Mockus, ¿quedó mal?

De cómo la imagen de adalid ético de la política construida por el exalcalde de Bogotá es cuestionada por el contrato firmado por Corpovisionarios con el gobierno de Juan Manuel Santos.

 El expresidente Álvaro Uribe volvió a ponerle la agenda al país con la publicación del listado de contratos que firmó el Fondo de Programas Especiales para la Paz durante 2014. Minuto a minuto el revuelo por el documento se fue decantando y, en particular, apuntó a un contrato suscrito por la Corporación Visionarios por Colombia, que encabeza el exalcalde de Bogotá y excandidato presidencial, Antanas Mockus, por un valor de $480 millones.

El Partido Conservador fue el que encendió la mecha cuando su presidente, el representante David Barguil, se preguntó si la marcha que convocó Mockus para el próximo 8 de marzo “en defensa de la vida” era el vehículo de Corpovisionarios para dar por cumplido el contrato que, de acuerdo con Mockus y con la Oficina del Alto Comisionado para la paz, fue ejecutado y cumplido antes de finalizar el 2014.

Mockus dio sus explicaciones a través de un comunicado y sostuvo que no tuvo “ningún tipo de participación ni en la gestión, diseño o ejecución de dicho contrato” y que la denominada Marcha por la Vida “no tiene ningún tipo de financiación del Gobierno, ni he recibido dineros para organizarla”.

Sin embargo, para el expresidente Álvaro Uribe la explicación no bastó y por eso atizó la polémica después de las explicaciones del exalcalde de Bogotá. El hoy senador por el Centro Democrático encendió las redes sociales con más fuerza que Barguil e insistió pidiéndole a Mockus que “no nos invite a marchas por cuya promoción Santos le paga a usted”.

El excandidato presidencial y líder de la ‘Ola Verde’ de 2010 tuvo que salir a dar declaraciones en los medios en la mañana de este martes mientras que toda suerte de opiniones se tejían sobre su legitimidad para organizar una marcha y sobre el discurso por el cual se ha ganado un lugar en el mundillo político (ese que reza “la vida y los recursos públicos son sagrados”).

Mientras unos sostenían que el hecho de haber contratado con el Estado no le imponía una barrera ética para organizar una movilización en favor de la vida, no explícitamente a favor del proceso de paz, otros decían que la imagen de adalid de la ética pública en el país que se construyó Mockus por años había caído por cuenta del mentado contrato pues, al organizar la marcha, no había anunciado que su corporación había prestado servicios al Alto Comisionado para la Paz.

La mayoría de los debates surgieron ignorando que ya en varias ocasiones el mismo Mockus había hablado de los contratos que tenía su corporación con el Estado en relación con el proceso de paz (por ejemplo, cuando uno de los computadores de su equipo de trabajo fue hurtado en enero pasado). Y tampoco importó que un contrato del mismo Corpovisionarios con el Ministerio del Interior para desarrollar proyectos de cultura ciudadana en zonas con altos índices de violencia se había hecho público desde mediados del año pasado. Es decir, si la salvedad estaba hecha desde tiempo atrás, ¿por qué esperar hasta este momento para desprestigiar la marcha? ¿acaso el haber contratado con el Estado es un impedimento para movilizarse en contra de la muerte?

Para León Valencia, quien también fue señalado por Uribe por haber firmado contratos a través de la Corporación Nuevo Arco Iris en 2014 con el Gobierno -Valencia dejó esa fundación en 2012-, la conducción del debate por el expresidente es “una mala manera de desprestigiar y echar un baldado de agua sucia sobre personas que estamos luchando por la paz de manera independiente. La marcha por la vida se puso buena. Los uribistas encontraron el modo más vil de bajarse de ella, acusando al respetable Mockus de vendido”.

Separando el debate respecto a si había o no una falta ética en contratar con el Estado y luego organizar la marcha, a la que se había unido el mismo uribismo y el Partido Conservador, muchos se arrojaron a plantear la idea de que la imagen de transparencia construida alrededor de Mockus le daba una especie de ‘efecto teflón’ y que si los contratos hubieran sido de otro político, seguramente, no habría espacio para ‘creer’ en las buenas intenciones expresadas públicamente.
En el mismo sentido, llegaron a preguntarse si el apoyo que dio Mockus a Santos en la campaña por la presidencia de 2014 fue retribuido con el contrato celebrado con el Alto Comisionado para la Paz. Incluso se alcanzó a plantear que se trataba de una muestra de la supuesta estrategia de la Casa de Nariño para cooptar vía contratos a los sectores independientes de la academia y la política.

Probablemente, en esta ocasión, a Mockus y a quienes le siguen les pasó factura el haber construido la imagen de un político apolítico (sin proyectos ni aspiraciones personalistas). Su vocación pública se había imaginado como un asunto meramente altruista y, con el solo hecho de haber contratado con el Estado en un país con nutrida experiencia en escuchar de contratistas y funcionarios corruptos, le queda muy difícil a la sociedad y a sus opinadores pensarse un esquema ético en el que se preste un servicio al Estado y al tiempo se quiera, sin recibir pagos, defender una bandera política de respeto por la vida.

Solo el tiempo dirá si la imagen de Mockus se vio afectada por una ‘denuncia’ del uribismo, si la marcha del 8 de marzo se verá menguada o fortalecida en tiempos de radicalización política o si Mockus, a pesar de negarlo, está jugando en una estrategia política del santismo que instrumentaliza los anhelos de paz del país. Lo que está claro es que el esquema de buenos y malos que le plantea al país la polarización entre uribismo y gobiernismo ya absorvió a Mockus y lo tiene jugando en el ajedrez político.

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