Opinión

Ni Constituyente ni Pacto Histórico: diálogo constitucional

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Ha sido frecuente, en la historia colombiana, proponer la celebración de acuerdos nacionales o la convocatoria de asambleas constituyentes como salidas de crisis políticas de coyuntura. Esta costumbre ha resucitado con ocasión de la polarización política que vivimos y la detención domiciliaria del expresidente Álvaro Uribe.

El Pacto Histórico que propone el senador Gustavo Petro y la Constituyente planteada por el Centro Democrático como remedios para superar esta crisis serían, por su inmediatez, saltos institucionales al vacío.

Así parecen haberlo entendido el propio presidente Duque, el senador Cepeda en sus declaraciones convocantes del martes y, estoy seguro, de que también lo querría el expresidente Uribe.

Lo que se precisa, entonces, es comenzar a construir un consenso institucional alrededor de algunos asuntos de interés nacional como el manejo de la pospandemia del COVID-19, la reforma de la justicia, la sostenibilidad del proceso de paz o el ordenamiento territorial que sigue siendo el gran tema pendiente de la Constitución de 1991.

El Congreso, donde están presentes las fuerzas políticas y podrían ser convocadas las voces representativas de la sociedad civil (no solo los gremios económicos), podría liderar este diálogo constitucional para identificar una agenda nacional de convivencia política como se comienza a hacer hoy en Chile.

Después de este ejercicio vendría la decisión conjunta sobre el mejor camino para convertir lo acordado en una realidad normativa. Esta podría ser, siguiendo lo dispuesto por el artículo 374 de la Constitución, un trámite legislativo, la convocatoria al constituyente primario, la cual requeriría aprobación previa del Congreso, según el artículo 376 de la Constitución, o el llamado a un referendo.

Para que este esfuerzo sea posible se requiere, sin embargo, que haya respeto entre los poderes públicos que forman parte de la institucionalidad que se pretende reformar. Que el gobierno nacional, con el presidente a la cabeza, no intervenga en asuntos privativos de la justicia, que los jueces tampoco permitan que se traslade a sus estrados el debate político, que es en lo que consiste la judicialización de la política, y que el Congreso, en desarrollo de sus fueros y de cara a la opinión pública, actúe como el escenario principal de la democracia en la construcción de una nueva agenda que nos permita seguir viviendo con nuestras diferencias de forma democrática y pacífica.

*Expresidente de Colombia.

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