Con el inicio de la discusión, esta semana en el Congreso, del estatuto de seguridad ciudadana, con el cual se pretende modificar el Código de Infancia y Adolescencia para hacer más rigurosas las sanciones contra los menores que delincan, se abre nuevamente el debate sobre cuál camino es más viable: el de las condenas o el de la pedagogía.
El primero en poner el dedo en la llaga fue el ministro del Interior y de Justicia, Germán Vargas Lleras, quien en el marco del debate de la iniciativa afirmó: “Creemos que en este país hay menores que cometen delitos, pero tienen una mentalidad de menores y deben ser tratados con un régimen especial. Pero también hay muy peligrosos delincuentes de 16 y 17 años, unos verdaderos sicarios que no pueden quedar en libertad al poco tiempo de haber cometido asesinatos. Para los segundos estamos pidiendo un régimen más severo. Saben los colombianos que esto está ocurriendo y no los podemos seguir tratando como a unos bebés”.
La referencia de Vargas Lleras tiene que ver con el creciente número de menores que se convierten en delincuentes. Precisamente ayer, en Medellín, fueron capturados dos adolescentes, uno de 14 años, que portaba un arma de fuego entre las piernas en pleno colegio, y otro de 15, encargado de vender marihuana en varios centros educativos de la capital antioqueña. Casos como éstos se registran casi a diario, y por eso el estatuto de seguridad ciudadana contempla sanciones más drásticas. Además, plantea mecanismos de resocialización, pues a criterio de los expertos, la privación de la libertad en los actuales centros de reclusión implica un acercamiento de los menores al mundo del hampa.
Frente al aumento de penas, Beatriz Linares, miembro de la Alianza por los Niños Colombianos, sostiene que sí es necesario que se cumplan las condenas que se les imponen a los menores: “De acuerdo con la ley, un adolescente sólo puede ser privado de la libertad hasta los 21 años. Lo perverso es que si tiene 16 ó 17 años y un juez les ordena cárcel por ocho, que es el tope, cuando lleguen a esos 21 quedarán en libertad, antes de cumplir su condena. Eso es perverso porque el mensaje es que el delito paga”.
El coordinador ponente de la iniciativa, representante Alfredo Deluque, llamó la atención sobre la importancia de las sanciones que plantea la ley. “Acá hablamos de jóvenes delincuentes que en realidad se han convertido en auténticos sicarios. Tenemos dos factores que es necesario observar: los niños están siendo utilizados para que cometan delitos con la promesa de que van a ganar suficiente dinero y a pagar pequeñas condenas. Por esta vía, se está viendo cómo los adolescentes, conscientes de que las penas son mínimas, se convierten en delincuentes profesionales”.
Por este motivo, Deluque recordó que en el estatuto de seguridad ciudadana se contemplan penas de entre 10 y 16 años para quienes utilicen menores para delitos, porque, según dijo, son los niños y adolescentes los encargados del juego sucio de los delincuentes y están siendo usados para tráfico de drogas, terrorismo y hasta homicidio. Aunque en la ley no se contemplan medidas pedagógicas por tratarse de un articulado enfocado en temas punitivos, sí plantea que los centros de reclusión tengan verdaderos programas de resocialización y capacitación.
Para trabajar en dichos procesos de resocialización de niños y adolescentes que, como denomina Vargas Lleras, “cometen delitos pero tienen mentalidad de menores”, de acuerdo con el tipo de contravención podrán tener una condena sustitutiva que contempla amonestación, imposición de reglas de conducta, prestación de servicios a la comunidad o libertad asistida, las cuales además se cumplirán con la vigilancia y con los lineamientos técnicos del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar.