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Las amenazas y asesinatos de líderes sociales y defensores de derechos humanos de manera sistemática es una realidad inocultable. Las cifras más recientes, reveladas por la organización Paz y Reconciliación, revelan que el país está al borde de un nuevo genocidio muy similar al que vivió la Unión Patriótica y, lo más grave, las principales causas de estos hechos aún no se han combatido.
Para eso, el Gobierno conformó una comisión de alto nivel del que hacen parte, entre otras, la Fiscalía General y la Procuraduría, para hacerle seguimiento a estas denuncias, investigarlas y judicializarlas. Este miércoles, justamente, se llevó a cabo el último encuentro informal para verificar en qué han avanzado las autoridades y cómo combatir las amenazas.
Es la última porque el presidente Juan Manuel Santos expedirá este mismo miércoles el decreto (en uso de sus facultades para implementar el acuerdo de paz) la normativa que constituye formalmente dicha comisión. Lo cierto es que, como lo dijo el ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, "partimos de la base de que más allá de las cifras, se está presentando una situación grave, especialmente en territorios como Antioquia y Cauca, y tenemos que tomar varias medidas", señaló.
Esas decisiones tienen que ver con superar la reacción básica de reforzar los esquemas de seguridad o trasladar de un lugar a otro a las personas amenazas. Según Cristo, las medidas que se deben adoptar tienen que ver con, por ejemplo, acelerar el proceso de sustitución de cultivos ilícitos por proyectos productivos.
"Nuestras Fuerzas Militares y de Policía harán esta semana una revisión exhaustiva del plan que se ha diseñado para que no haya un solo sitio del país dejado por las Farc que sea ocupado por grupos como el Eln o el Clan de El golfo y pretendan apropiarse de las fuetes de financiación ilegal”, dijo el ministro Cristo, afirmando que las fuentes de financiación ilegal como el narcotráfico o la minería criminal son dos causas importantes para que se produzcan esos asesinatos.
La próxima reunión, una vez el presidente Santos emita el decreto, serán dentro de dos semanas para explicar la operación de la misma comisión que se dedicará a diseñar las políticas y aplicarlas, y a sugerir a las distintas entidades del Estado cómo enfrentar esas amenazas “para lograr que cesen las amenazas y asesinatos a líderes sociales y defensores de derechos humanos en el país. Necesitamos llegar a cero asesinatos para consolidar la paz y ese es el objetivo.”, concluyó Cristo.