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El Gobierno nacional respondió este miércoles a los señalamientos que hicieron los relatores del Consejo de Derechos Humanos de la ONU sobre una presunta actuación del Ejecutivo que estaría incentivando a grupos armados y al propio Ejército nacional a ejercer actos violentos en contra de los excombatientes de la desarmada guerrilla de las Farc.
El alto consejero para la Estabilización, Emilio Archila, reprochó tales señalamientos y afirmó que, por el contrario, el Gobierno está llevando a cabo la implementación del Acuerdo de Paz bajo las garantías de protección a quienes se desmovilizaron con los pactos de 2016. “Es totalmente inaceptable la afirmación de que existe un “aparente desprecio de estas garantías a nivel estatal”, así como la sugerencia de que el Gobierno no está tomando medidas para implementar los acuerdos”, señaló el Ejecutivo.
Archila agregó que, de hecho, en los Espacios Territoriales de Capacitación y Reconciliación (ETCR) donde se encuentran los excombatientes cuentan con dispositivos de seguridad con la presencia permanente, según dijo, de la Unidad Policial para la Edificación de la Paz, de la cual hacen parte 1.243 efectivos. “Es absolutamente infundado que una actuación u omisión del Estado haya incentivado actos violentos en contra de excombatientes de las antiguas FARC. El Gobierno no ha incitado a la violencia contra ningún desmovilizado de las FARC”, insistió.
Al responder tales afirmaciones, el alto funcionario no ocultó su molestia con los relatores de la ONU, tras informar que el pasado 16 de mayo le llegó al Gobierno un cuestionario realizado por estas personas referente a las garantías de protección y demás proceso de implementación del Acuerdo de Paz. Afirmó Archila que se recopiló toda la información para responderlo pero que “ el hecho de que los autores del cuestionario hayan salido a la luz pública, en forma anticipada y profiriendo afirmaciones tan tajantes y mal intencionadas ha llevado al Gobierno a replantear su decisión de responder el cuestionario mencionado”.
Incluso, el Gobierno va más allá y pone en tela de juicio la actuación de los miembros del Consejo de Derechos Humanos de la ONU tras afirmar que la misma no corresponde a los criterios de conducta establecidos en el Código de conducta para los titulares de mandatos de los procedimientos especiales del Consejo de Derechos Humanos. “En particular, llama la atención sobre la ausencia de contrastación de los hechos en el mayor grado posible a partir de diversas fuentes, pertinentes y creíbles. El comunicado no toma en cuenta los principios de transparencia, imparcialidad y ecuanimidad que deben orientar el análisis de las fuentes de información”, agregó el comunicado de Archila.
En tal sentido, cuestiona que los señalamientos de los relatores hayan hecho afirmaciones en contra del Estado sin siquiera recibir, señaló el funcionario del Gobierno, ninguna información de las autoridades encargadas de investigar, judicializar y sancionar a los responsables. “Así, transgrede abiertamente las normas de prueba, en particular las de igualdad y contradicción, pues anticipa graves conclusiones sin haber recibido respuesta oficial del Estado”.
Frente al caso particular de Dimar Torres, excomandante de las Farc y asesinado por el cabo del Ejército, Daniel Gómez, Archila afirmó que el propio delegado de la Misión de la ONU en Colombia que verifica la implementación del Acuerdo de Paz, Carlos Ruiz Massieu, reconoció la labor de las autoridades para castigar al responsable de los hechos y a sus presuntos cómplices, tras el episodio ocurrido en zona rural de Convención (Norte de Santander). Por eso, reiteró Archila, lo dicho por los relatores de la ONU tiene “el efecto nocivo de minar la confianza que con tanto esfuerzo estamos construyendo”.
Lo que dijeron los relatores de la ONU
El pasado 4 de junio, los relatores especiales del Consejo de Derechos Humanos de la ONU Agnès Callamard, Bernard Duhaime, Tae-Ung Baik, Houria Es-Slami, Luciano Hazan y Henrikas Mickevičius enviaron un comunicado en el que rechazan fuertemente el asesinato perpetrado contra Dimar Torres y lanzan fuertes acusaciones contra el Gobierno, al que señalan de ser el responsable de que la violencia contra los excombatientes se esté registrando a ese nivel en el país.
“Instamos al gobierno colombiano a que deje de incitar a la violencia contra los desmovilizados de las FARC-EP y a cumplir con las garantías que se les otorgaron durante las negociaciones en La Habana, sobre todo el respeto al derecho a la vida. El aparente desprecio de estas garantías a nivel estatal es perjudicial para la paz, el desarrollo y la estabilidad. El Gobierno debe tomar medidas inmediatas para implementar los acuerdos de paz”, fueron las palabras de los relatores de la ONU.
El comunicado aclara que: los relatores especiales forman parte de los Procedimientos Especiales del Consejo de Derechos Humanos. Los Procedimientos Especiales, el mayor órgano de expertos independientes en el sistema de la ONU para los Derechos Humanos, es el nombre general de los mecanismos independientes de investigación y monitoreo establecidos por el Consejo para hacer frente a situaciones concretas en países o a cuestiones temáticas en todo el mundo. Los expertos de los Procedimientos Especiales trabajan de manera voluntaria; no son personal de la ONU y no perciben un salario por su trabajo. Son independientes de cualquier gobierno u organización y actúan a título individual.