'No hay plata para anticipos': Joaquín José Vives

Presidente del Consejo Nacional Electoral dice que los partidos corren el riesgo de perder la personería jurídica si sus avalados resultan condenados.

A menos de un mes de que los colombianos elijan a sus gobernantes locales por los próximos cuatro años, Joaquín José Vives, presidente del Consejo Nacional Electoral, habla sobre riesgos electorales, la nueva reforma política y, en términos generales, sobre el sistema político colombiano: fortalezas y debilidades.

Nuevas elecciones y los mismos problemas de siempre: corrupción, amenazas, influencia de grupos ilegales, trashumancia... ¿por qué?

En el contexto histórico, las elecciones reemplazan a las guerras como mecanismo para escoger a los gobernantes, luego no es extraño que aquí se expresen las más bajas pasiones humanas y todo lo que es capaz de hacer el ser humano para alcanzar el poder. Obviamente, están establecidas reglas y limitaciones y la parte institucional está para hacerlas respetar.

Lo cual, a la luz de lo que sucede, parece no cumplirse a cabalidad…
La organización de las elecciones tiene muchas fracturas. Por ejemplo, está la Registraduría que dirige y organiza, pero el día de las elecciones las entrega a unos 300 mil jurados que no son parte de la Organización Electoral, que no tenemos certeza de dónde vienen o qué compromisos tienen, ni sabemos qué tan vulnerables son. Y éstos, a su vez, las entregan a jueces, notarios, registradores de instrumentos públicos, designados por el Tribunal Superior de Distrito Judicial, no por el Consejo Nacional Electoral. Igual es un personal no especializado en el tema.

¿Qué hacer entonces?
Necesitamos especializar el sistema de jurados. Alguna vez se presentó un proyecto en el Congreso para crear el servicio electoral. Lo otro es que el proceso electoral colombiano es extremadamente manual, lo que lo hace vulnerable. Es necesario especializar a los registradores municipales, que son más de 1.100 en todo el país y que no todos tienen título profesional. Pero viene un concurso y esperamos que esto pueda mejorar.

Pero sin duda, el problema pasa también por la falta de cultura política…
Desde luego que crear cultura política es importante. Pero en esto de la lucha por el poder, las elecciones son, aquí y en todas partes, un proceso de administración de desconfianzas. Desconfían unos candidatos de otros, unas campañas de otras, de las instituciones encargadas del control, de los candidatos. El reto es que los resultados correspondan a la auténtica voluntad de los ciudadanos, eso es legitimar la democracia. Ahora, siempre que los resultados son estrechos, los sistemas electorales tiemblan.

Más allá de que se necesita implementar tecnología, el voto electrónico, etc., ¿existen otras alternativas?
En muchos países las elecciones territoriales no se hacen simultáneamente en todos los estados o departamentos, sino que en distintas fechas e incluso años se eligen los dignatarios. Si no se tuviera que abordar un proceso tan grande, las funciones de control podrían ser ejercidas de mejor forma y con mayor personal. Eso se ha visto cuando se han realizado elecciones atípicas. Es muy difícil enfrentar unas elecciones con más de 100 mil candidatos.

¿Qué pasó con los avales a candidatos que algunos partidos pidieron revocar pero ustedes en el Consejo no lo hicieron?
En la reglamentación de la reforma política, recientemente aprobada, se le extendió al Consejo Nacional Electoral la facultad de revocar las inscripciones cuando existan circunstancias de doble militancia o causas constitucionales y legales. Cuando el registrador pone la firma en el formulario, la inscripción ha sido aceptada. Esta ley no contempla la posibilidad de que un partido pueda unilateralmente retirar una inscripción. Cuando ya se ha expedido un aval y se ha realizado la inscripción, se ha involucrado el derecho fundamental de elegir y ser elegido.

O sea, es responsabilidad de los partidos…
La ley dice que los partidos verificarán, previo a la inscripción, los requisitos, las calidades, inhabilidades e incompatibilidades de los candidatos. Es decir, les da una oportunidad para valorar estos requisitos y ser un primer filtro. Desde luego que frente a las circunstancias que la ley expresamente prohíbe, el Consejo puede revocar con posterioridad, pero no frente a elementos que implican una valoración subjetiva o de conveniencia e inconveniencia política.

Mejor dicho, los partidos sabían a quién avalaban…
La magistrada Nora Tapias hizo una exposición en el Consejo Nacional Electoral en la que dijo que, en ocasiones, los partidos expidieron avales y realizaron inscripciones a sabiendas de las circunstancias de determinados candidatos y con posterioridad, como consecuencia de cambios internos en las mismas colectividades, quisieron hacer una modificación, pero allí ya estaba involucrado el derecho de ese candidato. Si bien acompañé la decisión de no acceder a revocar inscripciones por razones de conveniencia política, sí tuve una posición distinta en la revocatoria de candidatos que podrían llegar a ser condenados y por los cuales el partido pudiera perder la personería jurídica, en el entendido de que esta facultad extraordinaria no pretende defender los partidos, sino a la sociedad misma de fenómenos muy dolorosos que ha vivido en el pasado reciente.

¿Cómo así? ¿Si un candidato elegido resulta condenado judicialmente, el partido pierde su personería?
Claro. La reforma política de 2009, ratificada con la de 2011, impone a los partidos una obligación, a mi juicio extraordinaria y exorbitante, que es la de responder por el futuro judicial de sus candidatos.

¿Podría decirse que los partidos no supieron implementar la nueva reforma política?
Una ley que se implementa a tres meses de la realización del proceso electoral , toma por sorpresa a los involucrados en el mismo y a las instituciones. Y eso está sucediendo.

Pues como están las cosas, y si se aplica de verdad la ley, nos vamos a quedar sin partidos…
Ese riesgo existe y por eso, en mi concepto, responder por el futuro judicial de los candidatos es una obligación exorbitante. Pero es una obligación que hace parte de una reforma que fue avalada por la Corte Constitucional. Obviamente, la pérdida de la personería jurídica debe, en su momento, pasar por la valoración de la diligencia que tuvieron los directivos de los partidos a la hora de la selección de sus candidatos.

¿Y con los candidatos inscritos por firmas?
En ese caso no hay quien preste esa garantía a la sociedad. Generalmente los grupos significativos de ciudadanos se agotan con el proceso electoral, pero al mismo tiempo son importantes porque son una expresión de la política antipartidista. Pero sin duda, son una fisura por la cual se pueden colar cantidad de candidatos por cuya solvencia moral nadie responde.

Es claro que las elecciones del 30 de octubre serán la base de jurisprudencia para el futuro…
Así es, se está estrenando legislación y se va a generar doctrina.

O sea que se espera una lluvia de demandas…
Diría que no y que, por el contrario, el propósito de la reforma es que cada vez las demandas sean menos. Además, hay cambios en el escrutinio que van a permitir que los vicios que afectan la validez de la elección sean depurados.

¿Es verdad que pocos candidatos han pedido anticipos de campaña?
Se nos solicitaron anticipos del orden de aproximadamente $15 mil millones, la mitad por parte del Partido Conservador. La ley reconoce la posibilidad de dar anticipos hasta del 80% de lo que recibieron en las anteriores elecciones. Y si calculamos que el valor de la reposición puede estar por el orden de los $90 mil millones, se puede concluir que es una cifra baja.

¿Por qué?
Hay varias razones. Primero, los anticipos están ordenados por una ley que entra en vigencia tres meses antes de las elecciones y cuando entra en vigor, no hay disponibilidad presupuestal. Y lo quiero decir con claridad: hoy no tenemos el certificado de disponibilidad presupuestal para anticipos. Hay una carta del Ministerio de Hacienda en la que señala que está dispuesto a hacer una transferencia por $20 mil millones, pero el certificado de disponibilidad, requisito para que nosotros podamos autorizar los anticipos, no ha llegado.

Se acaba de radicar en el Congreso un proyecto de reforma al Código Electoral, ¿servirá para algo?
Desde luego que sí. Es la ilusión de todo operador electoral y de todo abogado litigante que exista un código electoral único, que fue lo que se presentó. La idea es compilar allí todos los temas que regulan una elección, para acabar con el problema de la dispersión normativa que existe. Claro que, por la multiplicidad de temas que incluye, creo que será difícil una concertación política, aunque el Gobierno ha demostrado en el Legislativo que se pueden pasar proyectos de reformas importantes.

¿Quedó descartada definitivamente la posibilidad de autorizar una consulta preguntando por la reunificación liberal?
Sí, y lo único que puedo decir es que el Consejo Nacional Electoral no ha autorizado ninguna consulta que coincida con estas elecciones. Ni la del Partido Liberal ni ninguna otra, como la de la penalización del aborto.

En las elecciones al Congreso del año pasado hubo un caos informativo y ahora hay una seria amenaza ante el posible ataque de ‘hackers’, ¿qué puede pasar?
Nadie puede garantizar que no va a haber un ataque y lo que se han extremado son las medidas de seguridad al sistema. Destaco que en las elecciones al Congreso el ataque no afectó los datos, sino el acceso público a la información.

¿Vamos camino a la financiación total por parte del Estado de las campañas políticas?
Eso se ha debatido mucho en el Congreso desde hace muchos años. Es una idea que me genera simpatía, pero que está limitada a lo presupuestalmente posible. Por eso Colombia ha escogido un sistema mixto, al cual poco a poco se le están estableciendo más límites, como por ejemplo que un particular no puede hacer aportes superiores al 10% del tope fijado. Pero creo que el tema es cómo sacamos esto de las normas y lo metemos en la vida y eso pasa por el filtro del control a la financiación.

¿101 mil campañas quién las controla?
La ciudadanía, no hay mejor manera. Y que unas campañas se fiscalicen con otras. Si hay una debilidad en la cultura política de Colombia, es que las campañas no se fiscalizan entre sí. Muchas veces lo que pasa es que si unos y otros están infringiendo las normas, pues todos se quedan callados, se tapan los unos a los otros.

El ministro del Interior, Germán Vargas, habló de impunidad electoral y que la gente no estaba denunciando las irregularidades porque no veía resultados…
Lo que pasa es que, por ejemplo, en el caso de la trashumancia electoral, el Consejo adelanta sus investigaciones. Lo hizo hace cuatro años, excluyendo más de 380 cédulas, y no ha habido una sola sanción penal ni disciplinaria por ello. Y detrás de cada trashumante hay un falso juramento, que es un delito, y probablemente detrás de un grupo de trashumantes hay un promotor. Hoy nos enfrentamos nuevamente a las denuncias de trashumancia, encontramos que han crecido —hoy son más de un millón—, el Consejo hace su trabajo, pero si no hay el acompañamiento interinstitucional para que haya sanciones que son competencia de otros organismos de control, probablemente dentro de cuatro años volveremos a enfrentar el mismo problema.

Temas relacionados

 

últimas noticias