Militares en retiro piden investigar a Baltasar Garzón por incitar a sublevación indígena

En un enérgico pronunciamiento, las reservas de las Fuerzas Militares piden investigar al juez español y de ser necesario, proceder a su expulsión inmediata del territorio nacional.

Varios organizaciones que representan a los militares en retiro pidieron este miércoles a la Fiscalía General de la Nación investigar la presencia de extranjeros en las zonas donde se ha dado la crisis de orden público en el Cauca.

A través de un comunicado advirtieron “la presencia no autorizada y la injerencia indebida de ciudadanos extranjeros en asuntos internos del país, actuando como activistas o agitadores dentro de estas comunidades indígenas”.

Es totalmente inaceptable y corresponde a las autoridades competentes, proceder de conformidad para aplicar rigurosamente los procedimientos establecidos por la ley, que sin lugar a dudas, no son otros que la de su expulsión inmediata del territorio nacional como mínima sanción”, indicó el comunicado.

En ese sentido, fue citado directamente el juez español Baltasar Garzón, su hijo y varios miembros de ONG internacionales porque “desde hace mucho tiempo, al igual que los grupos subversivos existentes en el área, vienen incitando a los aborígenes a desa?ar el ordenamiento jurídico vigente”.

Comunicado de los uniformados en retiro

Las Reservas Activas de las Fuerzas Militares de Colombia, representadas en las distintas asociaciones que aquí aparecen, en nombre del cuerpo de O?ciales, Subo?ciales y Soldados de la República que las integran, hacen publica su indignación y rechazan enérgicamente la agresión física, humillante y sistemática que desde hace algunos días vienen siendo objeto los miembros de la fuerza pública destacados en el norte del Departamento del Cauca.

Estas formas de agresión protagonizadas por parte de algunas etnias indígenas, claramente manipuladas por la organización terrorista de las Farc, han originado un franco rompimiento del orden jurídico, al declararse en franca rebeldía contra las autoridades legítimas de la nación, tipi?cándose de esta manera un mani?esto e intolerable acto de desobediencia civil, que debe ser reprimido de inmediato.

Este ofensivo, desa?ante e inaceptable proceder, con el agravante de utilizar mujeres y niños como escudo humano, no tiene aceptación ni antecedente alguno, que pueda ser comparado con hechos similares que hubieran sucedido en el territorio nacional.

Si bien es cierto que la Constitución y las leyes de la República disponen que los territorios indígenas sean gobernados y reglamentados, según usos y costumbres de sus comunidades, la misma carta magna establece la obligación que tienen de preservar y mantener el orden público en sus áreas de responsabilidad, en concordancia con las instrucciones y disposiciones que en tal sentido, imparta el gobierno nacional.

En ningún momento se excluye de la geografía patria y del ejercicio de soberanía del estado colombiano, los territorios ocupados por estas comunidades.

La actitud de quienes participan en este tipo de hostilidades contra la fuerza pública, evidentemente transgrede lo dispuesto por la normatividad jurídica de la nación, y en consecuencia le corresponde al gobierno y a las autoridades judiciales de la República, hacer cumplir las normas que garanticen plenamente la independencia, la soberanía y la integridad nacional.

Los vergonzosos y humillantes hechos conocidos a través de múltiples fotografías y suficientes para proceder de inmediato contra los líderes y demás actores de esta grave perturbación del orden interno. Corresponde a la Fiscalía General de la Nación, iniciar de inmediato las acciones pertinentes que permitan sancionar penalmente. a todos los responsables de tan oprobiosos y repudiados acontecimientos.

Por otra parte, la presencia no autorizada y la injerencia indebida de ciudadanos extranjeros en asuntos internos del país, actuando como activistas o agitadores dentro de estas comunidades indígenas, es totalmente inaceptable y corresponde a las autoridades competentes, proceder de conformidad para aplicar rigurosamente los procedimientos establecidos por la ley, que sin lugar a dudas, no son otros que la de su expulsión inmediata del territorio nacional como mínima sanción.

Entre estas personas, se encuentra el ciudadano español Baltasar Garzón, su hijo y varios miembros de ONG internacionales, que desde hace mucho tiempo, al igual que los grupos subversivos existentes en el área, vienen incitando a los aborígenes a desa?ar el ordenamiento jurídico vigente.

Finalmente, hacemos un llamado a los distintos sectores de la sociedad colombiana, para que en estos momentos de grave alteración del orden público nacional, generada por equivocadas decisiones de carácter político, rodeen a su fuerza pública y a sus mandos naturales, para que puedan cumplir digna y cabalmente la misión institucional que les corresponde.