:format(jpeg)/s3.amazonaws.com/arc-authors/elespectador/fac96dea-9794-4cc8-b0ae-031959d4ccce.png){kind=small}
:format(jpeg)/www.elespectador.com/resizer/CxH1qrxfajJmwrsNkJD1nok-IJ0=/arc-anglerfish-arc2-prod-elespectador/public/ILDV4HQAJRAUTEXAW2PQMMTRXM.jpg)
La semana que arranca trae consigo dos manifestaciones de protesta y descontento que evidencian el momento de ebullición social que enfrenta el país, aun en medio de la pandemia. No solo se prevé que llegue la minga indígena a Bogotá —en búsqueda de un cara a cara con el presidente Iván Duque—, sino que el miércoles se desarrollará otra jornada de paro nacional, justo a un mes de que se conmemoren las históricas movilizaciones de noviembre de 2019.
¿Qué está haciendo el Ejecutivo para evitar un estallido social y responder a las inquietudes que suben de tono en las calles? El director del Departamento Administrativo de la Presidencia (DAPRE), Diego Molano, asegura que persiste la intención de diálogo. Aunque con el paro saca pecho una vez más por lo conseguido con su Gran Conversación Nacional, a la hora de responder por la mesa exclusiva planteada con el Comité del Paro alega que detrás de sus propuestas hay intereses políticos y que desconocen la realidad económica del país después de la pandemia. La inquietud persiste: ¿qué hacer para que haya acuerdos y se baje la temperatura?
En contexto: Duque y el desafío del Comité del Paro
La semana pasada hubo polémica entre Gobierno y Distrito por la logística y atención de la minga. ¿De dónde salió la versión que ustedes asumirían esa responsabilidad?
El Gobierno no llegó a ningún acuerdo. Fue una versión que se inventó la alcaldesa (Claudia López) para decir que no asumimos y evadimos responsabilidades que a ella le corresponden.
Pero el Distrito citó un decreto que da cuenta de las obligaciones del Ministerio del Interior con los pueblos indígenas…
Se equivocan al decir que ese decreto establece responsabilidades del Ministerio en el manejo de las mingas. Ese decreto se refiere a los lineamientos de políticas públicas con las comunidades indígenas. En ninguna parte dice que hay que coordinar la logística de los baños o las actividades de movilizaciones pacíficas. Lo que nos corresponde, y es la gran preocupación que tenemos, es cómo evitar que las aglomeraciones pongan en riesgo la reactivación económica.
Esta minga coincide con otra jornada de paro. ¿Cómo van los diálogos con el Comité del Paro, que se manifestó hace un mes?
El presidente lanzó desde noviembre la Conversación Nacional para escuchar a quienes marcharon y a quienes no, buscando encontrar soluciones, y acelerar o mejorar los programas de gobierno, pero también para responder a las inquietudes que plantearon los ciudadanos. Hubo resultados, por ejemplo, para los jóvenes hubo un decreto para vincularlos al Gobierno sin exigir experiencia. Van 12.000 beneficiados. También hubo un programa de alivios para 120.000 jóvenes que tienen créditos en el Icetex.
Con los alcaldes de áreas rurales, para beneficiar a los campesinos, destinamos más de $1 billón para vías terciarias. Se conversó con los ambientalistas y se firmó el tratado de Escazú. Hablamos también con los indignados por la corrupción y logramos aprobar más de seis proyectos de ley relacionados con instrumentos para combatir la corrupción, como por ejemplo la no casa por cárcel.
En el caso del Comité del Paro se adelantaron varias reuniones. Presentaron un pliego de 135 propuestas, de las cuales se identificó que aproximadamente el 40 % ya se están implementando, el 20 % no eran viables ni fiscal ni jurídicamente, y el resto eran mecanismos que podían ser discutidos. Sin embargo, durante esta emergencia el Comité sacó un pliego, el cual el Gobierno valoró y respondió, concluyendo que cuesta más de $196 billones: eso es más del 70 % del presupuesto aprobado para 2021 y muchas de esas solicitudes ya se implementaron.
Se planteó una renta básica y el Gobierno ya creó Ingreso Solidario, que llega a tres millones de colombianos. Planteaban matrícula cero y hoy hay 500.000 estudiantes de educación superior que durante este semestre y en el próximo tendrán una financiación del 100 % de su matrícula. Hay además un subsidio a la nómina para tres millones de trabajadores de más de 130.000 pequeñas y medianas empresas.
Hace un mes, tras la última movilización, usted repetía esos mismos argumentos. ¿Quiere decir que no habría lugar a una conversación nueva?
El Gobierno siempre ha mantenido la disposición de un diálogo efectivo y que produzca resultados. Mire el tema de la minga: el pasado fin de semana más de la mitad del gabinete se reunió con los indígenas, insistiendo en que se ha cumplido con el 80 % de los compromisos.
El Gobierno mantiene ese diálogo, pero en lo que tenemos que redirigir esfuerzos y energías es en la reactivación y no ponerla en riesgo. La gran preocupación es que haya rebrotes con las movilizaciones o en el uso de estas por parte de fuerzas políticas para hacer propuestas desmedidas. Preocupan también intereses oscuros de algunos grupos que quieren infiltrar las marchas para generar desestabilización y violencia.
Pero no se han reunido con el Comité. ¿Por qué no fluyen los diálogos?
Muchos de estos paros tienen unas propuestas, pero tienen más una orientación política y desconocen la realidad del país después de la pandemia, que ha tenido unas serias afectaciones desde el punto de vista fiscal, social y económico. El Gobierno quiere enfocarse en la reactivación para generar empleo y hacer inversiones que ayuden a recuperar la economía y las capacidades sociales del país.
¿Hay alguna estrategia para poderse reunir? Se lo digo no solo por las movilizaciones del miércoles, sino lo que pasará en un mes, el 21 de noviembre, cuando se cumple un año de las históricas protestas.
El Gobierno mantiene su intención de conversación y diálogo, y hay relaciones sectoriales con todos. Los estudiantes tienen una mesa con el Ministerio de Educación. El Ministerio del Trabajo con centrales obreras. El Ministerio de Agricultura con las dignidades agropecuarias. Con todos se espera avanzar en los compromisos y en resolver los problemas según cada política sectorial.
Esta semana hay minga y paro, ¿qué hacer para evitar un estallido social?
Este es un momento de reactivación económica y social, y por eso no debemos ponerla en riesgo. El Gobierno entiende que la pandemia ha dejado unas secuelas muy graves desde el punto de vista social y el desempleo, y por eso ha redireccionado todos sus esfuerzos con el plan de reactivación Compromiso por Colombia, que busca invertir más de $100 billones en generar un millón de empleos.
Lo mejor para atender las inquietudes, preocupaciones y angustias que tienen los colombianos es enfocarnos en la reactivación, generar diálogos que sean productivos y ejecutar acciones que verdaderamente les permitan seguir con esa tranquilidad y avanzar en recuperar la economía.
Se van a mantener apoyos como Ingreso Solidario hasta junio del próximo año gracias al Congreso. Se van a mantener los plazos extraordinarios de Familias en Acción, Jóvenes en Acción y adultos mayores hasta diciembre, eso significa dar una protección a más de 30 millones de colombianos y 10 millones de familias.
¿Cómo construir confianza entre las partes? El Comité no baja al Gobierno de autoritario y hasta fascista…
La mejor manera de construir confianza es con respeto mutuo. La confianza y el respeto lo ha querido mantener y generar el presidente Duque a través del cumplimiento. Él es un hombre palabra e hizo unas promesas de campaña que vienen ejecutándose y dando resultados. Se comprometió a sacar la cadena perpetua para violadores de niños y cumplió. A expedir el decreto para el control de la dosis mínima y cumplió. A impulsar las energías alternativas y ya vamos a llegar a más de 2.000 megas. La confianza se gana gobernando y cumpliendo esas promesas y los acuerdos. Cumpliendo es que se gana confianza y con resultados. Ese trabajo da legitimidad.
El Comité del Paro le dijo hace un mes a El Espectador que los encuentros han sido una “mamadera de gallo” y están congelados por una diferencia semántica de si se está en una mesa de diálogo o de conversación. ¿Qué hacer?
El Gobierno manifestó claramente todo el tiempo que aquí no estamos negociando el Estado. No podíamos negociar frente a una propuesta de negociar con el Eln, cuando ellos siguen secuestrando y generando atentados, inclusive ahora infiltrando algunas de las movilizaciones con grupos que buscaron destruir los CAI. Eso no se negocia, ni la política de seguridad de convivencia, como el desmonte del Esmad.
Está claro que había una disposición de diálogo para construir y acelerar los programas, pero iniciativas que buscaban hacer una reforma al Estado o con implicaciones en otras ramas del poder público por supuesto no estaban en discusión. Aquí lo que ha habido es un Gobierno completamente transparente, que presenta los hechos, busca construir, hace una mesa de conversación y producir resultados.
jgonzalez@elespectador.com