Mujeres con derechos, Congreso tiene el deber

Durante el primer semestre del año, la Comisión Legal para la Equidad de la Mujer logró darle luz verde a varias iniciativas en materia de género.

Cerca de 17.000 casos de abuso sexual y violencia contra la mujer han sido registrados por Medicina Legal en Colombia durante los dos últimos años. El brutal asesinato de Rosa Elvira Cely y las más recientes denuncias de maltrato y discriminación, obligaron al Congreso a tomar medidas para contrarrestar este flagelo.

Antes de que culminaran las labores legislativas, las 19 integrantes de la Comisión Legal para la Equidad de la Mujer sesionaron conjuntamente para sacar adelante varios proyectos de ley que pretenden defender los derechos de las mujeres, ofrecerles beneficios económicos y nuevas estrategias de inclusión.

Aunque para la Representante a la Cámara, Ángela María Robledo el balance es un poco agridulce, ella señala que la Comisión “ha velado porque en la mayoría de proyectos sociales esté incorporada la perspectiva de la mujer”.

Hoy se conocen 4 importantes proyectos que están a un paso de la sanción presidencial.

La violencia contra la mujer no es conciliable

Un informe de la Red Nacional de Mujeres señala que 1.215 colombianas han sido asesinadas en lo corrido del año y 59.952 son víctimas de violencia intrafamiliar o doméstica.

Casos como el de Shirley Garzón Espinosa (23 años), asesinada de varios balazos por su ex esposo y el de Lady Amaranto (19 años), quien fue violada por tres hombres y asesinada en Santa Marta, motivaron a la Comisión a darle agilidad a un proyecto de ley para hacer que la violencia intrafamiliar y la inasistencia alimentaria dejen de ser conciliables, desistibles y excarcelables.

El texto conciliado señala que a pesar de que la mujer decida perdonar al agresor, la denuncia penal seguirá su camino y se obliga a las autoridades a investigar los hechos, incluso cuando un testigo sea quien interponga la denuncia.

La Alta Consejera para la Equidad de la Mujer, Cristina Plazas, manifestó que la violencia intrafamiliar ha sido tratada como un asunto de puertas para adentro, mientras las cifras aumentan a diario. Según Plazas, “ocho de cada 10 personas que mueren al año por violencia doméstica son mujeres”.

Vivienda para madres cabeza de familia

Otra de las iniciativas que tuvo acogida dentro de la reconocida ley de las 100 mil viviendas fue la inclusión de un artículo en el que de manera preferente se le otorga beneficios a las mujeres madres cabeza de familia, víctimas del conflicto armado. Bajo la ley, se acogerán a las madres de estratos 1 y 2, que hayan sido afectadas por el invierno o sean desplazadas por la violencia.

La Senadora Alexandra Moreno Piraquive señaló que “solo el 49% de los hogares tienen casa propia y por eso la ley le dará prioridad a las madres que sostienen a su familia y han sido víctimas del conflicto armado”.


Derecho a una pensión familiar

Según el informe de fondo de reservas pensionales de la Superintendencia Financiera de Colombia, 1.019.202 personas reciben una pensión. Esta cifra motivó a la creación de una ley para que las mujeres tengan derecho junto a su cónyuge a tener una pensión familiar en el momento en que lleguen a la edad de jubilación, que según el régimen es de 57 años en las mujeres y 62 años en los hombres.

En Colombia se requiere de un total de 1.300 semanas de cotización para acceder a la pensión. Por esto, la iniciativa legislativa establece que las parejas no tendrán que haber alcanzado de manera individual las semanas mínimas exigidas en el Seguro Social para lograr la pensión familiar. Solo deberán demostrar cinco años de relación conyugal o convivencia permanente y su afiliación al sistema pensional.

La Representante Nancy Castillo, actual presidente de la Comisión Legal de la Mujer, destacó que la ley “reconoce el trabajo de las mujeres y el hecho de que puedan sumar las semanas cotizadas de los dos miembros de una pareja termina favoreciendo a las mujeres en la medida en que el 50% de la pensión será para ella”.

Igualdad salarial

Según datos del DANE, entre febrero y abril de este año, la tasa de desempleo de las mujeres fue de 14,4%, mientras en los hombres fue de 8,5%. Este panorama hizo que entrara en vigencia la ley de igualdad salarial, un articulado promovido por la Comisión Legal para contrarrestar la discriminación profesional y garantice la retribución laboral entre mujeres y hombres.

La senadora Dilian Francisca Toro reiteró que la ley rechaza todo tipo de discriminación laboral por razones de “edad, género, sexo, nacionalidad, raza, religión, opinión política o actividades sindicales” y plantea “unos criterios de evaluación salarial y otorga acciones afirmativas a las empresas que promuevan la igualdad”.

Proyectos en camino

Aunque la Comisión Legal para la Equidad de la Mujer reconoce que el debate para lograr acuerdos es complejo, tres importantes iniciativas con perspectiva de género seguirán su rumbo después del 20 de julio.

Vacuna gratuita contra el Virus del papiloma Humano

El cáncer de cuello uterino es la principal causa de muerte por cáncer en el país y el segundo en incidencia después del cáncer de seno. De acuerdo con cifras del Instituto Nacional de Cancerología, cada año fallecen unas 2.000 mujeres por esa enfermedad y una de cada 25 mujeres es vulnerable a padecerla. A raíz de esta problemática, entró en curso en el Congreso un proyecto para que las niñas entre 9 y 12 años reciban gratuitamente la vacuna contra el virus del papiloma Humano (VHP).

Madres Comunitarias tendrán un ingreso mensual

El proyecto que ya fue discutido en Senado, hará que las mujeres que prestan sus servicios al Estado cuidando niños que pertenecen a los niveles 1 y 2 del Sisbén cuenten con un salario mínimo mensual. De ser aprobado, cerca de 79 mil madres comunitarias resultarán beneficiadas.

20 años de prisión para agresores con ácidos

Durante el 2011 se registraron 42 casos de mujeres víctimas de ataques con ácido sulfúrico en todo el país. Esta situación hizo que el Congreso le diera trámite a un proyecto que busca incrementar las penas para castigar severamente a los agresores que atacan con ácidos. Con esta ley se obligará a los centros de comercialización de químicos a llevar un registro de dichas sustancias. La red hospitalaria y privada deberán denunciar los casos.