Militares apolíticos, reservas no

Este es el mensaje que envía Acore, el cual, para muchos, refleja el pensar de los activos.

El mismo Gobierno pidió a las campañas políticas respetar la independencia de las Fuerzas Militares. / Archivo

Primero fue el comercial en el que el presidente candidato, Juan Manuel Santos, reunido con varias personas, les pregunta si estarían dispuestas a “prestar” a sus hijos para la guerra. Luego las denuncias de Germán Vargas Lleras, su fórmula vicepresidencial, en el sentido de que ha visto a miembros activos de la Fuerza Pública involucrados en actividades proselitistas a favor de Óscar Iván Zuluaga, el candidato presidencial del Centro Democrático. Y también está el proyecto de crear el ministerio de la seguridad ciudadana, que lideraría el general (r) Óscar Naranjo y al que se integraría la Policía Nacional como una fuerza civil para la convivencia social y el posconflicto.

Estos son los ingredientes de la nueva polémica del debate electoral por la primera magistratura del Estado, en el que cada campaña busca sacar provecho con las ya constantes acusaciones de “juego sucio”. Según Vargas Lleras, se está presentando un manejo “calumnioso” y una “desinformación” al decirles a los militares que en los diálogos de La Habana se discute su disminución y que el nuevo ministerio es una “concesión” que apunta a que las Farc se queden con el mando de la Policía o del Ejército mismo. “Hacemos responsables a Uribe y a Zuluaga de lo que esto pueda derivar como consecuencia en nuestras instituciones hacia el futuro”, sentenció.

Sus señalamientos recibieron ayer respuesta por parte de Zuluaga, quien dijo que su único contacto con la Policía es por razones de seguridad, en los desplazamientos que viene haciendo por todo el país. De paso, el candidato uribista aprovechó para lanzar pullas a Santos y al mencionado comercial de “prestar” los hijos para la guerra: “Ni ellos ni los soldados en servicio activo pueden votar. Eso es diferente a lo que piensan sus familias, que se sienten desengañadas, sienten que se ha deteriorado la moral de las Fuerzas Armadas, se han desmejorado sus condiciones en materia salarial y se les ha incumplido. Son familias que ayudaron a elegir a Santos en 2010 y hoy se sienten ofendidas con su campaña publicitaria”, enfatizó.

En medio de la discusión está la Asociación Colombiana de Oficiales en Retiro (Acore). En diálogo con El Espectador, el general (r) Jaime Ruiz Barrera, su presidente, señaló que si bien ellos no tienen compromisos políticos con ninguno de los candidatos, sí existe en estos momentos mucho interés por parte de las reservas de participar en el proceso electoral: “Las Fuerzas Militares son apolíticas, pero la reserva no. Les pedimos a los candidatos que no jueguen con ellas. No las comprometan políticamente. Si hay casos ciertos de participación, como dice el doctor Vargas Lleras, que los denuncien. Pero, sin procesos disciplinarios, no es posible hablar de politización”, explicó.

Ahora, es cierto que existe mucho malestar, al menos en el interior de las reservas de las Fuerzas Armadas, debido al comercial de Santos. “Este mensaje ofende en materia grave lo más sensible y lo más preciado de aquellos valores que siempre nos han identificado como soldados de la República. La firme convicción de sacrificar la vida en defensa de la patria no tiene duda alguna. Nuestro honroso y permanente compromiso en tal sentido se fortalece permanentemente frente a las distintas amenazas que hemos combatido para proteger al pueblo colombiano”, expresó Acore a través de un comunicado público, en el que además le piden al Consejo Nacional Electoral suspender la difusión del comercial.

Lo cierto es que, más allá del tema publicitario y de la misma campaña electoral, el rumor de una molestia creciente en la Fuerza Pública no es algo nuevo. Bien se podría decir que viene desde abril de 2013, cuando el expresidente Álvaro Uribe —a través de Twitter— dio a conocer las coordenadas de la zona donde se habrían suspendido operaciones militares con el fin de facilitar la salida de dos jefes de las Farc hacia Cuba para participar en la mesa de diálogos. “No está bien que miembros de las Fuerzas Armadas filtren información de seguridad nacional y por eso le pedí al general Alejandro Navas que haga una investigación”, dijo en su momento el presidente Santos al respecto.

En agosto de ese mismo año se dio el cambio de cúpula y luego, en enero de 2014, se conoció el escándalo de la llamada sala Andrómeda, en el que miembros de inteligencia del Ejército operaban, desde un local comercial ubicado en el barrio Galerías de Bogotá, una central de chuzadas ilegales que, además de los blancos tradicionales de la izquierda política, estaría rastreando a los negociadores del Gobierno en los diálogos de paz con la guerrilla. Estos hechos implicaron el relevo del jefe de Inteligencia, general Mauricio Ricardo Zúñiga, y del director del Centro de Inteligencia, general Jorge Zuluaga. Otra vez, el jefe de Estado pidió investigar a fondo y fuentes de la Fiscalía dicen que ya hay una lista de oficiales activos que próximamente serían llamados a indagatoria.

En abril pasado, el general (r) Jorge Enrique Mora, uno de los delegados en la mesa de negociaciones con las Farc, declaró enfáticamente que debía haber seguridad y tranquilidad respecto a que la Fuerza Pública no ha sido ni será un tema dentro de las conversaciones en La Habana. En este sentido resaltó que la misión de los soldados y policías no está en discusión, no hace parte de los acuerdos y no se han recibido instrucciones diferentes a que las Fuerzas Militares sigan cumpliendo con su deber constitucional. Una sorpresiva declaración que fue leída como una clara reacción del gobierno Santos a la movida de la campaña de Zuluaga, quien acababa de recibir el apoyo de un grupo de exuniformados pertenecientes a Acore.

Ayer, al comienzo de un nuevo ciclo de conversaciones con la subversión, esa postura fue reafirmada por Humberto de la Calle, jefe de la delegación gubernamental en Cuba: “A nuestras Fuerzas Armadas, a las que han tratado de desinformar y desmotivar, a ustedes soldados y policías de la patria, les quiero decir que ni su salario, ni su futuro, ni mucho menos su doctrina, han sido o serán negociados aquí. No se dejen confundir por quienes no tienen otro interés que atacar este proceso con una imperdonable campaña de desinformación”, dijo, sin duda en respuesta a las supuestas ‘movidas’ del uribismo.

Un tire y afloje que incluso tiene hoy su campo de batalla en internet, donde circulan toda clase de versiones, denuncias e informaciones acerca de la supuesta participación en política de los miembros de la Fuerza Pública. Asimismo, en las redes sociales se juega a comparar dos decretos: el primero aparece con el número 1794 de 2000 y está firmado por el presidente Andrés Pastrana y el ministro de Hacienda Juan Manuel Santos. En dicha directiva se creó el subsidio familiar para los soldados profesionales. En el otro decreto, que figura con el número 3770 de 2009 y firman el presidente Álvaro Uribe y su ministro Óscar Iván Zuluaga, se deroga ese subsidio.

El ministro de Defensa, Juan Carlos Pinzón, les pidió ayer a las campañas políticas respetar la independencia de las Fuerzas Militares: “Ellas son las garantes de la paz y no podemos permitir que sean manoseadas”, dijo. Pero el expresidente César Gaviria, jefe de campaña de Santos, le respondió pidiéndole organizar las filas e impedir que “tras más de 50 años de obediencia al Estado de Derecho, algunos miembros de sus filas anden en campaña proselitista”. Y se habla de una reunión de urgencia con oficiales y suboficiales, citada para hoy por el director de la Policía, general Rodolfo Palomino, para ‘calmar las aguas’ y salirle al paso a tanto rumor que, por lo visto, está haciendo mucho daño.

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