No acaba la mala racha política de Caldas

Congresistas condenados por parapolítica, alcaldes procesados por corrupción, un gobernador destituido y último con la elección anulada hacen parte del panorama.

Guido Echeverri Piedrahita. /Archivo
Guido Echeverri Piedrahita. /Archivo

No han pasado dos años y las riendas del departamento de Caldas nuevamente estarán en manos de un gobernador encargado, mientras se convoca a elecciones para elegir un nuevo mandatario departamental. La situación se da tras la decisión del Consejo de Estado de anular la elección del gobernador Guido Echeverri Piedrahita, por violar el régimen de inhabilidades. Ya en 2011 el departamento había terminado el año con mandatario interino, tras la suspensión del anterior gobernador, Mario Aristizábal Muñoz, por posible corrupción.

La situación que hoy vive el departamento cafetero no es aislada. Se trata de un episodio más de la inestabilidad política que vive Caldas desde hace cinco años, por cuenta de las denuncias por corrupción, las condenas por nexos con los paramilitares o la violación al régimen de inhabilidades (como ocurrió con Echeverri).

El balance de los últimos años es diciente: cuatro representantes a la cámara condenados por nexos con paramilitares; tres congresistas investigados por posibles casos de corrupción; 15 alcaldes enfrentando procesos penales y disciplinarios; un gobernador destituido, por delitos contra la administración pública, y ahora la anulación de las pasadas elecciones a la gobernación por violación al régimen de inhabilidades.
Todo esto ha impedido tener procesos y administraciones estables, generando que hoy no exista un dirigente que pueda presentarse como alternativa para sacar al departamento de la larga crisis.


Congreso, parapolítica y corrupción

El mal momento político de Caldas comenzó con las investigaciones contra casi todos los congresistas caldenses electos para el periodo 2006-2010. Por un lado, fue la parapolítica. Por el otro, por casos de corrupción. Esta situación generó que la representación política del departamento en el ente legislativo se viera afectada, debido a que los representantes y senadores se la pasaron más defendiéndose de la justicia, que trabajando por la región.

Los efectos de la parapolítica en Caldas comenzaron en 2008, cuando las autoridades descubrieron que las dos curules que había ganado el Partido Liberal en la Cámara de Representantes fue gracias a la alianza que sellaron Ferney Tapasco González, jefe del Partido en Caldas, y el jefe político de las Auc, Iván Roberto Duque, alias ‘Ernesto Báez’, para combinar la fuerza política y de las armas durante los comicios de 2006.

Como resultado de esta investigación, las autoridades capturaron en 2008 a los congresistas Dixon Tapasco y Enrique Emilio Ángel Barco, quienes fueron condenados por nexos con los paramilitares. Sus reemplazos fueron Jairo Alberto Llano y Juan Pablo Sánchez (QEPD), quienes corrieron igual suerte.

Para ese momento, los entes de control también investigaban al cacique liberal Víctor Renán Barco (QEPD) por nexos con las Auc, quien murió en enero de 2009. Su reemplazo en el partido fue Tapasco González, quien también fue condenado por parapolítica y actualmente se encuentra en juicio por el asesinato del periodista Orlando Sierra Hernández, subdirector del diario La Patria de Manizales.

A la par con la investigación contra los Representantes a la Cámara del Partido Liberal, la Corte Suprema de Justicia también abrió investigación contra dos políticos del partido de La U: la exsenadora Adriana Gutiérrez Jaramillo, quien renunció al Senado para enfrentar su defensa, y el actual senador Óscar Mauricio Lizcano. En ambos casos, las investigaciones no pasaron los procesos de la etapa preliminar.

En medio de este panorama, las denuncias de posible corrupción también golpearon al departamento. Las investigaciones contra el cacique Conservador Ómar Yepes Alzate, por su posible participación en las irregularidades dentro de la Dirección Nacional de Estupefacientes, al igual que la investigación contra el actual jefe conservador Luis Emilio Sierra, son algunos de los casos que afectan al departamento.

 

En el departamento

Los procesos por nexos entre políticos y paramilitares también se adelantaron a nivel local, lo que permitió la condena del exalcalde de La Dorada, Justo Capera Caicedo, y el exalcalde de Pácora Orlando Ríos Galvis. A estos se condenados se suman las investigaciones contra otros exalcaldes de municipios como Aguadas, La Dorada, La Merced, Villamaría, entre otros. De igual forma, se habla de investigaciones a concejales y diputados del departamento.

Pero quizás, el caso más reciente y que más ha sonado en el país, fue el del exgobernador Mario Aristizábal Muñoz, a quien investigan por posibles hechos de corrupción. El exmandatario departamental fue socio de los dueños del chance en Caldas y al posesionarse les rebajó las transferencias que debía hacer a la salud. Esto generó investigaciones penales, fiscales y disciplinarias.

A finales de 2011 lo suspendió el Presidente, atendiendo una solicitud de la Contraloría General de la República, porque supuestamente estaba desde su cargo entorpeciéndola investigación. Debido a esta decisión, no pudo terminar su mandato. Por su parte, la Procuraduría lo destituyó e inhabilitó por la compra irregular de vehículos para la administración. De igual forma, cabe resaltar, que la justicia lo investiga por posibles nexos con las Auc.

Finalmente, de acuerdo con el diario La Patria, actualmente hay 30 investigaciones penales y 26 disciplinarias contra 15 alcaldes, la mayoría producto de denuncias por hechos que ocurrieron antes de asumir como mandatarios. Investigaciones por cargos como celebración indebida de contratos, contrato sin cumplimiento de requisitos legales, interés indebido en la celebración prevaricato por acción, corrupción al sufragante, participación en política, violación al régimen de inhabilidades y hasta calumnia hacen parte de los cargos.

Este panorama cierra con la reciente decisión del Consejo de Estado, que anuló la elección del actual mandatario Guido Echeverri Piedrahita por violar el régimen de inhabilidades. Ahora, se tendrá que convocar de nuevo a elecciones, las cuales podrían costar casi $7.000 millones. Aunque el caso de Echeverri nada tiene que ver con corrupción, ni paramilitarismo, sino una violación al régimen de inhabilidades, si aporta a la constante inestabilidad política que vive Caldas desde hace cinco años, que la mantienen estancada en sus principales indicadores de desarrollo.