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“No es cierto que el Gobierno destine más recursos a la educación que a la guerra”

La tesis de la oposición es que, realmente, el Ejecutivo dedicará para inversión en las Fuerzas Militares 3,1 veces lo que destinará para educación ¿Cuestión de palabras?

 No fueron pocos los sectores que atinaron a celebrar cuando en días recientes el director del Departamento Nacional de Planeación, Simón Gaviria, apuntó que en el plan de inversiones para el Plan de Desarrollo 2014-2018 el Gobierno contemplaba otorgar más recursos a la educación que al sector Defensa y seguridad. Sin embargo, desde la oposición, señalan que Gaviria habría olvidado mencionar que no es el Gobierno central el que cambió sus prioridades de inversión.

En efecto, en el proyecto del Plan de Desarrollo Todos por un nuevo país que fue puesto a consideración del Congreso queda consignado que, de los $703 billones que se invertirán en el próximo cuatrienio, $136,5 billones se destinarán a la educación y $93,7 billones a Defensa. El problema radica en cuál será la verdadera inversión del gobierno central.

Mirando bien las cuentas, serán las entidades territoriales las que más deben aportar al salto educativo que quiere dar el gobierno de Juan Manuel Santos. Solo el 22% ($30,1 billones) de esos $136 billones serán invertidos por el gobierno central en educación; $79 billones son recursos de transferencias, $21,6 billones los pondrán las entidades territoriales, $4,7 vendrán por la vía de las regalías y $0,5 billones serán puestos por el sector privado.

Para el Polo Democrático, es distinto hablar de $30.1 billones, que son los recursos que efectivamente pondrá el Gobierno, a decir que se aportan $101 billones, como ha dicho en repetidas ocasiones Planeación. Resulta que los $79 billones que incluye el Gobierno en su inversión son del Sistema General de Participaciones, o transferencias, como se les conoce comunmente. Esos recursos son manejados por los departamentos y municipios y están incluidos en sus presupuestos.

Por otro lado, el presupuesto de inversión para los cuatro años en el rubro de seguridad y defensa suma un gran total de $93,7 billones. De este total, $91,2 billones (el 97,3%) corre por cuenta del Gobierno; por el Sistema General de Participaciones, 2,1 billones, y el restante 6% viene de las arcas de las entidades descentralizadas, las entidades territoriales y del presupuesto de regalías.

Según estos cálculos, que viene construyendo el Polo, el Ejecutivo dedicará para inversión en las Fuerzas Militares 3,1 veces lo que destinará para educación. Incluso, se animan a decir en la oficina del representante Alirio Uribe, será 6,5 veces lo que destinará para el sector salud en el que, de $57 billones que contempla el presupuesto del Plan, $13,5 billones serán puestos por el gobierno central.

Pero esa no es la única preocupación. Según la interpretación que hacen en el Polo del artículo 357 de la Constitución, incluir presupuesto de transferencias en el rubro de defensa y seguridad es por lo menos inconveniente, pues esos recursos se tienen que destinar prioritariamente a educación, salud y saneamiento básico.

También, de acuerdo con Uribe, quien será respaldado por su bancada en esta posición, el plan de desarrollo anterior (de 2010 a 2014) destinó para inversión en seguridad y defensa 59,5 billones de pesos, “es decir, que si se compara con lo que se destinaría para 2014-2018 ($93,7 billones), crecería un 54% en términos nominales. Si se le descuenta la inflación, significaría aumentar en 25 billones en pesos de hoy la plata para la guerra”.

En concreto, la propuesta del Polo es no rebajar el presupuesto de inversión de seguridad y defensa en términos reales, y que se deje al equivalente en pesos de hoy del monto asignado para el período 2010-2014. Con estos estos recursos liberados, e invertidos en salud, educación, medio ambiente, entre otros; será posible empezar a construir el posconflicto y la paz, que es uno de los pilares del Plan propuesto por el gobierno Santos.