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Tal como estaba previsto, la plenaria de la Cámara de Representantes, con una votación de 120 contra 22, y que demoró menos de tres minutos, negó este martes la proposición que buscaba la moción de censura al ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla. Un asunto que ya estaba cantando desde el pasado miércoles cuando se surtió el debate convocado por la oposición en esa corporación.
Y estaba cantado porque, luego de terminada la discusión de más de cuatro horas de ese día, ya estaba lista la otra proposición en la que unos 120 representantes señalaban como satisfactorias las explicaciones dadas por Carrasquilla y las respuestas que les dio a cada una de las acusaciones realizadas por los opositores, relacionadas con los llamados “bonos de agua”, que habrían afectado las finanzas de por lo menos 117 municipios.
Contexto: Carrasquilla respira tranquilo frente a la votación de moción de censura en su contra
La realidad es que aún sin la votación en la plenaria de la Cámara, el ministro Carrasquilla ya respiraba tranquilo, pues de su lado tenía a las bancadas del Centro Democrático, del Partido Conservador, de la U, de Cambios Radical y del MIRA, entre otras, y, aunque los liberales no anunciaron directamente su apoyo el pasado miércoles y señalaron que sólo hasta ayer tendrían una decisión al respecto, los rojos, declarados independientes del gobierno de Iván Duque, también dejaron en evidencia que abogarían a favor del funcionario.
En parte, las razones que esgrimieron varios de los congresistas de la U y de los partidos declarados independientes es que la moción de censura era improcedente “por cuanto las imputaciones recaen sobre actuaciones administrativas llevadas a cabo en otro período presidencial”.
De esta manera se le termina el camino a las intenciones que tenía la oposición de sacar a Carrasquilla del Gobierno, a través de un mecanismo que, por cierto, nunca ha prosperado en el país desde que existe. Sobre todo, porque si alguna oportunidad tenía la moción de censura era en la Cámara de Representantes, dado que, en Senado, por decisión de la mesa directiva, ni siquiera fue tramitada.
La decisión, de la que se apartó la segunda vicepresidenta, Angélica Lozano, se tomó luego de la realización de un estudio jurídico que concluía que los hechos en los que se involucraba al ministro ya habrían prescrito y que estos no tendrían que ver con sus actuales funciones en la cartera.
Ese, incluso, fue uno de los argumentos que más se intentaron contrarrestar desde la oposición, al señalar que era evidente que las actuaciones pasadas de Carrasquilla tenían endeudados a los municipios que habían determinado hacerse con los “bonos de agua” y que hoy debían cifras multimillonarias.
“El negocio fue tan absurdo que el Ministerio de Vivienda tuvo que actuar desde el principio y certificó que ese negocio para los municipios fue un fracaso. El Minvivienda tuvo que echar para atrás el negocio, pero eso nos costó $495.000 millones de pesos”, dijo el senador Jorge Robledo durante su intervención en el debate en la Cámara
Así las cosas, la pelea que le queda a la oposición se dará en los estrados judiciales, en donde ya reposa una acción de tutela interpuesta por Robledo, y firmada por más de 30 congresistas, en la que se busca que la justicia dé la orden de revocar la decisión de la mesa directiva del Senado de la República y, además, se garanticen los derechos al “debido proceso, la libertad de expresión, el derecho fundamental al control político, a la participación política y a la oposición política, así como los principios constitucionales de democracia participativa y primacía de los derechos fundamentales”.
“Macías y los amigos del gobierno en el Senado pueden tener las mayorías, pero eso no los autoriza a pasarse por la faja el reglamento, la Constitución y la ley. Ante este gravísimo ataque a la democracia, propio del autoritarismo, llegaremos, de ser necesario, hasta la Corte Constitucional”, expresó el senador, quien, a pesar de las denuncias y fuertes señalamientos contra Carrasquilla, ya no tiene más recursos legislativos para continuar su tarea de incomodar al dueño de la chequera en el gobierno Duque.