“Mientras haya un solo líder social en riesgo, hay más por hacer”: defensor del Pueblo

Según Camargo, en lo corrido de 2021 persiste la crisis humanitaria recurrente por los desplazamientos. / Archivo

Foto: Fededepartamentos

¿Por qué, pese a las alertas tempranas, el reclutamiento forzado por parte de grupos armados ilegales sigue siendo un flagelo imposible de controlar?

Los niños y las niñas usualmente son un blanco fácil para los grupos armados organizados, que recurren a ellos para engrosar sus filas e instrumentalizarlos en actividades delictivas. De allí que, de la mano con el combate y la desarticulación de estos grupos criminales, deban desplegarse estrategias para proteger a la infancia y la juventud, y generar entornos más seguros y que garanticen su desarrollo integral. Durante la pandemia se incrementó este siniestro fenómeno aprovechándose de un escenario en donde los menores, especialmente de zonas rurales, no podían asistir a los centros educativos. El confinamiento preventivo, aunado al empobrecimiento de las familias que devengan su sustento de la economía informal y a la falta de oportunidades que implica la recesión económica, facilitan que los grupos armados organizados (GAO) desarrollen sus actividades de reclutamiento entre los niños y niñas más vulnerables. Es un crimen infame que la sociedad entera está llamada a rechazar, y que la comunidad internacional debe conocer para apoyar los esfuerzos de Colombia en esta lucha.

¿Qué cifras maneja la Defensoría?

En 2020 advertimos que había riesgo de reclutamiento en 188 municipios de 29 departamentos. En ese período, la Defensoría tuvo conocimiento de 83 casos, de los cuales el 80 % ocurrieron en zona rural y el 33 % de las víctimas eran menores de 14 años. En 2021 ya hemos emitido cinco alertas tempranas en la materia y apenas vamos en el primer trimestre. Las regiones con mayor riesgo de este fenómeno son Antioquia, Urabá, Chocó, Cauca, Valle, Tumaco, Bolívar, Meta y Norte de Santander. El país debe entender que hay un maridaje entre los grupos armados irregulares y el narcotráfico, que se traduce en reclutamiento y en un sinnúmero de conductas violatorias de los derechos humanos. Nosotros en esta materia debemos trabajar por fortalecer la sustitución de cultivos ilícitos con enfoque diferencial y en forma sostenible en el tiempo.

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Este un tema prioritario para la Defensoría. Por eso este año adoptamos la Estrategia de Prevención de Reclutamiento, Uso y Utilización de niños y niñas por parte de grupos armados organizados, con el propósito de desplegar acciones muy concretas que fortalezcan las capacidades de prevención y de atención de las víctimas; y para contribuir a visibilizar las dinámicas actuales y la problemática en toda su dimensión.

A veces da la sensación de que las alertas tempranas importan poco a los organismos de seguridad...

A toda la institucionalidad le importa este fenómeno. A la fecha no hemos encontrado indiferencia por parte de ningún estamento público ante los hechos de violencia que afectan a nuestros niños, niñas y adolescentes. Por el contrario, confiamos en la existencia de una conciencia institucional clara sobre la necesidad de combatir sin descanso este fenómeno. Trabajamos permanentemente en el fortalecimiento del Sistema de Alertas Tempranas con el fin de impulsar la consolidación de acciones territoriales integrales e inclusivas que impulsen en el corto y mediano plazo, estrategias participativas de intervención social, desarrollo económico y, por supuesto, medidas de protección y seguridad urgentes, oportunas y eficaces para disuadir los factores de amenaza en el territorio. Los logros alcanzados a la fecha han permitido a la Defensoría del Pueblo avanzar en la incorporación de elementos y herramientas tecnológicas y metodológicas para el análisis diferencial del escenario de riesgo; la identificación de impactos particulares sobre grupos poblacionales de especial protección como son los niños, niñas y adolescentes, y el diseño de recomendaciones dirigidas específicamente a la puesta en marcha de acciones para prever la garantía de sus derechos. Como parte de este proceso, la Defensoría del Pueblo ha tomado la decisión de participar activamente en la consecución de estos objetivos.

Por ello, en el marco de sus competencias legales y constitucionales, la entidad ha diseñado y pondrá en marcha desde 2021 y hasta 2023, una estrategia de impulso, promoción y acompañamiento al desarrollo de acciones institucionales, llamada “Ruta por los Derechos”. Esta iniciativa busca, desde el enfoque integral y diferencial mencionado, contribuir a enfrentar las condiciones de amenaza y vulnerabilidad advertidas en las alertas tempranas y que causan violaciones a los derechos de nuestros niños, niñas y adolescentes. “La Ruta por los Derechos” es una oportunidad que aprovecharemos para unir a todas las entidades del Estado, del nivel nacional y territorial, en un mismo fin: procurar garantías efectivas para nuestros niños.

¿Cuál es su posición como defensor frente al bombardeo por parte de la Fuerza Pública en el Guaviare, en el que habrían muerto algunos menores de edad? Medicina Legal ya confirmó al menos una adolescente de 16 años…

La instrumentalización de niños y niñas por parte de grupos armados organizados debe ser condenada por el país, y la comunidad internacional está llamada a apoyar los esfuerzos del país para prevenirlo y sancionar a los responsables. Esas acciones criminales deben ser un elemento de cohesión nacional con el fin de combatir con todos los recursos disponibles a los grupos delictivos que son capaces de realizar una conducta como esa. El reclutamiento forzado, el uso y la utilización de niños y niñas es una infracción al Derecho Internacional Humanitario. Es un crimen atroz que hace víctima al activo más preciado de la sociedad, por ello es precisa una acción contundente del Estado, la sociedad y la familia para proteger a la niñez. Suavizar o debilitar la acción de la institucionalidad estimularía esas conductas por parte de los que las hacen, precisamente con el propósito de afectar la acción contra ellos. Eso pondría en riesgo a muchos más niños, niñas y adolescentes. Eso no lo podemos permitir.

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¿Qué opinión le merece el que el ministro de Defensa, Diego Molano, llame a los menores combatientes como “máquinas de guerra”?

La niñez y la juventud colombiana deben ser protegidas y sus derechos garantizados con la prevalencia que les otorga la Constitución. Por eso hay que insistir sin descanso en tomar acciones contra los que pretenden instrumentalizarlos con fines criminales o para debilitar la acción del Estado. El Estado, la sociedad y la familia deben unirse como uno solo para enfrentar en forma contundente a los que son capaces de reclutar niños con fines criminales.

Hace poco Naciones Unidas llamó la atención porque, en su concepto, el Gobierno no estaba haciendo lo suficiente frente a la protección de los líderes sociales y defensores de derechos humanos, ¿se está haciendo lo suficiente o no?

Mientras haya un solo líder social en riesgo, hay más por hacer. La labor de defensa de los derechos humanos y su goce efectivo han sido reconocidos por la comunidad internacional y el Estado colombiano. Mientras subsistan violaciones a sus derechos, los esfuerzos deben redoblarse. En este sentido, la Defensoría del Pueblo ha tomado la decisión de instar permanentemente a las instituciones para adoptar medidas y estrategias locales y nacionales que permitan enfrentar los orígenes multicausales de los riesgos que afectan a los líderes sociales y personas defensoras de derechos humanos. Hemos diseñado y puesto en marcha la estrategia “Estamos Contigo”, que se acercará a las organizaciones sociales, colectivos, líderes y personas defensoras para promover, de la mano de las entidades competentes y con el apoyo de la comunidad internacional, acciones en prevención, protección integral, acceso efectivo a la justicia y autoreconocimiento y no estigmatización, entre otras medidas.

Los análisis de la Defensoría han permitido concluir que los riesgos al ejercicio de la defensa de los derechos humanos se concentran de manera particular en algunos territorios. Seguimos trabajando minuto a minuto, con nuestras estrategias y el impulso de acciones institucionales, para enfrentar los factores de vulnerabilidad y amenaza en Antioquia, Chocó, Cauca, Valle del Cauca, Nariño, Norte de Santander, Putumayo y Huila, departamentos con fuerte presencia del narcotráfico, minería ilegal, contrabando y hasta de las mafias del gota a gota. En esta materia, se evidencia también el maridaje entre los grupos armados irregulares y el narcotráfico, que en este caso se traduce en amenazas y riesgos a los líderes sociales.

Y siguen los desplazamientos...

En lo que va corrido de 2021 persiste la “crisis humanitaria recurrente” advertida en 2020 en algunas zonas del país. Desde el 1° de enero al 26 de febrero de 2021 se vienen presentando cuatro hechos de desplazamiento masivo por semana en el territorio nacional. Estos hechos se han concentrado en siete departamentos: Antioquia (Bajo Cauca, Norte y Nordeste), Chocó (Medio Atrato, Alto, Medio y Bajo Baudó, Bajo Atrato y Bajo San Juan), Valle del Cauca (Buenaventura), Cauca (Argelia y Norte del Cauca), Nariño (costa Pacífica), Córdoba (sur de Córdoba) y Norte de Santander (Catatumbo). Según fuentes de la Defensoría Delegada para la Movilidad Humana, durante el primer bimestre de 2020 se presentaron 18 eventos de desplazamiento que afectaron a 2.426 familias y, en 2021, en el mismo período, se han registrado 31 eventos que representan 4.157 familias, lo que significa un aumento del 72 % respecto del año anterior. El desplazamiento es un fenómeno que afecta especialmente a las comunidades étnicas, campesinas y migrantes, con necesidad de protección internacional, al estar constantemente expuestas a las confrontaciones, amenazas y riesgo de reclutamiento forzado por parte de los diferentes grupos ilegales, dejando en evidencia la vulneración de los derechos a la vida y libertad e integridad.

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Nosotros seguiremos incansablemente haciendo llamados, convocando y propiciando acciones que se traduzcan en un trabajo articulado que fortalezcan las políticas de prevención, protección, atención, registro y restablecimiento de derechos en esta materia. Acá es muy importante el compromiso de las autoridades territoriales, con el fin de realizar las acciones preventivas y de protección con enfoque territorial, de atención integral y de seguridad humana.

¿Hay un resurgir del fenómeno paramilitar en el país que le quedó grande al Estado?

Al Estado no le puede quedar grande ningún desafío. La aceptación de una expresión criminal como algo que nos supera, sería entregar el país a los delincuentes. El Estado debe luchar en forma incansable, coordinada, contundente e inteligente contra cualquier forma de criminalidad por fuerte y bien narcofinanciada que esté. No es la primera vez que el país ha enfrentado fenómenos como estos y no hemos sido inferiores al desafío. El narcotráfico de hoy, como el de ayer, cree que su dinero los hace invencibles, pero no hay sino que ver dónde están los ‘narcos’ de ayer para entender que el Estado tiene vocación de triunfo en esta y en cualquier otra materia. Acá lo que hay son fuerzas irregulares armadas por el narcotráfico para cuidar esos intereses criminales y la dominación del territorio.

¿Cómo va el tema de la Implementación de la paz o eso no existe?

Desde la Defensoría hemos observado que el Gobierno colombiano está haciendo esfuerzos por implementar los acuerdos de paz en unos territorios inundados de cultivos ilícitos, y esto implica el desafío de mantener la implementación de esos acuerdos mientras se adelanta la lucha contra un narcoterrorismo revigorizado. Revisando las cifras, hemos encontrado que desde 2018 y con corte a febrero de 2021, el Gobierno actual ha destinado $11.8 billones a la implementación del Acuerdo de Paz. Eso muestra un compromiso significativo con el tema en la medida en que el Gobierno anterior destino un total de $4.4 billones de pesos entre 2017 y 2018, es decir, muchísimo menos de la mitad. Hay que seguir trabajando y vemos la voluntad de la institucionalidad en ese sentido.

¿Está de acuerdo en ceder y centralizar las cifras de asesinatos de líderes sociales en la Fiscalía, cuando la Defensoría era de las instituciones con el recuento más confiable?

La Defensoría no ha cedido competencias. Esta entidad honra los deberes constitucionales que, como Ministerio Público y órgano de control, le ha asignado la Carta Política de 1991. Velar por la promoción y garantía de los derechos humanos es y seguirá́ siendo el motor principal de las acciones y gestiones que desarrolla. No hay ni habrá menoscabo de las labores de monitoreo, advertencia y seguimiento a los escenarios de riesgo, registro y consolidación de información sobre las conductas vulneratorias que afectan el ejercicio de la defensa de derechos humanos. Precisamente, la Defensoría entregó el 19 de febrero el reporte de la entidad sobre los hechos conocidos durante el 2020, y continuará realizando esta labor, para que la protección de los líderes sociales se fortalezca.

¿Esta situación no podría implicar un choque con la Fiscalía?

De ninguna manera. Nosotros confiamos en que siempre, bajo la colaboración armónica, se pueden aportar capacidades y recursos técnicos, humanos y financieros, desde la misión y función legal y constitucional de cada entidad, fortaleciendo las acciones territoriales y las estrategias nacionales por medio del intercambio de información sobre toda conducta ilegal que afecte a los líderes sociales y personas defensoras de derechos humanos. Es así como la Fiscalía General de la Nación en su labor investigativa ha venido entregando importantes resultados.

¿Cuál es la posición de la Defensoría frente a las fumigaciones aéreas de cultivos ilícitos?

El narcotráfico es el combustible de infinidad de fenómenos que afectan la vigencia de muchos derechos. Detrás de esos recursos malditos están las amenazas a líderes sociales, los desplazamientos, el reclutamiento forzado, las amenazas, los atentados, el microtráfico, y un extenso etcétera. Decía Isaiah Berlin, el famoso pensador británico, que en política muy pocas veces hay que elegir entre el bien y el mal, eso sería algo fácil, por desgracia la mayoría de las veces hay que elegir entre un mal mayor y un mal menor. Nosotros hemos venido interviniendo ante la Corte Constitucional en el sentido de reconocer, como lo ha hecho la misma Corte, que la erradicación a través de las distintas vías, incluida la fumigación, es una herramienta con que cuenta el Estado y que se puede utilizar con el lleno de una serie de requisitos, y donde el diálogo social con las comunidades, es muy importante.

Ante el evidente fracaso de la lucha antidrogas, ¿no será que llegó la hora de cambiar de estrategia y buscar su legalización regulada, como proponen algunos?

Como defensor del Pueblo mi enfoque es el bienestar de los ciudadanos a partir de la garantía de sus derechos. La Defensoría no define políticas públicas, pero sí considero que el Estado debe funcionar como un todo armónico en la búsqueda de soluciones viables y razonables a las problemáticas que nos aquejan. Esa no es una decisión que pueda tomar Colombia de forma aislada, sino que requiere un diálogo internacional a partir de una reflexión profunda sobre el alcance de estas medidas en los derechos humanos. No sé si la comunidad internacional llegará allá en algún momento, pero nuestro trabajo no es divagar sobre qué podría pasar si el mundo fuera de una forma u otra, sino sobre lo que está pasando en la coyuntura de hoy y con las amenazas que vivimos como sociedad hoy.

Siguen los cuestionamientos por los nombramientos de defensores regionales, como el de Urabá, José Augusto Rendón, crítico en el pasado de la restitución y abogado de empresarios que fueron obligados a devolver tierra despojada, ¿con qué criterio se le escogió?

Los defensores de ese o de cualquier otro lugar del país los elegimos de acuerdo con su formación profesional, su experiencia y su voluntad de sacar adelante la visión institucional que tenemos desde la Defensoría. El defensor regional ha sido funcionario público sin tacha ni señalamiento alguno y ha ejercido su profesión de abogado durante más de 20 años en litigios donde ha presentado posturas jurídicas de poderdantes empresariales, pero también en otros donde ha sido representante de asociaciones campesinas, asociaciones de desplazados, sindicales y consejos comunitarios. Sin embargo, quiero ser claro que no somos sordos a los posibles llamados de atención que se hagan en esta o en cualquier otra materia.

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Pues las comunidades de Urabá han rechazado su nombramiento...

Hemos recibido cartas criticando el nombramiento y otras aplaudiéndolo. Eso me ha sucedido en otros lugares, en donde muchas veces hay intereses distintos a los que afirman tener.

La Defensoría, junto a la Procuraduría y la Contraloría, hicieron equipo para vigilar y auditar el programa de vacunación contra el COVID-19, ¿qué balance se tiene, un mes después, de iniciado ese proceso? Hay denuncias de fraude en la aplicación de las vacunas y se habla de lentitud…

Ese proceso tiene que salir bien y en eso está toda la institucionalidad. La Defensoría tiene presencia en 42 regionales, y en cada una de ellas, además del defensor regional, se designó un enlace para acompañar las acciones en territorio relacionadas con esa vacunación. Nosotros hemos hecho presencia en las jornadas de vacunación y en la etapa de planificación y evaluación del plan, todo desde una óptica de derechos. Estamos pendientes de que se cumplan las priorizaciones establecidas y que las personas vulnerables sean tratadas con dignidad y oportunidad. La gran noticia es que ya inició la segunda etapa en donde se podrá vacunar a los mayores de 60. Es importante aprovechar este espacio para hacer un llamado al creciente número de personas que, teniendo el derecho a vacunarse, no lo han hecho por prevenciones hacia las vacunas. Los invito a que confiemos en la ciencia y no pongamos en riesgo la salud de nuestros seres queridos. La pandemia ha tenido un enorme costo en materia social y debemos hacer todo lo posible por volver a la normalidad mediante la vacunación.

Con decirle que hace un año, el 89,3 % de la población comía tres veces al día y hoy lo hacen el 67,3 %. Eso muestra el deterioro de la situación social del país. Vacunarse no es solo una responsabilidad médica, sino económica y social. Quiero también hacer un llamado a las EPS e IPS para que redoblen esfuerzos y sean más proactivos en la superación de obstáculos y en la solución de las impredecibles situaciones que se presentan. En esta materia nadie puede ser observador, todos debemos ser protagonistas.