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hace 4 horas

No a pena perpetua a violadores de niños

Tras el hundimiento en el Congreso, los promotores plantearon que llegara a las urnas sin el trámite de ley. CNE conceptuó que esto no es posible.

La suerte del referendo para castigar hasta con cadena perpetua a violadores y maltratadores de niños parece haber sido sentenciada ayer, luego de que el presidente del Consejo Nacional Electoral (CNE), magistrado José Joaquín Vives, manifestara que no es posible sacarlo adelante sin que complete el trámite de ley en el Congreso.


Dicho pronunciamiento apunta a que no tendría validez el hecho de recolectar el 10% de firmas del censo electoral para legitimar la convocatoria a las urnas -como pretenden los promotores de la idea- si antes el Congreso no ha votado favorablemente la ley que invita a los ciudadanos a pronunciarse sobre el tema.


Este planteamiento generó la inmediata respuesta de la senadora Gilma Jiménez, promotora del referendo, quien se fue lanza en ristre contra la decisión del CNE y aseguró que esta entidad no está facultada por la ley para opinar sobre derechos fundamentales como son la participación ciudadana y la convocatoria a referendo para modificar la constitución.


Jiménez desestimó el planteamiento y advirtió que ella, amparada en el artículo 32 de la Ley 134, como representante del comité de promotores del referendo, le consultó a la Registraduría Nacional sobre cuántas firmas eran necesarias para convocar a un referendo de forma directa y desde cuándo empezaba a correr el plazo de seis meses que otorga la ley para completar el número de firmas equivalente al 10% del censo electoral.


Argumentó que en el comité están esperando la respuesta de la Registraduría y no opiniones del CNE y en caso de que sea respaldado el hundimiento, “interpondré una acción de tutela para que se garantice el derecho de participación del pueblo colombiano”, afirmó.


Luego de que se hundiera el referendo, en tercer debate en la Cámara de Representantes, los promotores, amparados en un concepto del Consejo de Estado, lanzaron el Plan B para salvar la iniciativa, según el cual buscarían un número de respaldos no menor al 10% del censo electoral para poder solicitar al registrador que certifique la procedibilidad de la convocatoria.


Este es un nuevo traspié que le surge a la iniciativa popular y bien podría generar su hundimiento final luego de que la Corte Constitucional lo hubiera negado por problemas de trámite, el Congreso por considerarlo inviable y existiera un concepto de la Comisión Asesora para el Diseño de la Política Criminal del Estado Colombiano, según el cual, imponer la cadena perpetua a violadores y asesinos de niños es inviable porque representa una forma de “populismo punitivo” que “no resuelve los problemas de fondo de impunidad, reducción del delito y resocialización de los criminales”.

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