inclinar las votaciones en favor de oscuros personajes.

Para el exalcalde Sergio Fajardo, hoy gobernador de Antioquia, la elección popular es un avance sustancial en nuestra democracia. “En Medellín y Antioquia considero que ese fue un avance democrático importante. Medellín es una ciudad fuerte y el hecho de que exista una administración con responsabilidades concreta mejora la calidad de vida de la personas. A esa reforma no la veo sin bondades. En Antioquia hay municipios pequeños donde institucionalmente hay problemas: precariedad económica y debilidades institucionales. En eso falta avanzar pero el hecho de que en la gente de un municipio pueda votar y escoger a la persona que dirigirá la administración es sin duda un acierto, incluso porque así se le asignen responsabilidades concretas a quien dirige el destino de la ciudad o el municipio”, concluyó.