Los reclamos de Guillermo Rivera al Congreso

“Mi pesadilla es la falta de quórum”: ministro del Interior

El ministro del Interior pide al legislativo no ser inferior al reto de implementar el Acuerdo de Paz. Sólo le quedan cuatro días de ”fast track” para aprobar leyes definitivas, como la estatutaria de la justicia de paz, la reforma política y circunscripciones especiales.

El ministro del Interior, Guillermo Rivera, no descarta ninguna salida jurídica para salvar los proyectos de paz que se quedaron por fuera del “fast track”. / Mauricio Alvarado - El Espectador

Durante el balance del primer período del “fast track” su conclusión fue que el Congreso había estado a la altura del momento histórico que representaba para el país el Acuerdo de Paz. ¿Se mantiene en esa idea?

En el primer semestre de este año el Congreso estuvo a la altura, pero ahora ha tenido altibajos. Hubiésemos querido que trabajara con mayor celeridad. Sin embargo, esperamos que en esta semana que nos queda vuelva a estar a la altura y le podamos dar buenas noticias al país en materia de implementación del Acuerdo de Paz.

La ley estatutaria de la JEP ha traído duras críticas y hasta se ha satanizado su contenido. ¿Cómo comprender que este es un sistema para reparar a las víctimas?

Es la columna vertebral para garantizar la reparación y eso no se ha entendido lo suficiente. Hay muchos que todavía siguen pensando en la Jurisdicción Especial de Paz como un tribunal más y realmente su finalidad es garantizar los derechos de las personas afectadas por estos más de 50 años de guerra. Si en esa perspectiva se pensara, seguramente ya habría sido aprobada.

A propósito, ¿usted considera que el fallo de la Corte Constitucional en torno al Acto Legislativo de la JEP se ajusta a esa reparación? Se lo pregunto porque dejó por fuera de ese sistema a los terceros…

La decisión principal de la Corte fue declarar la constitucionalidad del acto legislativo, lo cual es afortunado, pero nos habría gustado que ningún precepto se hubiese declarado inexequible. De esa decisión sale un desafío histórico para la justicia ordinaria. Las autoridades tendrán que hacer un gran trabajo para garantizar los derechos de las víctimas en el marco de sus investigaciones.

Pero ¿cómo garantizarles a las víctimas de esos terceros y agentes del Estado que habrá verdad y reparación?

El Sistema de Verdad, Justicia, Reparación y Garantías de No Repetición tiene tres elementos esenciales: la Unidad de Búsqueda, la Comisión de la Verdad y el componente de justicia, que es la JEP. Los dos primeros tienen un carácter extrajudicial y, al igual que todo el sistema, están contemplados para garantizar los derechos de las víctimas. Adicionalmente, si bien los civiles y agentes de Estado no combatientes no comparecerán a la JEP de manera obligatoria, eso no significa que vaya a haber impunidad. Lo que ocurrirá será que tendrán que hacerlo ante la justicia ordinaria.

¿Y qué va a pasar con la responsabilidad de los altos mandos de la Fuerza Pública que hayan cometido delitos relacionados con el conflicto?

La Corte Constitucional señala que los fueros constitucionales son una garantía institucional y que deben preservarse. Cuando conozcamos la sentencia, podremos establecer cómo decidió la Corte esa garantía institucional.

Según lo que me dice, los altos mandos no tendrán que comparecer ante la JEP…

Es que hay dos decisiones de la Corte: por un lado, señala que los miembros de la Fuerza Pública sí están obligados a comparecer ante la JEP, pero también que los fueros constitucionales son una garantía institucional que debe preservarse. Pareciera existir una especie de tensión entre esos dos preceptos, que deberá zanjarse cuando conozcamos la sentencia en su integridad.

¿Usted cree que el Gobierno ha cedido mucho a los cambios que se han propuesto para implementar el Acuerdo?

La esencia del Acuerdo de Paz frente a la JEP sigue incólume. Sí se han venido haciendo ajustes, pero estos deben entenderse como una discusión democrática y estamos en toda la legitimidad para opinar y mejorar estos proyectos. En el caso del fiscal, con quien hemos dialogado mucho, es importante anotar que hemos acogido 35 de sus observaciones para reglamentar la JEP.

Y ahora quiere incorporar más cambios. ¿No resulta sorpresivo que salga con eso en este momento?

Ya no nos sorprende porque él siempre presenta observaciones en cada texto y en cada debate, y las hemos recibido siempre con respeto. De estas últimas, en dos de ellas podemos buscar una redacción conforme a las interpretaciones que él tiene de unos temas, pero en otras no compartimos su interpretación y lo hemos dicho con claridad.

¿En qué quedó el régimen de inhabilidades e incompatibilidades para los magistrados de la JEP?

Plantear ese régimen para unos magistrados que ya fueron elegidos es abiertamente inconstitucional. Si las preocupaciones tienen que ver con las convicciones ideológicas de los magistrados, para eso existen los impedimentos y las recusaciones y esas están previstas en el proyecto de ley.

¿Y frente a los delitos sexuales cometidos por miembros de las Farc?

Desafortunadamente persiste cierta incomprensión sobre el sistema de justicia transicional del que hace parte la JEP, que se fundamenta en un modelo de justicia restaurativa, distinta a la punitiva. La proposición que busca que el abuso sexual de menores sea un delito con una pena mayor en el Código Penal, se enmarca en el esquema punitivo propio de la justicia ordinaria. La ley estatutaria de la JEP no modifica el Código Penal, por lo tanto, esa proposición es extraña a la justicia transicional, no obstante la popularidad que dicha idea ha despertado entre los congresistas. Le dije a quien la propuso que acompañaríamos un proyecto de ley independiente que sancione con mayor severidad a cualquier ciudadano que abuse sexualmente de un menor de edad

Otro tema en discusión es la participación en política de las Farc. ¿Cómo hacer para que sus máximos jefes puedan ocupar cargos sin que después tengan que retirarse por las sanciones que se les impongan?

La JEP, en su régimen sancionatorio, no podrá afectar derechos políticos y las inhabilidades por cuenta de las condenas que están suspendidas también quedan en esa condición. Los jueces valorarán, en cada caso, las sanciones que se deberán imponer y que deberán establecer la compatibilidad de las mismas con el ejercicio político. No podemos olvidar que en el Acto Legislativo se señaló que el régimen sancionatorio de la JEP tendrá un enfoque restaurador.

¿Y alcanzarán los votos para aprobar todo esto mañana? Se lo pregunto porque lo hemos visto sufrir porque los congresistas no van a trabajar…

Siempre sufro por la falta de quórum. Mi pesadilla es la falta de quórum.

Esta semana también se discute la reforma política, muy criticada por su antecesor, el exministro Juan Fernando Cristo. ¿Por qué a él ya no le gusta este proyecto?

He sido amigo durante muchos años de Juan Fernando Cristo y tengo por él un gran aprecio y admiración, pero discrepo en este caso de lo que ha dicho. Hay que agotar todos los esfuerzos posibles para que esta reforma salga adelante. No es la reforma ideal, pero tiene aspectos positivos que desarrollan el Acuerdo de Paz y Reforma.

De la que saldrá aprobado el transfuguismo...

El gobierno no comparte la idea del transfuguismo y aunque no nos parece que ese debiera ser el final del texto de la reforma, lo aceptamos por un acuerdo que se logró entre los partidos políticos. Pero más allá de eso, la reforma tiene aspectos importantes, como la adquisición progresiva de derechos políticos y con ellos se permitirá la irrupción de esas nuevas fuerzas en el escenario electoral.

Pero es una reforma que ha servido a los intereses de los congresistas, al punto que se va a extender la fecha de inscripción de listas al Congreso...

Lo que ocurre es que esta reforma se ha estado discutiendo con el calendario electoral en marcha y para que se puedan aplicar algunos de sus preceptos es necesario extender el periodo de inscripciones. De lo contrario, sería imposible.

¿Cómo restablecer la confianza de los excombatientes que sienten que el Gobierno no les está cumpliendo? Según la ONU, quedan menos del 50 % de sus integrantes en los espacios de reincorporación y la seguridad también preocupa. Mire el caso de Romaña…

Hay un informe que ha pasado desapercibido, que es el del Instituto Kroc, en el que se señala que en materia de implementación de paz, el acuerdo colombiano ha avanzado mucho más rápidamente que otros que se han suscrito al finalizar conflictos armados en el mundo. En Colombia, como lo ha dicho el ministro de Salud, Alejandro Gaviria, tendemos a la “fracasomanía”, pero si nos comparamos con otros países, tenemos que reconocer que, a pesar de las dificultades, se ha avanzado mucho.

Pero las disidencias van aumentando y esa salida de los puntos de reincorporación revela que no se quedan allí porque no están llegando los proyectos productivos. El primer punto de la agenda, relacionado con el agro, está prácticamente congelado…

Eso de que los exmiembros de las Farc deberían estar en los espacios territoriales es relativo. Ellos adquirieron, después del 15 de agosto, su condición de ciudadanos y pueden circular por todo el país, y el hecho de que no estén allí no significa que se hayan vinculado a otra organización criminal. El asunto no es tan dramático como algunos sectores quieren hacerlo ver. Hay problemas, pero el Gobierno está trabajando para solucionarlos y hay muchos proyectos productivos que sí se están desarrollando.

El Gobierno ha dicho que existe un Plan B. Se ha hablado de conmoción interior y de emergencia social. ¿Se va a usar esa figura para ejecutar los proyectos que quedaron por fuera del “fast track”?

El fast track ofrece una gran ventaja para las reformas constitucionales y en esa materia solamente nos quedan dos por aprobarse: la reforma política y el proyecto que crea 16 circunscripciones de paz. El resto son proyectos de ley y lo que el procedimiento especial legislativo permite en términos expeditos es lo mismo que se usa cuando se radica un proyecto con mensaje de urgencia, a través del procedimiento ordinario. Entonces, si logramos sacar las reformas constitucionales junto con la JEP antes del 30 de noviembre, para las otras iniciativas tendremos que evaluar si usamos esa posibilidad.

Y si no se aprueba la JEP, ni la reforma política, ni las circunscripciones de paz, ¿activan la ley que reglamenta los estados de excepción?

(Risas) El 30 de noviembre hablamos.

¿Usted cree que las dudas que presentaron los congresistas a la implementación del Acuerdo de Paz obedecen más a sus intereses electorales?

El debate electoral ha enrarecido el ambiente en el Congreso, sin lugar a dudas, y ha dificultado la velocidad que traían las discusiones y las votaciones. Hay algunos sectores que quieren posicionarse ante la opinión pública tomando distancia el Acuerdo de Paz y hay otros, que por una u otra razón, se incomodan con el Gobierno y nos pasan la cuenta de cobro en el momento de votar. De ahí mi pesadilla con el quórum.

Esos mismos congresistas dicen que lo que ocurre es falta de liderazgo de su parte. ¿Qué responde?

El liderazgo de un ministro no puede ser el de una especie de portero que se pare a evitar que los congresistas se retiren de la sesión. Nuestro liderazgo ha sido el de los argumentos y fíjese usted que los principales proyectos están a un debate de aprobarse. Ese es el resultado de nuestro trabajo.